Universidad de Virginia alcanza acuerdo con el Departamento de Justicia sobre investigaciones de derechos civiles

El acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia suspende cinco investigaciones de derechos civiles que se remontan al 11 de abril y establece una serie de términos que la universidad deberá seguir hasta el 31 de diciembre de 2028 para que las investigaciones se cierren definitivamente, según informa el medio universitario Cavalier Daily.

Este pacto llega poco después de que la Universidad de Virginia rechazara el 'Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior', un documento enviado el 1 de octubre por el Departamento de Educación y altos funcionarios de la Casa Blanca a UVA y otras ocho instituciones.

Según el Cavalier Daily, aunque ambos documentos presentan similitudes, el acuerdo con el Departamento de Justicia ofrece una protección más firme para la libertad académica. El término siete del acuerdo afirma el compromiso de la universidad de aplicar la ley de Derechos Civiles de acuerdo con las directrices de la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, emitidas el 29 de julio bajo el título 'Guía para Receptores de Financiación Federal Respecto a la Discriminación Ilegal'.

En cuanto a los mecanismos de cumplimiento, el acuerdo con el Departamento de Justicia requiere que el presidente de la universidad certifique personalmente el cumplimiento de los términos, mientras que el Pacto rechazado exigía la certificación adicional de los provosts y jefes de admisiones. Además, el acuerdo actual puede ser terminado por el Gobierno si considera que la universidad está cometiendo violaciones de derechos civiles.

"Si en cualquier momento después de la Fecha Efectiva, Estados Unidos determina a su exclusivo criterio que UVA está progresando insuficientemente hacia el cumplimiento de las leyes de Derechos Civiles, lo notificará a UVA y le proporcionará un período de 15 días para realizar progresos apropiados", establece el acuerdo según cita el Cavalier Daily.

Respecto a las políticas de admisión, el acuerdo con el Departamento de Justicia no especifica una política que la universidad deba adoptar. Sin embargo, la guía del 29 de julio prohíbe el uso de "representantes ilegales" y el "uso ilegal de características protegidas" en las admisiones, definiendo estos términos en el documento.

Bethanie Glover, portavoz adjunta de la Universidad, afirmó en declaraciones al Cavalier Daily que el acuerdo no tendrá impacto en las prácticas de admisión de pregrado de la universidad. "Creemos que nuestras prácticas de admisión de pregrado cumplen con la ley federal de derechos civiles actual. Como tal, no planeamos hacer ningún cambio en esas prácticas basado en el acuerdo", señaló Glover.

Una diferencia significativa entre ambos documentos se refiere a la libertad de expresión académica. Mientras el Pacto proponía que las universidades consideraran eliminar departamentos y sancionar a profesores que "castiguen, menosprecien e incluso provoquen violencia contra ideas conservadoras", el acuerdo con el Departamento de Justicia difiere sustancialmente en este aspecto.

"Ninguna disposición de este Acuerdo, individualmente o en conjunto, se interpretará como que otorga a Estados Unidos autoridad para dictar el contenido del discurso académico o los planes de estudio", establece el acuerdo según el Cavalier Daily. Además, reconoce la obligación de la universidad de "mantener políticas y prácticas de admisión, empleo, disciplina y expresión que eviten la supresión del discurso y la discriminación basada en puntos de vista políticos".

Otra área de diferencia concierne a los estudiantes internacionales. El Pacto rechazado requería que las universidades limitaran su población estudiantil internacional de pregrado al 15% del cuerpo estudiantil total y solicitaba que las universidades compartieran "toda la información conocida sobre estudiantes extranjeros" con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Ni el acuerdo con el Departamento de Justicia ni la guía adjunta del 29 de julio mencionan a los estudiantes internacionales, su inscripción o el escrutinio de sus actividades.

El acuerdo mantiene explícitamente el derecho de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para "presentar, procesar, investigar, litigar o buscar de otra manera alivio" contra la Universidad. Esta Comisión existe para investigar cargos de discriminación contra empleadores, y la Oficina de Igualdad de Oportunidades y Derechos Civiles de la Universidad es responsable de garantizar el cumplimiento con la Comisión.

En cuanto a los espacios separados por sexo, aunque el acuerdo con el Departamento de Justicia no los menciona específicamente, la redacción del término siete permite que "decisiones judiciales relevantes" anulen la guía del 29 de julio. Según una declaración de Brie Gertler, provost interina y vicepresidenta ejecutiva, en una reciente reunión del Senado de la Facultad, la decisión del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito en el caso Grimm v. Gloucester County School Board, que afirma que los estudiantes transgénero pueden usar baños que se alineen con su identidad de género, anula la guía del 29 de julio como una "decisión judicial relevante".