

China ha intensificado su presencia en el mercado del litio en América Latina, con al menos 28 proyectos en cinco países, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental y la escasez de agua en regiones habitadas por pueblos indígenas.
Desde que China adoptó una política de Estado para impulsar la transición energética y reducir su dependencia de combustibles importados, el país ha dominado el mercado del litio, esencial para la industria de vehículos eléctricos. Entre 2021 y 2023, la demanda de litio aumentó un 250%, según la Agencia Internacional de Energía. Más de la mitad de las reservas de este mineral se concentran en el 'triángulo del litio', que abarca Argentina, Bolivia y Chile, lo que ha llevado a China a establecer al menos 28 proyectos relacionados con el litio en América Latina, incluyendo México y Brasil. Aunque esta expansión trae consigo inversión extranjera y acceso a tecnologías emergentes, también ha puesto en riesgo los frágiles ecosistemas de los salares semiáridos, que requieren grandes cantidades de agua para la extracción del litio. Las comunidades indígenas en estas áreas han denunciado la disminución de su acceso al agua, que depende de fuentes subterráneas, y han exigido su inclusión en los procesos de consulta previa, como estipulan los acuerdos internacionales. Un informe del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) destaca que la dependencia de América Latina respecto a China se extiende más allá del litio, abarcando otros minerales críticos. Luis Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, señala que Chile, como segundo mayor productor de litio, envía más del 70% de su producción a China. El valor de las exportaciones de América Latina a China ha crecido más de 46 veces entre 2005 y 2024, con cerca del 80% de estas exportaciones siendo materias primas. A pesar de la influencia política de Estados Unidos en la región, la dependencia económica de China se ha mantenido. La extracción de litio en salares andinos, como el salar de Atacama en Chile y la reserva Eduardo Abaroa en Bolivia, ha exacerbado la escasez de agua, mientras que en Brasil, la minería ha desviado recursos hídricos de comunidades indígenas. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca suspendió actividades extractivas en el salar del Hombre Muerto, pero levantó las restricciones tras la presentación de un estudio de impacto ambiental. El informe de la CICDHA plantea la pregunta de si el modelo actual de explotación del litio puede sostener una transición energética justa o si perpetúa las lógicas extractivas que han generado desigualdad y degradación ambiental en la región.