Sudáfrica enfrenta nueva ola de violencia xenófoba con varios muertos y miles de desplazados

La violencia xenófoba ha regresado a Sudáfrica con una intensidad que ha obligado a varios países africanos a repatriar a miles de sus ciudadanos y ha convertido la situación en un problema diplomático regional. Turbas de sudafricanos negros atacan a migrantes y solicitantes de asilo, también africanos y de piel negra, acusándolos de robarles el trabajo, saturar los hospitales, acaparar ayudas públicas y traer consigo la delincuencia, según reporta El País.

El caso más reciente ocurrió el viernes pasado, cuando un ciudadano malauí de 29 años fue apedreado hasta morir en Pietermaritzburg en el marco de una protesta antimigración, según la fuente. La violencia ha dejado cientos de viviendas incendiadas, miles de personas acampadas en plena calle y varios muertos desde que comenzó esta nueva ola a mediados de marzo, que se recrudeció a finales de mayo.

En Mossel Bay, decenas de chabolas de un asentamiento informal habitado por migrantes fueron incendiadas por una turba de ciudadanos enfurecidos y al menos cinco mozambiqueños murieron, según denunció el Gobierno de Maputo. Otros dos fallecieron posteriormente en un accidente de tráfico cuando huían del país, de acuerdo a la fuente.

REPATRIACIONES MASIVAS Y CRISIS HUMANITARIA

Ghana dio la voz de alarma a mediados de marzo al notificar que 300 de sus nacionales habían solicitado regresar a Accra. En los días posteriores, cientos de personas de Nigeria, Mozambique y Malaui también expresaron su deseo de volver después de sufrir repetidas amenazas y agresiones por parte de grupos de ciudadanos que exigen expulsiones masivas de extranjeros, según El País.

Hasta el miércoles pasado, 8.000 ciudadanos de Malaui habían partido de vuelta a su país desde Durban, que se ha convertido en el epicentro de la tensión. Más de 1.000 nigerianos han solicitado ayuda para volver, mientras que Ghana ya ha recibido a 300 nacionales y Mozambique también ha recibido a centenares provenientes de las zonas más afectadas por la violencia. Las autoridades etíopes también están estudiando cómo asistir a sus ciudadanos, según la fuente.

Los extranjeros que aún no han conseguido la repatriación están refugiados en dos centros de estancia temporal en Durban y uno en Pietermaritzburg, todos habilitados por el Gobierno, que acogen a unas 20.000 personas, según explicó Siyabonga Hlatshwayo, portavoz en Durban de Cruz Roja en Sudáfrica. "Estamos repartiendo comida, mantas, colchones, ropa, alimentos para bebés, apoyo psicosocial, conexión wifi gratuita y cargadores para teléfonos", dijo.

Entre los acampados hay numerosas mujeres y niños que están durmiendo al raso, cubiertos con mantas y rodeados de bolsas y maletas. También embarazadas y parturientas: al menos 17 bebés han nacido en estos asentamientos improvisados durante las últimas semanas, según confirmó el portavoz de Cruz Roja a los medios de comunicación sudafricanos.

El miércoles pasado la violencia estalló cuando la policía disparó balas de goma y granadas aturdidoras contra varios grupos de migrantes acampados a la intemperie que la habían emprendido contra los agentes, lanzando piedras y palos, debido a la frustración por la demora de la tramitación de sus solicitudes de retorno, aunque las autoridades lo niegan, según El País.

CAZA AL MIGRANTE Y VIGILANTISMO CIUDADANO

Desde mediados de marzo se ha desatado una suerte de caza al migrante que ha llevado a miles de personas a dejar sus hogares por temor a las represalias. En Kleinmond, a unos 300 kilómetros de Mossel Bay, familias enteras se han refugiado para evadir a patrullas ciudadanas que recorren las calles exigiendo documentación a quienes consideran extranjeros, según contó a la agencia Reuters un mozambiqueño de 49 años llamado Lado Amido, que llegó al país en febrero en busca de empleo. "Vinieron a mi casa y se llevaron todas mis pertenencias", dijo este hombre.

En Boksburg, a las afueras de Pretoria, los manifestantes vandalizaron el martes pasado de nuevo los comercios regentados por extranjeros, según la fuente.

Ciudadanos corrientes de todo el país se sienten ahora legitimados para salir a la calle y actuar por su cuenta: exigen a supuestos inmigrantes que se identifiquen, les expulsan de sus casas o les golpean si no pueden demostrar en el momento que tienen los papeles en regla. Numerosas denuncias indican que personas que sí se encuentran en situación regular también han sido agredidas o intimidadas, según El País.

Entre quienes quieren marcharse se encuentran ejemplos de que la xenofobia no solo golpea a los recién llegados, sino a personas que llevan décadas allí, que hablan los idiomas locales y que han construido sus vidas en este país. Una de ellas es Leanne Sefu, congoleña que llegó a Sudáfrica de niña y trabajaba en un salón de belleza en Durban que un grupo de manifestantes destrozó. "Desde la peluquería siempre veía las protestas, pero la situación empeoró cuando empezaron a agredirnos", explicó esta mujer a la cadena de televisión News Central.

