Militares venezolanos toman control de minas de oro tras operativo que mató al líder del Tren de Aragua

El cambio de poder en las minas de oro del sur de Venezuela no ha traído la tranquilidad esperada. Tras un operativo policial y militar coordinado con Estados Unidos que acabó con la vida del Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua, las localidades mineras de Las Claritas y Kilómetro 88 quedaron bajo control militar, según reporta El País. Washington había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por Guerrero Flores.

Hace casi dos semanas, un misil destruyó la casucha donde supuestamente se resguardaba Héctor Rustherford Guerrero Flores, según las fuentes. Estos pueblos de viviendas de madera y zinc, calles de tierra y apagones de media jornada ahora viven en suspenso: el gobierno de los criminales que controlaban la vida de miles de mineros ha sido desplazado, al menos por ahora, por el de los uniformados.

**Promesas gubernamentales sin concretar**

Un día después de que Trump anunciara la muerte del Niño Guerrero, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, Héctor Silva, rodeado de decenas de mineros, se ofreció a instalar una oficina de atención al minero y prometió trabajar para maximizar la producción, según El País. Silva habló de dotar de herramientas a los trabajadores, garantizar el resguardo ambiental de un ecosistema ya devastado y proveerles seguridad y protección laboral. "Estamos aquí para atender de primera mano a nuestro pueblo… que impulsen su crecimiento académico y técnico", aseguró el ministro.

Sin embargo, las promesas todavía no cristalizan, según las fuentes. La llegada de los militares ha venido acompañada de allanamientos sin orden judicial y de lo que los vecinos de Las Claritas llaman saqueos. Los habitantes también denuncian presuntos robos en sus viviendas y extorsión, ahora a manos de los uniformados.

**Protestas y resistencia comunitaria**

Esta semana, en videos difundidos en redes sociales, la comunidad de Las Claritas encaró a un grupo de oficiales para reclamarles por las formas con las que tomaron el lugar, según El País. "Basta de abusos, queremos trabajar y vivir en paz", dicen en un comunicado los habitantes del sector San Isidro de Las Claritas, que han bloqueado la carretera principal como forma de protesta.

Entre quienes viven en ese pueblo hay temor de que el resto de los líderes de la banda puedan regresar y reagruparse, pero también hay resistencia al nuevo mando, según las fuentes. Recuperar la gobernanza en las minas del sur de Venezuela —como los inversionistas extranjeros le han pedido a Donald Trump— requiere más que un misil y un despliegue militar.

**El Sistema: años de control criminal**

Durante años, estos enclaves mineros han operado entre alianzas de grupos armados, actores políticos y sectores de las fuerzas de seguridad que conviven en torno al comercio del oro, según El País. En la zona funcionaba "El Sistema", antes conocido también como "el sindicato": grupos armados que controlan la cotidianidad, reparten comida, garantizan la "seguridad" del trabajo y cobran una cuota de extorsión sobre el oro extraído, además de dedicarse al narcotráfico y la explotación sexual. Bajo fachadas de fundaciones, ejercen el control social de las comunidades.

La minería en esa zona congregaba a cerca de 100.000 personas, que en su mayoría empleaban motores hidráulicos: máquinas que, a fuerza de chorros de agua lanzados contra las laderas, hacen aflorar el oro disperso en la tierra, una de las técnicas más devastadoras para el ambiente, según las fuentes. Desde la intervención militar, cuentan fuentes y medios locales, la extracción está detenida. Y aunque los vecinos y mineros quieren volver a sus faenas, no queda claro para quién trabajan ahora.

**Balance del operativo y éxodo masivo**

Hasta el momento no se ha ofrecido un balance detallado del operativo militar que acabó con el jefe del Tren de Aragua, pero los habitantes de la zona reportaron explosiones, presuntos enfrentamientos y varias personas muertas y heridas, según El País. Los heridos, sin embargo, según cuenta una fuente local, no han llegado al hospital más cercano, en el pueblo de Tumeremo, a 40 kilómetros de Las Claritas.

