Uganda impulsa ley que amenaza con 20 años de cárcel por promover 'intereses extranjeros'

El proyecto de ley está siendo tramitado de forma acelerada en el parlamento ugandés, con debates que se espera concluyan antes de la ceremonia de juramentación presidencial programada para el 12 de mayo de 2026, según reportó The Guardian.

El ministro de Estado de Asuntos Internos, general David Muhoozi, declaró ante un comité parlamentario el 23 de abril que la legislación fortalecería las salvaguardas contra la influencia extranjera que podría desestabilizar la seguridad nacional, la estabilidad económica y la cohesión social, según The Guardian.

Sin embargo, la oposición y organizaciones de la sociedad civil han rechazado categóricamente esta justificación. "Esta ley es una copia y pega de las leyes rusas y chinas adoptadas para liquidar la oposición y las organizaciones de la sociedad civil", declaró Joel Ssenyonyi, líder de la oposición en Uganda, según The Guardian.

Ssenyonyi advirtió que "aprobar este proyecto de ley no protegerá la soberanía de Uganda, matará el financiamiento multipartidista, hundirá a miles de ugandeses más en la pobreza absoluta, ahuyentará la inversión extranjera y convertirá a nuestro país en un paria internacional. Claramente este proyecto de ley pretende sofocar la disidencia", según The Guardian.

**Disposiciones clave y alcance de la legislación**

La legislación propuesta establece un límite de 400 millones de chelínes ugandeses (79.000 libras esterlinas) en asistencia financiera dentro de cualquier período de 12 meses, y autoriza inspecciones de instalaciones y acceso a documentos, según The Guardian.

El lenguaje vago y las definiciones amplias del proyecto de ley ponen en riesgo de criminalización a una amplia gama de actividades, personas y organizaciones, incluyendo aquellas involucradas en defensa de derechos, periodismo o discurso público, así como corporaciones privadas, según The Guardian.

Un borrador anterior definía a los ciudadanos ugandeses que viven fuera del país como extranjeros. Esta disposición fue eliminada después de que el fiscal general Kiryowa Kiwanuka presentara varias enmiendas al proyecto de ley el 30 de abril en respuesta al clamor público, según The Guardian.

**Advertencias del Banco Mundial y preocupaciones económicas**

En una carta al parlamento fechada el 23 de abril, el Banco Mundial advirtió que algunas disposiciones podrían criminalizar una amplia gama de sus "actividades rutinarias de desarrollo", según The Guardian.

"Al clasificar a las organizaciones internacionales como 'extranjeros' sin calificación, el proyecto de ley las somete a todas sus restricciones sustantivas... y sanciones penales", señalaba la carta, según The Guardian.

Uganda recibe cientos de millones de dólares en financiamiento externo que apoya la salud, la educación y la sociedad civil, convirtiendo el financiamiento extranjero en un pilar central del modelo de desarrollo del país, según The Guardian.

Julius Mukunda, del Grupo de Defensa del Presupuesto de la Sociedad Civil, advirtió que las restricciones a gran escala impuestas por el proyecto de ley podrían reducir significativamente los flujos de entrada, con efectos dominó en toda la economía, según The Guardian.

"Las restricciones de esta magnitud corren el riesgo de debilitar el chelín y ralentizar la actividad económica, particularmente donde el capital extranjero llena brechas domésticas críticas [a través de préstamos, inversión del sector privado y financiamiento de infraestructura]", declaró Mukunda, según The Guardian.

**Contexto político y represión de la disidencia**

El proyecto de ley llega en un momento de tensión política elevada, con figuras de la oposición enfrentando cargos vinculados al apoyo extranjero, y la suspensión de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y electorales antes de las elecciones generales de enero, según The Guardian.

El presidente Yoweri Museveni ha advertido repetidamente contra lo que describe como interferencia extranjera en los asuntos de Uganda, vinculando a actores externos con disturbios políticos y esfuerzos para influir en la dirección del país, según The Guardian.

"Uganda no es una neocolonia donde entidades extranjeras puedan dictar su camino", declaró Museveni después de las protestas juveniles de 2024, según The Guardian.

En respuesta a la feroz reacción contra el proyecto de ley, Museveni declaró en un comunicado en X el 30 de abril que las preocupaciones sobre remesas e inversión extranjera eran "mucho ruido" y no lo que pretendía con el proyecto de ley, pero defendió su misión central, según The Guardian.

"La independencia significa el derecho a tomar nuestras propias decisiones si es necesario y aprender de ellas. La soberanía significa por favor déjennos en paz. No financien grupos para influir en nuestras decisiones como país", declaró Museveni, según The Guardian.

**Enmiendas y exenciones**

Las enmiendas presentadas por el fiscal general eximieron a instituciones financieras supervisadas por el Banco Central, instalaciones médicas y educativas, y organizaciones religiosas, según The Guardian.

Organizaciones educativas y de salud habían advertido que la legislación podría interrumpir asociaciones que sustentan investigaciones y servicios dirigidos al VIH, tuberculosis, malaria y salud materna, muchos de los cuales dependen del financiamiento de donantes extranjeros, según The Guardian.

Sin embargo, las ONG y otros socios internacionales aún podrían ser objeto de escrutinio si se considera que están promoviendo "los intereses de un extranjero contra el interés nacional de Uganda", según The Guardian.

**Rechazo de expertos legales y organizaciones de derechos humanos**

Asuman Kiyingi, ex ministro del gobierno y abogado, declaró que el proyecto de ley restringiría aún más las protestas legítimas y aplastaría la disidencia, según The Guardian.

"Esto no es regulación; es cerco. Habiendo utilizado durante mucho tiempo la Ley de Gestión del Orden Público para estrangular la asamblea física, el estado ahora busca apoderarse del sustento financiero e intelectual del compromiso cívico. El objetivo es claro: asegurar que ningún centro independiente de movilización pueda alcanzar la capacidad de desafiar el status quo", declaró Kiyingi, según The Guardian.

Human Rights Watch declaró que el proyecto de ley amenaza derechos fundamentales y pidió a los miembros del parlamento de Uganda que lo rechacen, según The Guardian.

Anthony Asiimwe, vicepresidente de la Sociedad de Derecho de Uganda, calificó los cambios propuestos como un golpe de estado constitucional, según The Guardian.

"El proyecto de ley reemplaza 'el poder pertenece al pueblo' con 'el poder pertenece al gobierno'. No se adapta a un mundo cambiante; adapta la constitución a los temores de quienes están en el poder. Eso no es legislación para la soberanía, es legislación contra el pueblo soberano de Uganda. La definición misma de un golpe de estado", declaró Asiimwe, según The Guardian.

La legislación ugandesa se suma a una tendencia global de leyes de "agentes extranjeros" implementadas por gobiernos autoritarios para restringir la sociedad civil, los medios de comunicación y la disidencia cortando el financiamiento que apoya actividades como la oposición política legítima y la rendición de cuentas gubernamental, según The Guardian.