EL MOVIMIENTO MARCH & MARCH Y EL ULTIMÁTUM DEL 30 DE JUNIO

Detrás del discurso y de las movilizaciones ciudadanas hay una entidad que se presenta como defensora de los sudafricanos frente a la inmigración irregular. Se llaman March & March y en redes sociales han encontrado un altavoz que están explotando figuras con mucho tirón mediático como el actor Nkosikhona Ndabandaba, el locutor de radio Ngizwe Mchunu y la activista antiinmigración Jacinta Ngobese-Zuma, según El País.

"Los sudafricanos han expresado que no están cómodos viviendo con gente de la que no sabemos si está legalmente en el país. Añoramos los días en los que podías andar por las calles sin tener 50.000 personas vendiendo cosas, pero nadie en el Gobierno ve el problema", dijo Ngobese-Zuma en una rueda de prensa televisada el miércoles pasado.

Las acusaciones que se escuchan estos días en Sudáfrica son idénticas a las que esgrimen movimientos antiinmigración en Europa y Estados Unidos: que los extranjeros quitan empleo, colapsan los servicios públicos y disparan la delincuencia, según la fuente.

La xenofobia ha obligado al presidente Cyril Ramaphosa a intervenir mientras se acerca el 30 de junio, una fecha límite fijada por estos grupos para que los extranjeros sin papeles abandonen el país y el Gobierno tome medidas bajo la amenaza de un paro nacional. Los grupos xenófobos han convertido esta fecha en ultimátum, aunque no han explicado qué ocurrirá después, según El País.

Muchos migrantes cuentan que no se quieren ir porque hayan sido agredidos, sino por miedo al ultimátum del 30 de junio, según explicó Hlatshwayo. En su opinión, la situación está empeorando porque cada vez llega más gente a los centros de evacuación. "Muchas personas están dejando sus casas y pidiendo ser repatriadas", dijo.

CONTEXTO HISTÓRICO Y ECONÓMICO

Sudáfrica no es nueva en lidiar con el rechazo a los extranjeros. El país, una de las mayores economías de África, es un imán para quienes buscan escapar de la pobreza de países como Zimbabue, Mozambique o Malaui, o de las guerras, como la de República Democrática del Congo. Cientos de miles de inmigrantes han encontrado empleo en las minas de diamantes y otros metales preciosos de este país desde que Nelson Mandela acabó con el apartheid a principios de los noventa del siglo pasado y reivindicó una Sudáfrica abierta, según El País.

La idea, sin embargo, no fue bien acogida por toda la sociedad, que ya lidiaba con sus propios problemas derivados de la discriminación racial que había imperado durante décadas, y ese aperturismo acabó dando pie a una violenta historia de estallidos xenófobos. Al menos 62 personas murieron y 150.000 fueron desplazadas forzosamente en 2008 en uno de los episodios más graves, y hubo otros picos de violencia en 2015, 2019 y 2021, este último con más de 300 muertos, según la fuente.

Las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes responden que este colectivo se ha convertido en el chivo expiatorio de un país donde la tasa de desempleo supera el 30% y golpea, sobre todo, a la población negra sudafricana, según El País.

RESPUESTA DEL GOBIERNO Y CRISIS DIPLOMÁTICA

En un discurso a la nación el 7 de junio, Ramaphosa condenó el vigilantismo y la xenofobia. "Nadie tiene derecho a tomar la ley por su mano", advirtió. El presidente defendió que los problemas económicos del país no pueden resolverse atacando a extranjeros, pero dijo comprender la preocupación ciudadana y prometió reforzar el control de la inmigración irregular y endurecer las políticas migratorias, según la fuente.

Días después, el mandatario volvió a intervenir para insistir en que la violencia desplegada está dañando la imagen de Sudáfrica y perjudica sus relaciones con el continente, según El País.

El Ministerio del Interior sudafricano alega que no se han quedado de brazos cruzados porque en los últimos dos años han deportado a más de 100.000 personas que se encontraban de forma irregular en el país y que otras 500.000 que intentaban acceder sin documentos fueron interceptadas en las fronteras, según la fuente.

La escalada de violencia ha trascendido las fronteras y está creciendo hasta amenazar con convertirse en un problema diplomático para Pretoria. Varias cancillerías africanas han expresado su preocupación, ante lo cual Sudáfrica ha anunciado el envío de emisarios diplomáticos para explicar las medidas adoptadas. Ghana ha solicitado que la situación se debata en la Unión Africana, según El País.

INCERTIDUMBRE ANTE EL FUTURO

Mientras tanto, el calendario avanza hacia el 30 de junio y miles de personas no saben si podrán seguir viviendo en el país que durante años llamaron hogar o tendrán que marcharse con lo puesto. "La verdad es que estamos confusos", reconoció el portavoz de Cruz Roja. "No tenemos ninguna información segura sobre lo que vaya a ocurrir ese día", dijo.

La situación en Sudáfrica demuestra que el mecanismo del rechazo al otro no siempre va de fenotipos. En un país donde la mayoría negra sufrió durante décadas la opresión del apartheid impuesto por la minoría blanca, turbas de sudafricanos negros con ideas xenófobas acusan a migrantes y solicitantes de asilo, también africanos y de piel negra, de los mismos problemas que movimientos antiinmigración en Europa y Estados Unidos atribuyen a los extranjeros, según El País.

La crisis humanitaria continúa desarrollándose con miles de personas refugiadas en centros temporales, repatriaciones masivas en curso y una fecha límite que se aproxima sin que exista claridad sobre las consecuencias que traerá consigo para los miles de migrantes que permanecen en el país.