

Dos candidatos políticos fueron secuestrados en menos de una semana en el departamento del Cauca, evidenciando los graves riesgos de seguridad que enfrentan los aspirantes a cargos públicos en Colombia a menos de un mes de las elecciones legislativas.
La campaña electoral colombiana está siendo sacudida por una escalada de violencia que amenaza directamente el proceso democrático. En menos de siete días, dos candidatos políticos han sido víctimas de secuestros en zonas rurales del departamento del Cauca, generando una profunda preocupación sobre la seguridad de los aspirantes a cargos públicos.
Según la Misión de Observación Electoral, 170 de los 1.100 municipios del país presentan algún nivel de riesgo electoral, con 81 municipios, incluyendo Bogotá, en riesgo extremo. Esta situación refleja un grave problema de control territorial por parte de grupos armados ilegales.
El más reciente incidente involucró a Lucy Amparo Guzmán, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, quien fue secuestrada el sábado 14 de febrero en el municipio de Santander de Quilichao. Guzmán fue interceptada por hombres armados en zona rural, quienes además robaron su vehículo y desarmaron a sus escoltas. Afortunadamente, fue liberada horas después.
Antes de este suceso, la senadora indígena Aida Quilcué también había sido víctima de un secuestro similar, donde un grupo armado la mantuvo desaparecida durante varias horas antes de ser localizada.
La vicepresidenta Francia Márquez condenó estos actos, señalando que "la democracia se fortalece con garantías, no con amenazas". El analista Miguel Silva describe la situación como una generación de "sed de orden" entre los colombianos, lo que podría favorecer propuestas políticas de mano dura.
Los candidatos afectados han manifestado que no se detendrán ante estas amenazas. El equipo de Lucy Amparo Guzmán declaró: "Seguiremos en el territorio, de la mano de nuestra gente, construyendo el Cauca juntos". Sin embargo, exigen al gobierno garantías de seguridad para todos los candidatos.
La proximidad de las elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se elegirán diputados y senadores, añade mayor tensión al escenario. Los expertos consideran que esta será la elección más abierta en años, con un potencial de voto volátil entre 30% y 40%.
La violencia electoral no solo amenaza la integridad de los candidatos, sino que busca intimidar y silenciar la participación democrática en los territorios más vulnerables de Colombia.