El parlamento de Uganda debate una controvertida legislación que propone hasta 20 años de prisión para quienes promuevan 'intereses extranjeros' e impone restricciones a organizaciones que reciben financiamiento del exterior. La Ley de Protección de la Soberanía 2026, que podría aprobarse antes de la toma de posesión presidencial del 12 de mayo, ha sido denunciada por opositores, organizaciones de derechos humanos y expertos legales como una copia de legislaciones autoritarias de Rusia y China diseñada para aplastar la disidencia y la sociedad civil.