Los acusados son Khaled al Halabi, exjefe de una brigada del servicio secreto sirio apodado como el general de la tortura, que está en prisión preventiva en Viena desde 2024, y Musab Abu Rukbah, exjefe de la policía criminal en Raqa, norte de Siria, según informó la agencia APA. Ambos se declaran inocentes.

Al Halabi llegó a Austria en 2015, trasladado desde Francia en una operación secreta de los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, y de Austria, que entonces lo protegieron y le facilitaron asilo, según el periódico austriaco Der Standard. Al Halabi supuestamente espió para Israel en Siria. Su estancia en Austria pasó desapercibida hasta que fue destapado el escándalo, entre otros, por una investigación de la ONG de derechos humanos Commission for International Justice and Accountability. La justicia intervino y abrió causa a varios agentes del servicio de inteligencia interno, y al hoy acusado Al Halabi.

La investigación y persecución penal del caso duró ocho años, según destacó el fiscal al comenzar la audiencia, quien calificó el proceso como un "gran desafío". Se trata del primer caso ante un tribunal austriaco que juzga "las medidas aplicadas contra la población civil en el sistema penitenciario" sirio y los crímenes del régimen derrocado en 2024.

A Al Halabi se le imputan delitos de tortura, coacción grave, coacción sexual y una multitud de lesiones corporales graves, mientras que Abu Rukbah afronta cargos por lesiones corporales graves, coacción grave y coacción sexual. En caso de ser declarados culpables, enfrentan penas de hasta diez años de prisión.

Según el fiscal, la situación jurídica en Austria es "muy favorable" para los acusados porque se les debe aplicar el marco legal vigente entre los años 2011 y 2013, que para las lesiones corporales contemplaba penas considerablemente inferiores al actual y reformado código penal.

La acusación formal afirma que bajo el régimen del depuesto presidente sirio Bachar al Asad, la tortura se utilizó "de manera sistemática" para "reprimir el movimiento de protesta contra el régimen de entonces e intimidar a la población", y para forzar la confesión de los detenidos. Entre los "métodos de tortura estandarizados" en Siria, el fiscal destacó, a modo de ejemplo, cómo tras sobrevivir a "orgías de golpes", los prisioneros eran rociados con una manguera y golpeados.

El proceso, amparado por el derecho internacional dado que trata crímenes de lesa humanidad, cuenta con testimonios de las víctimas y residentes en Siria y en varios países de Europa. Varias ONG defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han sido claves para la difícil recopilación de pruebas en este caso.

"Los representantes de la acusación particular no comparecen ante el tribunal con el objetivo de la venganza. Lo que buscan es un proceso justo", declaró Tatiana Urdanetta-Wittek, activista de CEHRI (Center for the Enforcement of Human Rights International), quien representa directamente a 18 de los 21 afectados.

Nadja Lorenz, representante de dos de las víctimas, añadió que los afectados se encuentran actualmente dispersos por toda Europa. "Aunque en este proceso se juzga a individuos, el trasfondo, la opresión de los insurgentes por parte del régimen sirio, también está a debate aquí", dijo.

Alemania destaca como uno de los países que ha puesto más empeño en llevar a juicio a personas del régimen sirio acusadas de torturas y asesinatos. El año pasado condenó al médico Alaa M. a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad tras juzgarlo por torturar y matar a detenidos en hospitales militares. Alaa M. llegó a Alemania como refugiado en 2015 y fue detenido cinco años después al reconocerle varias víctimas también acogidas en el país.

Alemania fue pionera en aplicar la justicia universal al régimen de Al Asad al sentar en 2020 en el banquillo a dos exoficiales. Uno de ellos fue condenado a cadena perpetua y el otro a cuatro años y medio de prisión.

El juicio en Viena representa un paso significativo en la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil siria, que comenzó en 2011 con protestas contra el régimen de Al Asad. El proceso demuestra la aplicación del principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales nacionales juzgar crímenes graves independientemente de dónde se cometieron o la nacionalidad de los acusados y víctimas, cuando se trata de violaciones graves del derecho internacional humanitario.