Exconsejera de Salud de Cataluña enfrenta juicio por discriminar a policías estatales en vacunación contra covid

El juicio comenzará el martes en la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas y está previsto que finalice el 15 de julio, según informó El País. Junto a Vergés, militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se sientan en el banquillo su entonces número dos Marc Ramentol, Josep Maria Argimon —exdirector general del Institut Català de la Salut (ICS) que posteriormente sustituyó a Vergés como consejero de Junts en mayo de 2021— y Adrià Comella, exdirector del Servei Català de la Salut (SCS).

La Fiscalía acusa a los cuatro de haber acordado "paralizar" en marzo de 2021 el proceso de vacunación de los agentes estatales, según consta en el escrito de acusación. El ministerio público sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que al posponer la inmunización de policías nacionales y guardias civiles "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".

**Los hechos: vacunación acordada y posteriormente paralizada**

El calendario de vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad había sido acordado en el Consejo Interterritorial de Salud del 9 de febrero de 2021, que decidió priorizar la inmunización con AstraZeneca a los "colectivos con funciones especiales", según la Fiscalía.

El 12 de febrero, el Departamento de Salud de Cataluña comenzó a vacunar a esos colectivos, aunque únicamente a personas de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, y programó la inmunización de los policías locales y autonómicos por el "sistema normal", según el ministerio público.

El 4 de marzo, los responsables de Salud organizaron la vacunación de policías nacionales y guardias civiles con delegados de ambos cuerpos. Según lo previsto, entre los días 15 y 17 de marzo debían administrarse las dosis a 180 agentes de ambos cuerpos, según consta en la acusación.

Sin embargo, el 15 de marzo la consejería suspendió todas las vacunaciones programadas con AstraZeneca, al haberse detectado varios casos de trombosis, incluso con muertes. Una semana después, el 22 de marzo, el Consejo Interterritorial dio luz verde a que se administrara esa vacuna a personas de hasta 65 años, incluidos los policías.

**El mensaje que evidencia la orden de paralización**

Según la Fiscalía, los acusados decidieron "de forma conjunta" el 24 de marzo de 2021 "paralizar el programa de vacunación" que se había acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

De hecho, ese mismo día, una miembro del gabinete de Vergés envió un mensaje a la responsable en la consejería del proceso de vacunación que resulta clave en la acusación: "Otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar", según consta en el escrito fiscal.

Tras esa decisión, el Departamento de Salud acordó "priorizar" la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, "en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen", según la Fiscalía.

**Las cifras de la discriminación**

El ministerio público añade que los acusados tomaron esa decisión "a pesar de ser conocedores" de las enormes diferencias en las tasas de vacunación entre los distintos cuerpos policiales.

En la fecha en que se paralizó la vacunación de los agentes estatales, solo estaban vacunados un 2,8% de los guardias civiles y un 3,6% de los policías nacionales, frente al 77% de mossos y guardias urbanos, el 77,9% de policías locales y el 68,9% de bomberos, según los datos aportados por la Fiscalía.

**La defensa: criterios sanitarios consensuados**

En su declaración durante la instrucción, Vergés, que también fue vicepresidenta del Parlament, alegó que el calendario de vacunación contra el coronavirus se consensuó con el ministerio y las autonomías y obedeció a criterios sanitarios, para priorizar la inmunización de los más vulnerables, según El País.

La exconsejera sostiene que las decisiones tomadas respondieron a protocolos sanitarios establecidos de forma conjunta con las autoridades estatales y no a criterios discriminatorios basados en la pertenencia a uno u otro cuerpo policial.

**Implicaciones del juicio**

El proceso judicial se produce en un contexto de tensión política entre el gobierno catalán y las instituciones estatales, aunque la Fiscalía fundamenta su acusación exclusivamente en criterios de prevaricación administrativa, es decir, en la toma de decisiones arbitrarias por parte de autoridades públicas en contra de la legalidad vigente.

La petición de 12 años de inhabilitación para Vergés y los otros tres cargos de su departamento supondría, en caso de condena, la imposibilidad de ejercer cargos públicos durante más de una década. El delito de prevaricación requiere demostrar que los acusados actuaron de forma consciente y deliberada contra la ley, con conocimiento de la ilegalidad de sus actos.

El juicio permitirá esclarecer si las decisiones tomadas en marzo de 2021 respondieron efectivamente a criterios sanitarios consensuados, como sostiene la defensa, o si constituyeron una discriminación deliberada hacia los cuerpos policiales estatales, como afirma la Fiscalía. La resolución judicial tendrá implicaciones no solo para los acusados, sino también para establecer precedentes sobre los límites de la discrecionalidad de las autoridades sanitarias en situaciones de emergencia como la pandemia de covid-19.