El paro agrario que paralizó Perú a finales de mayo dejó en evidencia la fragilidad social del país andino en vísperas de elegir presidente. En Arequipa, los agricultores esparcieron 50 sacos de arroz sobre la carretera Panamericana Sur, según reportó El País. En San Martín, levantaron barricadas en la carretera Fernando Belaunde Terry. En Piura, apilaron piedras y ramas y quemaron llantas en la Panamericana Norte. Durante cinco días, las principales vías del norte, el sur y el oriente del país quedaron bloqueadas por una protesta que atravesó el territorio nacional.

La protesta tuvo alcance nacional y se extendió por nueve regiones, según la fuente: seis de la costa —Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica y Arequipa—, dos de la sierra —Huánuco y Junín— y una de la selva —San Martín. Aunque fue encabezada por los productores de arroz, también recibió el respaldo de gremios cafetaleros, limoneros, azucareros, bananeros y ganaderos. No hubo muertes que lamentar, pero sí enfrentamientos entre los hombres del campo y los policías.

**El desplome del precio del arroz**

En el centro del conflicto estuvo el desplome del precio del arroz, uno de los alimentos más consumidos por los peruanos. Se estima que cada habitante consume en promedio 74 kilos al año, según El País. Hasta hace poco, los agricultores vendían el saco de 50 kilos entre 70 y 80 soles (entre 20 y 23 dólares). Hoy apenas logran colocarlo en 45 soles (13 dólares), pese a que en los mercados minoristas el mismo producto llega a ofrecerse por alrededor de 160 soles (47 dólares).

A la caída de los precios se suman el encarecimiento de la urea, fertilizante clave para la producción, y el aumento del combustible, según los gremios. Los comités de arroceros también cuestionan el ingreso masivo de arroz importado desde Uruguay, Argentina y Brasil que ha saturado el mercado local y generado un excedente de 350.000 toneladas métricas desde 2025.

**Acuerdos incumplidos**

Los comités de arroceros afirman que durante meses el Estado ignoró sus reclamos. A inicios de año alcanzaron algunos acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, entre ellos, suspender temporalmente las importaciones de arroz y adquirir parte del excedente de producción —unas 180.000 toneladas— para abastecer programas sociales, según denuncian los dirigentes del sector. Sin embargo, ninguno de esos compromisos llegó a concretarse y el paro agrario puso contra las cuerdas al Gobierno transitorio de José María Balcázar y encendió la antesala de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, pactada para el domingo 7 de junio.

**La respuesta política**

La heredera del fujimorismo aprovechó el conflicto para emplazar al Ejecutivo. Fujimori exigió declarar en emergencia al sector agrario y adquirir arroz nacional para aliviar la situación de los productores. "Hoy sabemos que por la guerra [entre Rusia y Ucrania] los fertilizantes han subido de precio, los combustibles también, y encima el Gobierno compra arroz importado. Eso es un pecado", afirmó durante una actividad de campaña, según El País.

Fujimori también prometió que, si llega a Palacio de Gobierno, una de sus primeras medidas será atender la crisis del campo. "Declare en emergencia nacional la agricultura y, si este Gobierno no lo hace, yo me encargaré de hacerlo a partir del 28 de julio", aseguró en referencia a la fecha en que asumirá funciones el próximo mandatario.

**La tregua del Gobierno**

Tras cinco días de bloqueos e incertidumbre, el Gobierno cedió. Mediante un decreto de urgencia autorizó la transferencia de 120 millones de soles (35,2 millones de dólares) al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para financiar la compra directa de arroz a los agricultores familiares, según la fuente. El producto será destinado a programas de atención para poblaciones en situación de pobreza extrema. La norma también contempla 50 millones de soles (14,6 millones de dólares) para el mantenimiento de canales de riego. Con estas medidas, el Ejecutivo consiguió una tregua y el levantamiento progresivo de los bloqueos.

La prolongación de la protesta amenazaba con provocar desabastecimiento de alimentos en distintas ciudades, pero además ponía bajo presión la organización de la segunda vuelta presidencial. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Bernardo Pachas, advirtió que los bloqueos podían dificultar el traslado del material electoral a diversos puntos del territorio nacional. "Hacemos la invocación para que los camiones lleguen como queremos y todos los ciudadanos hábiles para votar lo hagan tranquilamente", señaló. En la primera vuelta, realizada en abril, los problemas logísticos retrasaron la instalación de cientos de mesas de votación y pusieron en tela de juicio el proceso.

**Disconformidad persistente**

Un sector gremial se mantiene disconforme con la norma. La Asociación de Productores Agrario del Medio, Bajo Piura y Sechura sostienen que la partida presupuestal es insuficiente, no atiende el problema de fondo y no descartan retomar las protestas, según El País. Los productores agrarios proporcionan cerca del 60% de los alimentos del consumo interno, y aun así se calcula que el 15% de ellos vive en condiciones de extrema pobreza.

Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), ha criticado la medida para poner paños fríos a la situación. "Las respuestas no pueden seguir siendo simples parches o soluciones improvisadas; se requiere realmente enfrentar los problemas de esos peruanos y peruanas que alimentan al país", señaló.

**Las propuestas de los candidatos**

En el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez, presentado a inicios de semana, se enfatiza que "el agro peruano se caracteriza por una profunda injusticia social y territorial" que impide que la "riqueza generada se quede en manos de los campesinos", según el documento. Cuestionan que las agroexportaciones concentren la riqueza en menos del 5% de productores mientras más de dos millones de unidades productivas dedicadas a la agricultura campesino-comunera y familiar estén "relegadas de manera sistemática". Proponen transformar el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. "Cambiaremos su enfoque pro gran empresa", se subraya. Entre otras medidas, contempla impulsar el Nuevo Banco Agrario a través del que facilitarán créditos a tasas de interés bajas.

En su propuesta, Keiko Fujimori incluye subsidios para fertilizantes, el destrabe de grandes proyectos de riego, la reactivación de programas de formalización y titulación de tierras, y el apoyo a los pequeños agricultores para ampliar su acceso a mercados, con especial atención a sectores como el arrocero, según El País.

**Implicaciones futuras**

La tregua alcanzada en las carreteras difícilmente cerrará el debate sobre el futuro del campo peruano. Este domingo, cuando los ciudadanos elijan entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, también estarán definiendo una ruta para enfrentar una crisis que lleva años acumulándose lejos de la capital. La protesta agraria ha puesto sobre la mesa la urgencia de atender a un sector que alimenta al país pero que vive en condiciones de precariedad, con precios que no cubren los costos de producción y una competencia desleal del arroz importado que ha saturado el mercado local.

El próximo gobierno, que asumirá el 28 de julio, enfrentará el desafío de implementar políticas estructurales que vayan más allá de las medidas de emergencia y que atiendan las demandas históricas de los productores agrarios. La capacidad del nuevo mandatario para responder a esta crisis determinará no solo el futuro del sector agrícola, sino también la estabilidad social de un país que ha demostrado, una vez más, su fragilidad ante conflictos que atraviesan su territorio de costa a selva.