

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este martes que está en marcha un plan para derrocar su gobierno mediante un golpe de Estado y ha convocado a una movilización masiva en Tegucigalpa. La mandataria, que debe entregar el poder el próximo 27 de enero, alertó sobre el posible regreso del expresidente Juan Orlando Hernández, recientemente indultado por Donald Trump, en medio de la crisis política desatada por los resultados no oficializados de las elecciones del 30 de noviembre.
La presidenta hondureña Xiomara Castro ha lanzado una alerta en la madrugada del martes a través de sus redes sociales, afirmando que cuenta con "información de inteligencia verificada" sobre una "agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe" contra su gobierno. La mandataria, que debe concluir su mandato el 27 de enero de 2026, ha solicitado "el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño" ante lo que considera una amenaza inminente.
"Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe", escribió Castro en su cuenta de X.
La presidenta también ha señalado que el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), recientemente indultado por el presidente estadounidense Donald Trump tras cumplir casi cuatro años de una condena de 45 por narcotráfico, "planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones". Castro ha ordenado a la cúpula militar y policial "cesar cualquier fuerza que se esté ejerciendo de forma desproporcionada" contra manifestantes del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
Por su parte, Hernández ha negado categóricamente estas acusaciones. "Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional", publicó en X. El exmandatario afirmó que no tiene intención de regresar a Honduras "porque este Gobierno ha demostrado que no respeta garantías ni derechos, y porque mi seguridad y la de mi familia estarían en grave riesgo ante la evidente persecución".
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha ordenado la "captura inmediata" del expresidente, según informó el diario El País.
El expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y quien fue derrocado por un golpe de Estado militar en 2009, ha respaldado las denuncias de la mandataria. "La presidenta ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del partido Libre frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional", escribió en X.
Zelaya también anunció que "este jueves 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro realizará pacíficamente el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, acto institucional que ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder y desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura".
Ante la denuncia de la presidenta, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, Roosvelt Hernández, afirmó que las Fuerzas Armadas son leales a la mandataria y garantizarán la estabilidad del país. "Aquí no va a haber ningún golpe", aseguró, añadiendo que "llueve, truene o relampaguee las Fuerzas Armadas van a garantizar la alternabilidad del país".
La crisis política se produce en medio de una tensa situación electoral. Honduras celebró elecciones presidenciales el pasado 30 de noviembre, pero 16 días después aún no se ha proclamado oficialmente un ganador. Los últimos resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran un empate técnico entre Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por Trump. Según estos datos, Asfura ha logrado más de 1.298 millones de votos (40,5%), frente a los más de 1.256 millones de Nasralla (39,4%). La candidata oficialista, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar con solo el 19% de los apoyos.
El CNE celebra desde el pasado sábado un recuento especial de aproximadamente 2.700 actas electorales (15% del total) que presentan "inconsistencias" y que definirán el resultado final de la elección. Sin embargo, este proceso se ha visto obstaculizado por protestas de simpatizantes del partido Libre, que desde el lunes se manifiestan en las instalaciones donde se realiza el recuento.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció este lunes que existe un "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" y pidió a la comunidad internacional "documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando".
Los observadores electorales internacionales, tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la Unión Europea, no han documentado fraude en el proceso, aunque han criticado la torpeza en el recuento de votos y la tardanza en la presentación de los resultados finales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este martes que su Gobierno estará "atento" a las denuncias realizadas por Castro y ha destacado su postura a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de intervención extranjera. "Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o presidenta que decida", señaló la mandataria mexicana.
El Centro Logístico Electoral se convirtió en un campo de batalla desde el pasado lunes, cuando colectivos de Libre agredieron a representantes del Partido Nacional. Durante la madrugada del martes, la Policía Nacional tuvo que despejar el Consejo Central Ejecutivo, donde se concentraba la manifestación, resultando en varias personas detenidas y otras heridas. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se dejará en libertad a los miembros de Libre que fueron agredidos durante la noche.
Castro ha afirmado que "en mi gobierno no se reprime al pueblo" y dijo haber "girado instrucciones inmediatas" para separar de sus cargos a quien haya dado órdenes de "reprimir" a los manifestantes que se encuentran en "plantón pacífico".