Arquidiócesis de San Francisco pagará 395 millones de dólares a víctimas de abusos sexuales del clero

El acuerdo extrajudicial cierra un proceso que comenzó hace tres años, cuando la arquidiócesis se declaró en bancarrota para protegerse de más de 500 demandas civiles presentadas en 2019, según informó El País. Las demandas fueron posibles gracias a una ley de California aprobada ese año que amplió el plazo de prescripción para casos de abuso sexual infantil, permitiendo que víctimas denunciaran hechos ocurridos hace décadas que en otras jurisdicciones habrían prescrito.

El arzobispo Salvatore Cordileone aseguró en un comunicado que el acuerdo ofrece "un camino hacia una compensación justa para los supervivientes que han cargado con el peso de este abuso durante toda su vida", según reportó El País. "Aunque la gran mayoría de las acusaciones de abuso sexual relacionadas con este acuerdo se remontan a muchas décadas atrás, asumimos plena responsabilidad por lo ocurrido y pido disculpas sinceramente a todos los que han sufrido daños", añadió Cordileone.

Como parte del acuerdo, el arzobispo deberá escribir una carta de disculpa personal a cada superviviente, según informó The Guardian. Cordileone expresó su esperanza de que el acuerdo permita tanto a las víctimas como a la Iglesia seguir adelante.

El abogado Jeff Anderson, quien representa a docenas de víctimas de abuso sexual infantil, aseguró que aunque el acuerdo es inferior a lo que supondría una asunción plena de responsabilidad, representa la cantidad más alta por víctima alcanzada nunca en un acuerdo con el clero de estas características, según reportó El País. Anderson dijo que el acuerdo cubre aproximadamente 530 supervivientes de abuso sexual infantil.

Un comité de supervivientes que pasó miles de horas durante los últimos tres años negociando con Cordileone está facultado para establecer protocolos sobre cómo distribuir los fondos, según informó The Guardian. Cada superviviente tendrá la oportunidad de presentar su historia de abuso a un asignador contratado por el comité para recibir lo que Anderson describió como "una distribución equitativa basada en las circunstancias únicas de esa supervivencia".

Margie O'Driscoll, quien demandó a la arquidiócesis alegando que fue abusada sexualmente hace casi 50 años por un sacerdote mientras era estudiante en la escuela secundaria católica Marin Catholic en Kentfield, una comunidad al norte del puente Golden Gate, dijo durante una conferencia de prensa que el acuerdo fue duramente peleado y pone la responsabilidad en los funcionarios de la iglesia, no en los supervivientes, según The Guardian. "Yo, como cada superviviente, he cargado este dolor y vergüenza como una bola y cadena durante mucho, mucho tiempo", dijo O'Driscoll. "Avergonzada y confundida sobre lo que pasó, despreciada por la arquidiócesis, y a veces ni siquiera creída por familiares y amigos, y creo que hoy la vergüenza va a cambiar de lado".

Además de los fondos, el acuerdo requiere que la arquidiócesis implemente una serie de reformas de protección infantil y transparencia, según informó The Guardian. Estas incluyen la creación de una lista de clérigos acusados de abuso, mantener y hacer pública una lista completa y actualizada de todo el clero acusado que detalle las acusaciones y los resultados de las investigaciones. La arquidiócesis también tendrá prohibido imponer acuerdos de confidencialidad que silencien a los supervivientes.

"He estado trabajando con supervivientes durante décadas y nunca he oído hablar de algo tan significativo, tan riguroso, tan robusto como lo que se está exigiendo a la arquidiócesis de San Francisco", dijo Anderson, según The Guardian. El acuerdo incluye 14 demandas de protección infantil y transparencia.

Pese a ser el pago más alto por víctima, no lo es en la cantidad total, según El País. Hace menos de dos años, la arquidiócesis de Los Ángeles, también en California, aceptó pagar 880 millones de dólares a 1.353 víctimas de pederastia dentro de la iglesia católica en 2024, según The Guardian. El acuerdo se sumó a otro desembolso millonario hecho en 2014, lo que elevó a más de 1.500 millones de dólares la cifra total de indemnizaciones pagadas por la jurisdicción religiosa por casos originados desde la década de los cuarenta del siglo pasado, según El País. Entonces fue el pago más alto registrado nunca en Estados Unidos por las agresiones sexuales cometidas dentro de la institución. "No hay ninguna cantidad de dinero que pueda sustituir lo que se le arrebató a estos 1.353 valientes que sufrieron por décadas", señalaron entonces los abogados de la Iglesia al dar a conocer el acuerdo, según El País.

José Gomez, el arzobispo de Los Ángeles, explicó entonces en una carta que el grueso de los abusos fue cometido hace más de 50 años, y otros en la década de los cuarenta, según El País. Los litigios apuntaban contra unas 300 personas de la arquidiócesis. "Algunos de estos actos fueron cometidos por clérigos de la arquidiócesis, otros por laicos y otros por curas y religiosos de otras diócesis que estaban sirviendo aquí", escribió Gomez, según la misma fuente. El arzobispo relevó en 2011 en el cargo al cardenal Roger Mahony, uno de los más importantes líderes religiosos del país, que trabajó durante años para que los casos de pederastia no salieran a la luz ni llegaran a manos de las autoridades, según El País.

Varias arquidiócesis en California se declararon en bancarrota después de enfrentar cientos de demandas presentadas bajo la ley de California aprobada en 2019 que permitió que reclamaciones de décadas atrás fueran presentadas hasta el 31 de diciembre de 2022, según The Guardian. Otras diócesis de California, como las de Oakland y Sacramento, también se han acogido a la ley de bancarrota, según El País.

El acuerdo de San Francisco representa otro capítulo en la larga historia de casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica de Estados Unidos. La ley de California que amplió el plazo de prescripción ha permitido que cientos de víctimas que durante décadas guardaron silencio puedan ahora buscar justicia y compensación por los abusos sufridos. Las reformas de transparencia y protección infantil incluidas en este acuerdo podrían establecer un precedente para futuros casos similares en otras jurisdicciones del país.