Activista pakistaní Mahrang Baloch condenada a cadena perpetua por muerte de soldado en manifestación
Mahrang Baloch, líder del Comité de Unidad de Baluchistán y destacada defensora de derechos humanos en Pakistán, fue sentenciada a cadena perpetua por un tribunal antiterrorista de Quetta por el asesinato de un soldado paramilitar durante una manifestación en 2024. La activista, quien ha dedicado años a denunciar desapariciones forzadas en la provincia de Baluchistán, fue condenada junto a su compañero Sibghatullah por cargos de asesinato y terrorismo, en un proceso que ambos boicotearon y que organizaciones de derechos humanos califican como sesgado.
Un tribunal antiterrorista en Quetta, Pakistán, condenó a cadena perpetua a Mahrang Baloch, líder del Comité de Unidad de Baluchistán (BYC por sus siglas en inglés), y a su compañero activista Sibghatullah por el asesinato del soldado paramilitar Shabbir Ahmed durante una manifestación en 2024, según informó la BBC.
Los fiscales acusaron a ambos activistas de incitar a una turba que atacó fatalmente al soldado paramilitar. Baloch y Sibghatullah niegan los cargos y boicotearon el juicio junto con su equipo legal.
Según un funcionario de seguridad citado por la BBC, Baloch pronunció un "discurso muy provocador" durante la protesta en la ciudad portuaria de Gwadar, lo que resultó en que entre 30 y 40 personas golpearan el vehículo de uno de sus soldados con palos y piedras. El funcionario afirmó que Shabbir Ahmed quedó separado de los demás y fue golpeado hasta la muerte.
El tribunal antiterrorista de Quetta determinó que Baloch y Sibghatullah habían estado "activos en la reunión ilegal del Comité de Unidad de Baluchistán y tenían objetivos comunes en el asesinato del oficial de la Policía Federal". La sentencia incluye cadena perpetua y una multa de 200.000 rupias pakistaníes (543 libras esterlinas; 719 dólares) que deben pagar a los herederos de Ahmed.
Según medios locales citados por la BBC, Baloch y Sibghatullah ya llevaban dos años en prisión enfrentando una serie de cargos antes de esta sentencia.
La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán solicitó una revisión inmediata del veredicto. La organización declaró que el Estado ha "continuado su política de tratar la defensa de los derechos fundamentales de la misma manera que trata el extremismo, resultando en decisiones administrativas y judiciales que son unilaterales y sesgadas".
Nadia Baloch, hermana de Mahrang y abogada, junto con el equipo legal de los activistas, afirmaron que se les negó el debido proceso y rechazaron el veredicto. Declararon que la sentencia fue dictada por un "tribunal sin rostro" y que los abogados defensores no pudieron interrogar adecuadamente a los testigos presenciales, quienes testificaron mediante videoconferencia.
La activista sueca Greta Thunberg también criticó el proceso, publicando una declaración en la que describió el juicio como una "burla de la justicia" conducido "en total secreto" y acusó al Estado pakistaní de criminalizar la disidencia, según reportó la BBC.
Un portavoz del gobierno de Baluchistán declaró a la agencia de noticias Associated Press que los fiscales tenían "evidencia innegable" y afirmó que el caso no estaba motivado políticamente.
Mahrang Baloch, quien fue incluida en la lista de las 100 Mujeres de 2024 de la BBC, comenzó su activismo después de que su padre fuera presuntamente detenido por oficiales de los servicios de seguridad en 2009 y encontrado muerto dos años después con signos de tortura.
A finales de 2023, Baloch lideró a cientos de mujeres en una marcha de 1.000 millas (1.600 kilómetros) hasta la capital Islamabad para buscar justicia por familiares desaparecidos, según informó la BBC.
Su organización, el BYC, hace campaña contra las desapariciones forzadas y los asesinatos extrajudiciales en Baluchistán, provincia que ha sido escenario de una lucha de décadas por mayor autonomía. El BYC rechaza las acusaciones del gobierno pakistaní de que tiene vínculos con militantes baluchis.
La condena de Baloch se produce en un contexto de tensiones persistentes en Baluchistán, una provincia rica en recursos naturales pero empobrecida, donde grupos separatistas han mantenido una insurgencia de larga data contra el gobierno central pakistaní. Las organizaciones de derechos humanos han documentado durante años casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en la región, atribuidas tanto a fuerzas de seguridad como a grupos militantes.
El caso de Baloch ilustra la creciente presión sobre activistas de derechos humanos en Pakistán, donde las autoridades han utilizado cada vez más leyes antiterroristas para procesar a defensores de derechos civiles y manifestantes. La aplicación de estas leyes ha sido criticada por organizaciones internacionales como una herramienta para silenciar la disidencia legítima.
La sentencia también plantea interrogantes sobre el sistema judicial pakistaní y el uso de tribunales antiterroristas para casos relacionados con activismo social. Los críticos argumentan que estos tribunales, diseñados originalmente para combatir el terrorismo violento, están siendo utilizados para criminalizar la protesta pacífica y la defensa de derechos humanos.
El futuro legal de Baloch dependerá de posibles apelaciones ante instancias superiores del sistema judicial pakistaní, aunque sus defensores expresan escepticismo sobre la posibilidad de un juicio justo dado el contexto político y las restricciones procesales que denuncian haber enfrentado durante el juicio inicial.