Decenas de autobuses y motocicletas han salido de la zona en un éxodo que ya empiezan a sentir los pueblos vecinos. "Ya se nota el desplazamiento. Algunos duermen en el cementerio, en la calle o en el matadero", cuenta Alexis Duarte, dirigente político y vecino de Tumeremo, según las fuentes. "La gente está esperando a ver si se reactivan las minas y pueden volver", añadió Duarte.

Mientras tanto, contingentes de las fuerzas especiales de la policía, de la Dirección de Contrainteligencia Militar y tropas de otros estados se dirigen a la zona donde, antes de las expropiaciones sin compensación que Hugo Chávez decretó entre 2008 y 2011, operaban empresas como Cristallex y Gold Reserve, según El País. Esta última ya ha manifestado su interés en regresar.

**Versión oficial y líderes prófugos**

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, ha insistido en que el Tren de Aragua ya no operaba en Venezuela. "Aquí no había Tren de Aragua porque fue echado de Venezuela; quedaba un personaje y, desafortunadamente para él y sus seguidores…", comentó Cabello en su programa Con el mazo dando, sin terminar la frase ni aclarar qué le ocurrió a ese "personaje", según El País.

Investigaciones periodísticas señalan que en la zona mandaban Yohan José Romero, alias Petrica, lugarteniente del Niño Guerrero, y Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como Negro Juancho, según las fuentes. Se desconoce el paradero de ambos. En 2023, cuando el Gobierno tomó la cárcel de Tocorón, donde operaba Guerrero, los cabecillas ya habían escapado. También se ha reportado la presencia de la guerrilla colombiana ELN.

**Impacto en municipios vecinos**

En los pueblos vecinos esperan que el Gobierno dé a conocer sus planes para la zona. Coromoto Lugo, alcalde opositor de El Callao, reclama la presencia de las autoridades regionales y nacionales, porque teme que se desate una crisis mayor, según El País. Según las estadísticas oficiales, este municipio aurífero tiene 29.000 habitantes, a los que se suman más de 80.000 mineros llegados de todo el país por la fiebre del oro, exacerbada con la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, por decreto de Nicolás Maduro, cuando se masificó la minería artesanal controlada por grupos irregulares.

En El Callao hay, además, 17 recuperadoras de materiales metálicos —incluida la estatal Minerven— que emplean a 5.000 personas, según las fuentes. "El 70% del oro de esta zona sale de El Callao, pero tenemos el mismo hospital y la misma escuela de hace 30 años, y una vialidad destrozada por los camiones", reclama Lugo, según El País.

El alcalde teme que el operativo en Las Claritas, a 90 kilómetros de El Callao, traiga repercusiones a los demás pueblos mineros: "No todos los mineros son delincuentes. Hay muchos padres de familia y profesionales que han venido a buscar su sustento diario. Es el minero artesanal, una cadena de producción, y hay que garantizarle sus derechos", dijo Lugo.

**Implicaciones futuras**

La situación en las minas de oro del sur de Venezuela plantea interrogantes sobre el futuro de una actividad que se convirtió en el sustento de decenas de miles de personas durante la crisis económica del país. La transición del control criminal al militar no ha resuelto los problemas estructurales de la zona: la falta de infraestructura, servicios básicos y un marco legal claro para la minería artesanal.

El interés de empresas extranjeras como Gold Reserve en regresar a la zona sugiere que el operativo podría ser parte de una estrategia más amplia para formalizar la explotación minera. Sin embargo, la detención de la extracción, el éxodo de trabajadores y las denuncias de abusos por parte de las fuerzas militares indican que el camino hacia la estabilización será complejo.

La presencia de otros grupos armados, como la guerrilla colombiana ELN, y el paradero desconocido de otros líderes del Tren de Aragua como Petrica y Negro Juancho mantienen la incertidumbre sobre si el control militar será duradero o si se trata de un cambio temporal en el equilibrio de poder en una de las zonas más ricas y conflictivas de Venezuela.