El gobierno venezolano reconoció el jueves 8 de mayo de 2026 que Víctor Hugo Quero Navas, un comerciante de 51 años detenido como preso político, murió el 24 de julio de 2025 bajo custodia estatal, casi diez meses después del deceso y tras 16 meses en los que su madre de 81 años lo buscó sin descanso mientras las autoridades negaban sistemáticamente información sobre su paradero. El caso expone un patrón de desapariciones forzadas y muertes bajo custodia que organizaciones de derechos humanos califican como crímenes de lesa humanidad.