A ocho meses de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha intensificado sus cuestionamientos sobre la integridad del proceso electoral, sugiriendo la posibilidad de cancelar la votación y respaldando una controvertida ley que exigiría pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse, lo que podría reducir significativamente el censo electoral.
La tensión política en Washington se ha disparado ante las dudas sobre las condiciones en que se desarrollarán las elecciones legislativas de noviembre, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Según los sondeos, los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras, lo que dificultaría la agenda del presidente Trump durante la segunda parte de su mandato.
Ante esta perspectiva, Trump ha comenzado a cuestionar por adelantado la limpieza del proceso electoral, llegando incluso a sugerir públicamente la conveniencia de cancelar la votación, según informa El País. Esta estrategia recuerda a la empleada en las elecciones de 2020, cuando perdió contra Joe Biden pero se negó a reconocer su derrota e intentó revertir el resultado, culminando en la insurrección del Capitolio.
Para combatir un supuesto fraude electoral, que según múltiples estudios es prácticamente inexistente en Estados Unidos, los republicanos aprobaron la semana pasada en la Cámara de Representantes una ley que endurece las condiciones para votar al exigir pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse. Ari Berman, corresponsal de derechos electorales de Mother Jones, la ha calificado como "la mayor restricción del acceso al voto jamás aprobada por el Congreso", según recoge Democracy Now.
Esta medida podría tener un impacto significativo en el censo electoral, considerando que casi la mitad de la población estadounidense carece de pasaporte. Aunque la ley debe pasar ahora al Senado, donde necesitaría una mayoría cualificada de 60 votos para ser aprobada, Trump ya ha declarado que, si no prospera, impondrá dichas condiciones por su cuenta, aunque no ha especificado cómo lo haría.
El presidente también ha pedido a sus partidarios que "nacionalicen" las elecciones, a pesar de que la Constitución otorga a los estados la potestad para establecer las reglas de votación en sus territorios. Además, crece el temor de que ordene al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rodear los centros de votación para garantizar lo que él consideraría un "proceso limpio", una presencia que podría disuadir a muchos ciudadanos, especialmente latinos, de ejercer su derecho al voto.
La postura de Trump sobre las elecciones ha generado tensiones incluso dentro del Partido Republicano. El miércoles 14 de febrero, seis republicanos desafiaron al presidente votando con los demócratas para aprobar una legislación destinada a eliminar los aranceles impuestos por la Casa Blanca a Canadá. Esta rebelión se produjo a pesar de que Trump amenazó públicamente con represalias: "Cualquier republicano, en la Cámara o en el Senado, que vote en contra de los ARANCELES sufrirá seriamente las consecuencias en época de elecciones, ¡y eso incluye las primarias!", escribió en su red social Truth Social, según Bloomberg.
Los demócratas están aprovechando esta situación para hacer campaña, vinculando los aranceles de Trump con el aumento del costo de vida, un tema central para los votantes. Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, casi el 90% de la carga económica derivada de los aranceles recae sobre las empresas y los consumidores estadounidenses.
"Temiendo represalias por parte de su impopular líder, que está hundiendo la economía estadounidense en tiempo real, los vulnerables republicanos de la Cámara de Representantes priorizaron la lealtad al partido sobre la asequibilidad", declaró Justin Chermol, portavoz del Comité Demócrata de Campañas del Congreso, según recoge Bloomberg.
La posible pérdida del control republicano de ambas cámaras tendría consecuencias significativas para la presidencia de Trump. Una Cámara liderada por los demócratas diluiría su poder ejecutivo, aumentaría las investigaciones de supervisión sobre su administración e incluso podría impulsar una tercera votación de destitución, aunque hay pocas posibilidades de que el Senado respalde destituirlo.
A medida que se acercan las elecciones de noviembre, la retórica de Trump sobre la integridad electoral y sus amenazas de interferir en el proceso democrático han elevado la preocupación sobre el futuro de las instituciones democráticas estadounidenses. Como señala El País, si ninguna de sus maniobras sirve para sus intereses, no se puede descartar que impugne el resultado, como ya hizo en 2020, "contra la verdad, contra todas las evidencias, y poniendo en cuestión las propias bases de la democracia estadounidense".