Unión Europea rebaja objetivos de almacenamiento de gas al 80% ante crisis energética por guerra en Irán

La Comisión Europea ha dado un giro a su política de seguridad energética al pedir formalmente a los Estados miembros que reduzcan sus objetivos de almacenamiento de gas y ralenticen el llenado de sus reservas, en un intento por contener la escalada de precios desatada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Según una carta a la que ha tenido acceso el Financial Times, el comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, ha dado instrucciones a los ministros del ramo para que no se apresuren a reponer las mermadas reservas de sus países. En su lugar, les ha pedido aplicar flexibilidad para reducir el consumo de los hogares y la industria en un momento en el que el suministro atraviesa una fase de alta tensión.

Jørgensen señaló que los Estados miembros deberían rebajar el objetivo de llenado de sus instalaciones de almacenamiento al 80% de su capacidad, lo que supone 10 puntos porcentuales por debajo de los objetivos oficiales de la Unión Europea. Esta medida debería adoptarse lo antes posible en la temporada de llenado para aportar certeza y tranquilidad a los participantes del mercado, según indicó el comisario.

El comisario aconsejó que el proceso sea paulatino para evitar una carrera de fin de verano que presione aún más los mercados, sugiriendo esperar hasta el 1 de diciembre para cumplir con las metas de almacenamiento. Esto representaría un retraso de un mes respecto a los plazos introducidos tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Este acercamiento de la Comisión a los ministros evidencia la preocupación en Bruselas de que la urgencia por cumplir con objetivos estrictos dispare los precios del gas europeo, que ya han subido un 21,5% esta semana tras los ataques a infraestructuras energéticas críticas en Oriente Medio, según las fuentes consultadas. Aunque Jørgensen afirmó en su misiva que el suministro de la Unión Europea permanece relativamente protegido, hizo un llamamiento a una respuesta colectiva ante el conflicto, advirtiendo que los acontecimientos recientes sugieren que la producción de gas natural licuado de Qatar podría tardar más de lo previsto en recuperar sus niveles previos a la crisis.

El índice de referencia europeo, el TTF, se ha duplicado desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, impulsado por la decisión de Teherán de contraatacar bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía por la que circula normalmente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado mundial, según las fuentes.

Existe la preocupación de que una legislación demasiado rígida presione más los precios, comentó un alto cargo de la Unión Europea familiarizado con el asunto, añadiendo que no es necesario precipitarse. Otro funcionario coincidió en que los objetivos deben ser más flexibles, dado que los almacenamientos cubren entre el 25% y el 30% de las necesidades de invierno en Europa y son vitales frente a crisis de suministro.

A pesar de que la Unión Europea ya suavizó ligeramente los objetivos en 2025, Jørgensen subrayó que existe margen legal para bajar el almacenamiento al 80% o incluso al 75% si las condiciones del mercado son desfavorables. No obstante, la medida no está exenta de riesgos. Con las reservas de algunos países como los Países Bajos situadas actualmente en apenas un 7%, la recomendación de reducir la demanda y ralentizar el llenado podría avivar los temores de que Europa no esté preparada para posibles choques energéticos el próximo invierno.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha cifrado en 6.000 millones de euros adicionales el coste de la guerra para los ciudadanos comunitarios por las importaciones de combustibles fósiles, según una carta enviada a los 27 líderes europeos. Von der Leyen ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía de la Unión Europea es cada vez más pronunciado y ha urgido a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar medidas por si el conflicto se prolonga.

En la carta, Von der Leyen ha insistido en que los 27 deben enviar un claro mensaje y apunta que la prioridad sigue siendo la seguridad de los ciudadanos, de los Estados miembros y de los socios. El asunto más urgente es la energía, en particular el petróleo y el gas, según la presidenta.

Von der Leyen ha transmitido que actualmente el suministro de energía de la Unión Europea está garantizado, sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles fósiles ya está afectando a la economía. La presidenta ha destacado que la dependencia energética de la Unión en petróleo y gas hace necesario actuar con urgencia, pero también de forma proporcional. Por lo que insta a tomar medidas dirigidas a los sectores más afectados y no tan generales y costosas como en la crisis energética de 2022 y 2023.

