Argentina, históricamente definida como nación de inmigrantes desde su fundación, está experimentando un giro radical en su relación con la migración. Según datos oficiales, en el país viven actualmente casi 2 millones de extranjeros, cifra que representa el 4,2% de una población total de 45,8 millones de personas, según el censo de 2022. Esta proporción ha disminuido levemente respecto al 4,5% registrado en 2010, lo que indica una reducción relativa en la presencia de migrantes a pesar de que la cantidad absoluta se ha mantenido estable.

Durante dos décadas, Argentina había construido un esquema de atención a la migración basado en lo que la investigadora Ana Paula Penchaszadeh, doctora en Ciencias Sociales y en Filosofía, describe como "un paradigma de derechos humanos". Este modelo reconocía el derecho a migrar de todas las personas y establecía la obligación del Estado de regularizarlas, desvinculando simultáneamente la situación documental del acceso a derechos fundamentales como salud y educación públicas, seguridad social y justicia. Ese régimen permitió sacar de la irregularidad a más de un millón de personas y mejoró significativamente la integración de los migrantes, reduciendo la brecha social. Argentina logró alcanzar los niveles de irregularidad más bajos del mundo bajo este sistema.

El Gobierno de Milei ha comenzado a desmantelar este régimen sin debatirlo en el Congreso. Mediante una serie de decretos dictados en los últimos dos años, el presidente ha modificado la ley de reconocimiento y protección de refugiados, reformado las leyes de migraciones y ciudadanía, y endurecido significativamente los requisitos para entrar y permanecer en el país. Las nuevas exigencias incluyen demostrar cierto nivel de ingresos y poseer seguro de salud. Simultáneamente, el Gobierno ha agilizado los trámites para deportar personas con antecedentes penales, establecido condiciones más severas para solicitar y admitir asilo, cesado la atención gratuita en hospitales públicos para extranjeros sin radicación permanente, e instado a las universidades nacionales a cobrar aranceles a personas no residentes.

A finales del año pasado, el Gobierno creó una Agencia Nacional de Migraciones para reemplazar la dirección que operaba anteriormente, trasladando el área desde el Ministerio del Interior hasta la cartera de Seguridad. Esta nueva agencia fue diseñada para coordinar el trabajo de la Policía Federal, la Policía Aeroportuaria y la Gendarmería, con el propósito explícito de conformar una policía migratoria inspirada en la US Border Patrol, la patrulla de fronteras estadounidense que es central en el modelo de control implementado por Trump. En febrero pasado, fue lanzado un Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza para incrementar la vigilancia de fronteras. En junio se pusieron en marcha Unidades de Seguridad Migratoria, dotadas de amplias facultades para cumplir tareas de inteligencia y detención de extranjeros. Con estas herramientas, el Estado ha comenzado a realizar operativos en espacios públicos en busca de personas en situación migratoria irregular.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ha acompañado estas medidas con un discurso que enfatiza la vinculación entre migrantes y delincuencia. Hace un mes declaró: "En los últimos seis meses, 14.000 personas fueron expulsadas, personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos, afuera".

Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), ha identificado un patrón claro en todas las modificaciones normativas: "Todas tienen un sentido regresivo en términos de acceso a derechos para las personas migrantes y las que solicitan asilo". Según Liguori, "la lógica regresiva queda plasmada en una perspectiva securitista, de criminalización del migrante. En los fundamentos de los decretos hay aseveraciones casi distópicas, sin asidero en la realidad del país". Entre estas aseveraciones, observa "una clara tendencia a asociar a los solicitantes de asilo con el terrorismo" y "el planteo de que Argentina tiene que prepararse para la posible llegada de los deportados de Estados Unidos".

Las consecuencias prácticas de estas reformas son graves. Por primera vez en la historia argentina, tener un hijo argentino ya no garantiza acceso a una radicación permanente. Ni siquiera durante la dictadura militar pasada ocurrió esto. Actualmente, familias con hijos argentinos cuyos progenitores no logran regularizar su situación porque son pobres o no pueden demostrar ingresos registrados enfrentan una situación sin precedentes. La nueva Agencia de Migraciones exige ingresos registrados en un país donde más del 40% de la población trabaja en negro, en condiciones de informalidad, lo que hace que esta exigencia sea prácticamente imposible de cumplir para amplios sectores de la población migrante.

Penchaszadeh subraya la necesidad de "pensar como un todo qué tipo de soberanía están construyendo los gobiernos de extrema derecha". Junto con "una espectacularización de la persecución de los migrantes más débiles", observa "una invisibilización" de un proceso simultáneo que impulsa el Gobierno de Milei: "propiciar una verdadera extranjerización de los bienes y los recursos que tiene Argentina". Esta contradicción se manifiesta en dos iniciativas del Gobierno. Por un lado, un decreto que habilitó un nuevo procedimiento, administrado por el Ministerio de Economía, para que extranjeros puedan acceder a la ciudadanía argentina a través de una inversión calificada, con el propósito declarado de atraer capitales. Por otro lado, un proyecto de ley impulsado por el Gobierno para eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, algo que Milei ya intentó hacer por decreto pero fue frenado por la justicia.

Las expertas consultadas coinciden en que las medidas restrictivas aplicadas por Milei no se condicen con la presencia real de extranjeros en Argentina, cuyo número ha descendido en términos relativos en los últimos años. Por eso, destacan, queda en primer plano el uso político de la figura del migrante como chivo expiatorio, la construcción de un otro peligroso y culpable de los males que sufre el país. Esta estrategia política contrasta marcadamente con la realidad demográfica y económica argentina, donde la inmigración no ha aumentado sino disminuido proporcionalmente, y donde los problemas económicos y sociales del país tienen raíces estructurales ajenas a la migración.