Colombia enfrenta crisis fiscal con déficit del 6,4% del PIB mientras candidatos presidenciales debaten soluciones

El desequilibrio fiscal que enfrenta Colombia tiene raíces estructurales que se remontan décadas atrás, pero se agravó significativamente durante la pandemia de COVID-19 y no ha logrado corregirse en los años posteriores. Según Andrés Giraldo, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, "el problema, más que nacer en la pandemia, se agravó durante ese periodo", y señala que el desequilibrio es estructural y se remonta a la implementación de la Constitución de 1991, que consagró una lista de gastos sociales que el Estado está obligado a cubrir.

El déficit fiscal se mide a través del balance primario, que resta lo que ingresa y lo que gasta el Estado sin contar los intereses de la deuda. En Colombia, esa cuenta rara vez es positiva: según el centro de pensamiento Anif, solo 8 de los últimos 35 años cerraron con las cuentas en verde por esa vía, lo que se conoce como superávit primario. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, ya que casi todos los países conviven con déficit, incluyendo Estados Unidos, que lo arrastra año tras año, e incluso Alemania, que tras mantener equilibrio durante buena parte de la década pasada, ha vuelto a gastar más de lo que ingresa tras la pandemia.

**La regla fiscal y sus limitaciones**

Colombia intentó establecer límites al gasto desde 2010, cuando se creó una regla fiscal que el Congreso convirtió en ley en julio de 2011, con Juan Carlos Echeverry en el Ministerio de Hacienda. Concebida en el ocaso del gobierno de Álvaro Uribe y sancionada bajo el primer mandato de Juan Manuel Santos, la norma limita el crecimiento de los egresos.

Jorge Iván González, primer director del Departamento Nacional de Planeación en el gobierno de Gustavo Petro, es crítico de esta regla. Explica que desde que se aplica esa norma "la deuda no se reduce" y concluye que "no ha sido el instrumento adecuado para disminuirla". La norma ataba al Estado a ir reduciendo el déficit estructural, no a reducir la deuda, y mientras haya déficit, por pequeño que sea, el Estado acumula deuda para cubrir los faltantes. Aunque hubiese voluntad, el Estado solo logró un superávit primario en 2019, y el intento de disciplina se rompió con la pandemia.

**El impacto de la pandemia**

Con el gasto social disparado para atender la emergencia y el hundimiento del recaudo tributario por la crisis económica que se desató, el gobierno de Iván Duque hizo lo que todo el mundo: endeudarse. La deuda bruta saltó casi un 24% en un año, de 500,8 billones de pesos en 2019 a 619,6 billones en 2020, según datos oficiales. El déficit fiscal se disparó al 7,8% del PIB ese año y se mantuvo en 7,1% en 2021, los dos registros más altos de la historia reciente.

El gobierno suspendió la regla fiscal argumentando la emergencia en 2020 y en 2021 impulsó una ley que cambió la ecuación a la que debe someterse el Estado. Así, cambió el criterio del déficit a la relación entre la deuda y el PIB, con un ancla del 55% y límite del 71%; se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal o CARF, un vigilante técnico e independiente del Ejecutivo; e incorporó la cláusula de escape para futuras emergencias. "En pandemia se hizo lo que se podía", concede Giraldo, con matices sobre el manejo del fondo de combustibles, que acumuló deudas billonarias.

**El estallido social de 2021**

Pasada la crisis, vino la hora de pagar la cuenta. El primer intento lo encabezó en abril de 2021 el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con una reforma tributaria que buscaba recaudar unos 23 billones de pesos, ampliando la base de contribuyentes, extendiendo el IVA a la canasta básica de alimentos y creando una devolución de ese impuesto a los más pobres.

El proyecto fracasó y alimentó el descontento social. Carrasquilla caldeó los ánimos cuando, en una entrevista, dijo que una docena de huevos costaba 1.800 pesos, cuando cuadruplicaba ese precio, lo que terminó de instalar la indignación contra unos dirigentes que parecían ignorar cuánto costaba comer en un país que enfrentaba un pico de pobreza y hambre por la pandemia.

Las calles estallaron. Duque retiró la reforma el 2 de mayo de 2021 y aceptó la renuncia de Carrasquilla al día siguiente. Dos meses más tarde, la calificadora Fitch degradó la calificación crediticia del país, lo que encarece la deuda. Para buscar una solución, llegó a Hacienda José Manuel Restrepo, actual fórmula vicepresidencial de Abelardo de La Espriella, quien logró una reforma más estrecha en septiembre de ese año. Subió la tasa del impuesto de renta empresarial del 31% al 35% e impuso una sobretasa al sector financiero. Fue apenas un paliativo: "Ninguna de esas reformas fue estructural", dice Giraldo, quien cuestiona al economista: "Ahora propone bajar los impuestos que él mismo creó". Desde entonces, otras dos calificadoras han rebajado la calificación crediticia de Colombia.

