Trump firma orden para proteger ingresos petroleros de Venezuela en cuentas estadounidenses
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que bloquea a los tribunales estadounidenses la posibilidad de embargar los ingresos petroleros venezolanos retenidos en cuentas del Tesoro americano, declarando que cualquier intento de confiscar estos fondos representaría una 'amenaza extraordinaria' para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU.
La orden ejecutiva, titulada 'Salvaguardando los Ingresos Petroleros Venezolanos para el Bien del Pueblo Estadounidense y Venezolano', establece que los fondos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela y no están disponibles para acreedores privados o titulares de sentencias judiciales, según informa Fox News.
El documento especifica que Estados Unidos mantendrá estos fondos 'únicamente en calidad de custodio y capacidad gubernamental', no como participante comercial. La medida fue emitida para evitar que acreedores privados utilicen los tribunales estadounidenses para embargar los fondos antes de que la administración determine cómo serán utilizados.
Los recursos financieros en cuestión se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense en nombre del gobierno venezolano y su empresa petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y provienen de ventas de petróleo y transacciones relacionadas.
Trump firmó la orden el viernes pasado, el mismo día que se reunió con casi dos docenas de altos ejecutivos de compañías petroleras y gasíferas en la Casa Blanca. Durante este encuentro, el presidente afirmó que empresas energéticas estadounidenses invertirán 100.000 millones de dólares para reconstruir la 'deteriorada' infraestructura petrolera de Venezuela y elevar la producción a niveles récord tras la captura del 'dictador venezolano Nicolás Maduro', según la misma fuente.
Estados Unidos ha actuado agresivamente para tomar control del futuro petrolero de Venezuela después del colapso del régimen de Maduro. Trump ha enmarcado este esfuerzo como parte de una iniciativa más amplia para reestructurar la industria petrolera venezolana, con empresas estadounidenses desempeñando un papel central en este proceso.
La orden ejecutiva representa un paso significativo en la política exterior estadounidense hacia Venezuela, estableciendo un marco legal para gestionar los activos venezolanos mientras se determina su uso futuro en lo que la administración Trump describe como un esfuerzo para beneficiar tanto a los intereses estadounidenses como a la reconstrucción de Venezuela.