Von der Leyen enumera entre las medidas que ya se contemplan la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía, coordinación internacional para restablecer la libertad de navegación en la región, especialmente en el estrecho de Ormuz, fomentar que otros países aumenten la producción energética para sustituir el suministro interrumpido, y vigilar el impacto en los fertilizantes, que afectan directamente a la agricultura y la seguridad alimentaria mundial.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pedido a la Comisión Europea una respuesta coordinada y sin demora con medidas temporales y específicas para contener el encarecimiento de los combustibles y abaratar la electricidad, en un esfuerzo por frenar el impacto del conflicto en Oriente Próximo en los precios de la energía, según las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

En las conclusiones, los líderes han subrayado que la escalada está teniendo un impacto inmediato en los precios energéticos para ciudadanos y empresas europeas, en un contexto marcado por las tensiones en la región y las amenazas sobre rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Los 27 han pedido a la Comisión que presente una caja de herramientas con medidas urgentes para actuar en todos los componentes del precio de la electricidad con el objetivo de facilitar un abaratamiento a corto plazo, aunque teniendo en cuenta las distintas situaciones nacionales y sin poner en riesgo las señales de inversión necesarias para las energías renovables y bajas en carbono.

En este contexto, los líderes europeos han reabierto el debate sobre el papel del sistema de comercio de emisiones, conocido como ETS por sus siglas en inglés, al que señalan como uno de los factores que inciden en la factura energética, junto al coste de los combustibles o los impuestos. El ETS es un mecanismo mediante el cual las empresas deben comprar derechos de emisión de dióxido de carbono, lo que encarece la producción de energía con combustibles fósiles.

Aunque el Consejo Europeo mantiene por ahora el calendario previsto para su revisión, fijada para julio de este año, la discusión ha evidenciado una creciente división entre los Estados miembro sobre hasta qué punto debe flexibilizarse el sistema ante la subida de los precios energéticos.

Por un lado, países como Italia, Polonia o Alemania defienden introducir ajustes para aliviar el impacto sobre la industria y los consumidores, en algunos casos planteando también medidas como rebajas fiscales o ayudas a sectores intensivos en energía.

Frente a esta posición, otros como España, Portugal o los nórdicos abogan por preservar el ETS como instrumento central de la política climática europea, al considerar que debilitarlo podría poner en riesgo la transición energética y aumentar la dependencia de los combustibles fósiles.

España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos, ha remarcado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su llegada a la reunión.

En esta línea, ha advertido de que algunos ejecutivos están aprovechando la crisis para poner en cuestión las políticas climáticas y ha defendido reforzarlas como parte de la solución. Creo que España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables, están haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, ha insistido Sánchez.

Von der Leyen ha advertido de que cualquier medida a corto plazo para contener el impacto de los precios de la energía debe evitar retrasar la transición energética, ser temporal y específica, no aumentar la demanda de combustibles fósiles y minimizar los costes fiscales.

La presidenta de la Comisión Europea ha pedido en su carta que se aborden las causas estructurales de los altos precios de la energía, centrándose en la electricidad. Apunta que hay que actuar sobre los costes de la propia electricidad, los de red, los impuestos y tasas y los costes de carbono e insiste en que hay que avanzar rápidamente hacia los objetivos de energía limpia de la Unión Europea para 2030.

Von der Leyen ha recordado que, desde 2021, la Unión Europea ha avanzado mucho en diversificar el suministro energético y aumentar las energías renovables. Ha explicado que la cuota de renovables en la electricidad pasó del 36% en 2021 al 48% en 2025. Si se suma la energía nuclear, más del 70% de la electricidad europea ya procede de fuentes bajas en carbono, por lo que ha insistido en que hay que evitar el cierre prematuro de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden proporcionar electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones.

La política germana apuesta por mantener el sistema actual de fijación de precios en el mercado mayorista por los beneficios claros que proporciona y señala que medidas como el uso de contratos de compra de electricidad de larga duración podrían ayudar a reducir la volatilidad de los precios.

Von der Leyen también sugiere que hay margen para reducir los impuestos a la electricidad, por ejemplo, eliminando tasas no vinculadas a la energía o asegurando una tributación más favorable que para los combustibles fósiles. Además, menciona en su misiva que la Comisión evaluará caso por caso el impacto de los mecanismos nacionales de emergencia destinados a limitar los efectos de los altos precios del gas sobre el mercado eléctrico, a los que algunos Estados miembro han recurrido en el pasado. Entre los que nombra está subvencionar o fijar un tope al precio de la generación eléctrica con gas, como la llamada excepción ibérica para España y Portugal.

La crisis energética actual plantea un dilema fundamental para Europa: cómo equilibrar la necesidad inmediata de contener los precios con los objetivos a largo plazo de transición energética y seguridad de suministro. La decisión de reducir los objetivos de almacenamiento representa una apuesta arriesgada en un contexto geopolítico volátil, donde el bloqueo del estrecho de Ormuz ha demostrado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro energético globales. Con las reservas de algunos países en niveles críticos y la producción de gas natural licuado de Qatar aún sin recuperarse, Europa enfrenta el próximo invierno con mayor incertidumbre que en años anteriores, mientras intenta mantener el rumbo hacia la descarbonización sin sacrificar la competitividad industrial ni el bienestar de sus ciudadanos.