La orden ejecutiva representa el paso más significativo de la administración Trump hacia la regulación de la inteligencia artificial, según The New York Times. El documento solicita que las compañías tecnológicas proporcionen voluntariamente al gobierno una ventana de hasta 30 días para revisar sus nuevos modelos de IA antes de liberarlos al público.

La firma se produjo tras meses de debate interno en la administración Trump sobre cómo manejar la inteligencia artificial y sus efectos en la ciberseguridad y seguridad nacional, según la fuente. El mes pasado, Trump descartó una orden ejecutiva sobre IA —que habría creado un período de hasta 90 días para que el gobierno revisara nuevos modelos de IA antes de su lanzamiento— apenas horas antes de que estuviera programado firmarla, según The New York Times.

La firma del martes siguió a una reunión en la Casa Blanca el lunes que Trump convocó con el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Defensa Pete Hegseth y David Sacks, quien anteriormente fue el zar de IA de la administración, entre otros, según dos personas familiarizadas con el encuentro confidencial citadas por The New York Times. Sacks, quien se había opuesto a la orden, aprobó una versión revisada después de que el plazo para las revisiones se redujera a 30 días desde los 90 días originales, dijeron las personas. Esto ayudó a persuadir a Trump para avanzar con la firma, según la fuente.

La orden también solicita al secretario del Tesoro formar un "centro de intercambio de ciberseguridad" de IA, que revisaría las vulnerabilidades de seguridad descubiertas por los modelos de inteligencia artificial, según The New York Times.

"Las capacidades avanzadas de IA hacen que nuestra nación sea más fuerte, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren acción coordinada entre departamentos y agencias ejecutivas", señala la orden según el reporte.

El cambio de postura contrasta con el enfoque de manos libres que Trump adoptó cuando regresó al cargo el año pasado, diseñado para ayudar a las empresas tecnológicas estadounidenses a superar a China y reforzar la economía, según The New York Times. La nueva orden marca un retroceso de esa postura permisiva hacia una mayor supervisión gubernamental, aunque mantiene el carácter voluntario de la participación de las empresas.

La reducción del período de revisión de 90 a 30 días fue clave para obtener el respaldo de Sacks y, en consecuencia, la aprobación presidencial, según las fuentes citadas por The New York Times. Este compromiso refleja las tensiones dentro de la administración entre quienes abogan por una regulación más estricta por motivos de seguridad nacional y quienes priorizan la competitividad económica y tecnológica frente a rivales internacionales como China.

La orden ejecutiva no establece mecanismos de cumplimiento obligatorio, dejando a las empresas tecnológicas la decisión de someterse o no a la revisión gubernamental antes de lanzar sus modelos de IA al mercado. Esta característica voluntaria distingue la medida de regulaciones más estrictas que podrían haber enfrentado mayor resistencia tanto de la industria tecnológica como de sectores dentro de la propia administración.

La creación del centro de intercambio de ciberseguridad bajo el Departamento del Tesoro representa un esfuerzo por centralizar la evaluación de riesgos de seguridad asociados con la inteligencia artificial, aunque los detalles específicos sobre su funcionamiento, recursos y autoridad no fueron especificados en los reportes disponibles.