Venezuela admite muerte de preso político tras 16 meses de desaparición forzada y mentiras oficiales
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Venezuela admite muerte de preso político tras 16 meses de desaparición forzada y mentiras oficiales

El gobierno venezolano reconoció el jueves 8 de mayo de 2026 que Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 51 años detenido como preso político, murió el 24 de julio de 2025 bajo custodia estatal, casi diez meses después del deceso y tras 16 meses en los que su madre de 81 años lo buscó sin descanso mientras las autoridades negaban sistemáticamente información sobre su paradero. El caso expone un patrón de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia que organizaciones de derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad.

INTERNACIONAL10 MAY 2026

Carmen Teresa Navas, una mujer de más de 80 años, supo el jueves 7 de mayo de 2026 que su hijo había muerto casi un año atrás bajo custodia del Estado venezolano, según reportó El País. Víctor Hugo Quero Navas, comerciante de 51 años apodado "El ruso" por sus compañeros de celda, era un preso político desaparecido que ella buscó incesantemente durante 16 meses mientras cada organismo oficial le negaba información sobre su paradero.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela emitió un comunicado el jueves admitiendo la muerte, fechada el 24 de julio de 2025, según informó El Universal de México. El texto oficial justificó el silencio prolongado alegando que "durante su proceso de reclusión, el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal". Añadió que "el privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025".

Sin embargo, una cronología documentada desmonta esta versión oficial. Quero fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo, traición a la patria y conspiración, según reportó Prensa de Panamá. El 24 de octubre de 2025, tres meses después de la fecha oficial de muerte, la Defensoría del Pueblo afirmó a la madre que el detenido estaba recluido en el penal Rodeo I, información que quedó registrada en un acta oficial, según El País.

El documento de la Defensoría especificaba: "En efecto, se le informó que en fecha 23 de octubre se había realizado traslado hasta la Fiscalía 67, siendo la comisión de la Defensoría del Pueblo atendida por el ciudadano José Contreras, quien indicó que a su hijo se le imputan los delitos de Traición a la Patria, Conspiración y Terrorismo; y actualmente se encuentra en el Centro de Detención El Rodeo I".

Según el ministerio penitenciario, Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas el 15 de julio de 2025 tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", y falleció el 24 de julio cerca de la medianoche por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", según informó El Universal.

Carmen Navas fue trasladada el jueves por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, donde supuestamente están enterrados los restos de su hijo, constató un periodista de la AFP según El Universal. Después de depositar flores sobre la tierra, la madre de 81 años pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo.

Un puñado de piedras y una lámina de hierro desvencijada anclada en un pedazo de terreno desnudo son lo único que indica que los restos están allí, según El Universal. En letras escritas a computadora aparece el nombre completo de Quero junto al de una mujer. La fecha del deceso impresa en el lugar indica el 27 de julio de 2025, tres días después de la fecha oficial informada por el ministerio.

El caso de Quero probablemente habría quedado oculto, pero su madre logró hacerlo público este año cuando, ante las excarcelaciones de presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro, acudió un sábado a las puertas del penal donde creía que lo tenían, según El País. Una vez más le negaron que estuviera allí, pero un grupo de madres buscadoras le insistió en que se quedara hasta el domingo. Un excompañero de celda le aseguró que lo había visto en esa cárcel.

En las semanas siguientes, el viacrucis de Carmen se hizo cada vez más público. En marzo de 2026, la policía judicial la hizo declarar durante cinco horas como si nunca hubiera oído del caso, con la excusa de que habían cambiado a los detectives, según El País. Le prometieron una respuesta en 15 días que nunca cumplieron.

El domingo 4 de mayo de 2026, la nueva titular de la Defensoría del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió a la anciana y declaró: "Esta Defensoría ha recibido ya el caso de la señora Carmen Teresa, y queremos expresarle que institucionalmente vamos a activar mecanismos y vías para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda", según El País.

Dos días después, el 6 de mayo, el tribunal que llevaba la causa de Quero le negó la solicitud de amnistía presentada por su madre. El juez alegó "que los supuestos por los cuales se encuentra procesado Víctor Quero no entran en la amnistía", según informó el abogado Moisés Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, citado por El País. Quero había sido excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según El Universal.

La Fiscalía de Venezuela anunció "el inicio de una investigación penal" el jueves por la noche, informó el Ministerio Público mediante un comunicado, según El Universal. "Como parte de la investigación, se ha ordenado realizar con prontitud la exhumación del cadáver", añadió la fiscalía venezolana.

Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos exigieron la apertura de una investigación independiente. Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió la "apertura inmediata" de una investigación "independiente, exhaustiva e imparcial", conforme a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas de 2016, según Prensa.

"Se exige que la autopsia y demás experticias médico-forenses sean practicadas por especialistas independientes, con pleno resguardo de la cadena de custodia y acceso de la representación legal y familiares a toda la documentación pertinente", subrayó JEP en la red social X, según Prensa.

JEP señaló que el "supuesto desconocimiento de los vínculos familiares" de Quero "carece de sustento documental", dado que Carmen Navas realizó "múltiples diligencias" ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre la situación y paradero de su hijo, según Prensa.

Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, calificó el caso como "gravísimo" en declaraciones a la AFP según El Universal. "El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar. La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada", agregó Romero.

Foro Penal subrayó que la madre de Quero fue "muchas veces" a El Rodeo I y "negaban su paradero", algo que calificó como "indignante", según una publicación de Romero en X citada por El Universal.

Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, indicó en X que la Fiscalía debe investigar al actual ministro penitenciario, Julio García Zerpa, al exfiscal general Tarek William Saab y también al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, según Prensa. "Hay que recordar que Víctor Quero Navas fue sometido a desaparición forzada. Las desapariciones forzadas han sido una política de Estado", señaló Alvarado.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y ex preso político, indicó que la desaparición forzada y la violación del derecho a la vida son delitos de lesa humanidad, según El Universal. "Lamentablemente estaba muerto, como ya nos habían dicho varios de sus compañeros de prisión", dijo Torres a la AFP.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, dijo a la agencia EFE el lunes pasado que Quero fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cerca de una plaza de Caracas en enero de 2025, según Prensa. Himiob apuntó, con base en un informe de la ONG, que el "motivo aparente" de la detención se remonta al pasado institucional de Quero, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón reporta que, en un lapso de 10 años, han muerto bajo custodia oficial 27 personas, según El País. Ninguno de esos casos ha sido investigado bajo parámetros que permitan llegar a la verdad. Foro Penal cifra en 19 los presos políticos muertos bajo custodia del Estado venezolano desde 2014, según El Universal.

Tres de los casos más emblemáticos son: Fernando Albán, concejal opositor, quien cayó del piso 10 de la sede de la policía política pocos días después de ser detenido en octubre de 2018; el general Raúl Isaías Baduel, héroe del contragolpe que restituyó a Hugo Chávez en 2002, fallecido en prisión y sin juicio en 2020 en plena pandemia; y Juan Almeida Morgado, detenido en la trama de corrupción PDVSA-Cripto en 2023 y hombre de confianza en temas de espionaje digital del entonces ministro Tarek El Aissami, fallecido por supuestas complicaciones de salud pocos días después de su aprehensión, según El País.

Activistas de derechos humanos denunciaron en enero de 2026, semanas después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que en Venezuela había unas 200 personas en "desaparición forzada", según El Universal.

Tras la captura de Maduro, la presidenta interina impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos. Desde enero han sido excarcelados en Venezuela 776 presos políticos, de acuerdo con el registro de Foro Penal, según El Universal. De estos, 186 han sido liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero. Foro Penal cifra en 454 los presos políticos en Venezuela al cierre de abril de 2026, según El Universal.

En cuanto a desapariciones forzadas, el gobierno de Maduro consolidó esta práctica como mecanismo de represión, según El País. En 2025, de los 15 casos documentados por Amnistía Internacional desde julio de 2024, 11 personas continuaban sometidas a desaparición forzada, incluyendo ciudadanos de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay. La mayoría fue excarcelada este año.

Uno de los casos más oscuros sigue siendo el del italo-venezolano Hugo Marino, desaparecido desde 2019 tras viajar a Venezuela, según El País. Testigos aseguran haberlo visto en una cárcel del país. Su madre, Beatriz Salas, ha exigido respuestas, pero, como Carmen, solo ha encontrado un muro de negación.

Muchas familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención y piden en vano información a las autoridades, yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos, según El Universal. A veces tienen noticias gracias a las visitas a personas detenidas.

Aunque el Ministerio Público informó que abrió una investigación por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, incluida la exhumación del cuerpo, las organizaciones de derechos humanos exigen que el proceso sea llevado por un organismo que garantice transparencia y esté alineado con un protocolo internacional, según El País.

Carmen Teresa Navas ha descubierto que su hijo murió. Aunque aún faltan muchas respuestas, su persistencia en esta travesía ha sacado a la superficie la ruina de todos los que mintieron en nombre del Estado venezolano, según El País. Al menos su peregrinación ha terminado, mientras la búsqueda de la verdad apenas empieza.

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