**El crecimiento del gasto bajo Petro**

El gobierno de Gustavo Petro heredó un problema conocido pero de dimensiones inéditas, y lo profundizó, según los datos disponibles. El gasto primario pasó del 15,8% del PIB en 2019 al 19,9% en 2025. Eso no es un problema en sí, apunta Giraldo, pero convive con una anemia de inversión, que empaña el crecimiento futuro. Además, hay rastros de ineficiencia.

Según Anif, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales disparó su nómina un 545% mientras otorgaba un tercio menos de licencias. La DIAN, la agencia tributaria colombiana, sumó más de 10.000 cargos en dos años y, aun así, el recaudo de 2025 quedó 9,5 billones de pesos por debajo de la meta. De cada 100 pesos de inversión del presupuesto de 2026, solo 35 son inversión productiva, según ese mismo centro de pensamiento.

Todo eso ha apretado la caja del gobierno. Para aliviarla, el Ministerio de Hacienda ha manejado la deuda: alargó los plazos y redujo la deuda externa, que pasó del 41,9% del total en diciembre de 2022 al 26,6% en abril de 2026, pero aumentó la interna, pagando intereses más altos. Las medidas del último año han sido financieras más que económicas, y están lejos de corregir el problema de fondo.

La prueba de ello es que el déficit primario, que excluye los intereses de la deuda, escaló en 2025 al 3,5% del PIB, el tercer nivel más alto en este siglo y el mayor si se excluyen los años de crisis, 2020 y 2021, según datos oficiales.

**El problema de credibilidad**

Eso crea un reto de credibilidad. El gobierno de Petro ha presentado presupuestos inflados, que se sustentan en reformas tributarias futuras. El Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado el viernes pasado, dice Giraldo, padece el mismo mal de los últimos años: "Son desbordadamente optimistas y no tienen sustento en los fundamentales de la economía colombiana. Básicamente, le tiran el problema al siguiente gobierno".

**Las propuestas de los candidatos**

En respuesta a la crisis fiscal, el candidato ultraderechista propone recortar el Estado un 40%, siguiendo el modelo de Javier Milei en Argentina. Pero eso implicaría reformar distintas leyes e incluso la Constitución: hoy el gasto inflexible, el que define normas diferentes al presupuesto anual, ronda el 93% de los gastos, según el CARF.

En la misma línea de reducción del gasto, pero moderado, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas propone un ajuste de cerca de 3 puntos del PIB para 2030, concentrado en recortes de burocracia, subsidios mal focalizados e intereses.

Pero González, exdirector del DNP, sostiene que recortar "es imposible". Su tesis se apoya en la ley de Wagner, que establece que el gasto público aumenta a un ritmo superior al crecimiento de una economía. Para González, el desequilibrio es estructural y tiene dos motores que se retroalimentan: impuestos que no suben lo suficiente y un gasto rígido que no para de crecer. Como contraejemplo, señala que Japón tiene una proporción deuda-PIB del 240%. "Hay que ampliar la mirada a todas las finanzas públicas, no solo a las del Gobierno central", dice, y recuerda que el Estado colombiano gasta menos que la media de los países del norte de Europa.

**Propuestas alternativas**

Sobre esa premisa, González plantea tres frentes. El primero, impulsar la tributación internacional: gravar las grandes fortunas y cerrar los paraísos fiscales, en línea con la organización Oxfam, el economista Thomas Piketty o el llamado impuesto Tobin, a la compraventa de activos financieros.

El segundo, una reforma tributaria territorial, que enganche los impuestos de la nación con los de departamentos y municipios y capture la valorización del suelo y el desarrollo urbano.

Y el tercero, gastar mejor lo que hay: presupuestar por programas, atando cada peso a un objetivo medible, y ordenar el reparto de los recursos que deja la explotación de petróleo y minería.

**Implicaciones para el futuro**

El debate sobre cómo sanear las finanzas públicas se ha convertido en la papa caliente de la campaña presidencial. Los críticos del presidente Gustavo Petro culpan al gasto desbordado de su gobierno de izquierda; el presidente apunta a su antecesor, el derechista Iván Duque. La realidad se reparte entre los dos, según los analistas consultados.

El próximo gobierno enfrentará decisiones difíciles: recortar el gasto implica reformar leyes y posiblemente la Constitución, mientras que aumentar los ingresos requiere reformas tributarias que han demostrado ser políticamente explosivas. La degradación de la calificación crediticia por parte de tres calificadoras internacionales ha encarecido el costo de la deuda, limitando aún más las opciones del próximo mandatario.

Con el gasto inflexible rondando el 93% del presupuesto y una inversión productiva que representa solo el 35% de cada 100 pesos invertidos, el margen de maniobra es estrecho. La solución, coinciden varios expertos, requerirá una combinación de medidas que incluyan tanto ajustes en el gasto como reformas estructurales en el sistema tributario, pero el consenso político para implementarlas sigue siendo esquivo en un país polarizado.