Banqueros piden a la Suprema Corte mayor seguridad jurídica en México
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Banqueros piden a la Suprema Corte mayor seguridad jurídica en México

Directivos bancarios, encabezados por Emilio Romano de Bank of America México, se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar claridad y agilidad en los procesos judiciales, en un contexto de profunda reforma al Poder Judicial mexicano.

POLÍTICA19 NOV 2025

Seis directores de bancos sostuvieron una reunión crucial con Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objetivo de impulsar la seguridad jurídica en el sistema judicial mexicano. Entre los participantes destacó Emilio Romano, director ejecutivo de Bank of America México, quien manifestó su compromiso de adaptarse a la nueva realidad judicial del país.

La reunión se produce después de una significativa reforma judicial que modificó la manera de designar jueces, ahora mediante voto directo ciudadano. Los banqueros buscan contribuir a esta nueva etapa del Poder Judicial, enfocándose en agregar certidumbre a la impartición de justicia.

Uno de los cambios más relevantes discutidos fue una reciente jurisprudencia que redefine la relación entre instituciones financieras y usuarios en litigios por cargos no reconocidos. Ahora, los bancos deberán probar que el cliente autorizó cada operación, un giro importante respecto a las prácticas anteriores.

Romano Mussali fue enfático al señalar: "Es lo que hay, esta es la reforma judicial que tenemos y no estamos viendo para atrás". Esta postura refleja la disposición del sector bancario a adaptarse a los nuevos marcos legales.

El contexto económico añade relevancia a esta búsqueda de seguridad jurídica. Bank of America prevé un crecimiento económico del 0.6% para 2025 y del 1% para 2026 en México, condicionado significativamente a la estabilidad del sistema judicial.

Los banqueros solicitaron específicamente agilizar los litigios sin recurrir a medidas oportunistas, buscando un equilibrio que fortalezca la confianza en las instituciones judiciales mexicanas.

Esta iniciativa se enmarca en un momento crucial para México, donde la seguridad jurídica se perfila como un elemento determinante para atraer inversiones y mantener la competitividad económica regional.

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