La demanda, presentada el martes en el tribunal federal de Washington, argumenta que el Departamento de Justicia está abandonando "principios fundamentales de la justicia estadounidense" al divulgar lo que el equipo legal de Biden describe como "información privada" del expresidente, según reportó Time.

Según la presentación judicial, el Departamento de Justicia informó a Biden que planea liberar los materiales el 15 de junio al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. y a Heritage Foundation, que demandó para obtener acceso a los registros bajo la Ley de Libertad de Información en 2024, según Time.

La fundación buscó acceso a materiales utilizados en la investigación de 2023 del entonces fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden cuando sirvió como vicepresidente entre 2009 y 2017, según Time.

Hur optó por no presentar cargos contra el presidente, caracterizándolo como "un hombre anciano bien intencionado con mala memoria", según Time. Sin embargo, Hur alegó en su informe que Biden había divulgado información clasificada de sus cuadernos al escritor fantasma Mark Zwonitzer durante entrevistas para las memorias, algo que Biden negó vehementemente, según Time.

El informe de Hur, publicado en 2024, también planteó preguntas sobre la aptitud de Biden para el cargo, según BBC. El fiscal especial observó en el informe que "la memoria del señor Biden también parecía tener limitaciones significativas" y describió las entrevistas con Zwonitzer como "dolorosamente lentas, con el señor Biden luchando por recordar eventos y esforzándose a veces por leer y transmitir sus propias entradas de cuaderno", según BBC.

El informe de Hur causó una tormenta política en Washington y puso el foco en la edad y salud de Biden, según BBC. Biden finalmente terminó su campaña de reelección después de un desastroso desempeño en un debate que generó preocupaciones entre sus compañeros demócratas, según BBC. Biden se retiró de las elecciones de 2024 tras repetidos cuestionamientos sobre su edad y competencia mental, y respaldó a Kamala Harris como la candidata demócrata que finalmente no tuvo éxito, según The Guardian.

Los republicanos, mientras tanto, comenzaron a investigar la posibilidad de destituir a Biden, y legisladores de tres comités del Congreso solicitaron los registros de las entrevistas para las memorias como evidencia, según BBC. Heritage Foundation también luchó en los tribunales para obtenerlos, según BBC.

El Departamento de Justicia previamente se opuso a la divulgación de las entrevistas para las memorias debido a preocupaciones de privacidad, según BBC. Sin embargo, bajo el presidente Donald Trump, cambió de rumbo, según BBC.

"El Departamento de Justicia de Joe Biden intentó ocultar grabaciones de audio que claramente demuestran un declive significativo en sus capacidades cognitivas desde 2016", dijo la portavoz del Departamento de Justicia Natalie Baldassarre en un comunicado, según BBC. "Lucharemos para asegurar que el pueblo estadounidense pueda escuchar estas grabaciones y sacar sus propias conclusiones sobre la agudeza mental del expresidente antes de que buscara la presidencia", según BBC.

La abogada de Biden, Amy Jeffress, argumenta en la nueva demanda que el Departamento de Justicia bajo el presidente Donald Trump "revirtió" su posición anterior de que los materiales estaban exentos de divulgación a principios de 2026, "sin ninguna explicación formal", según Time.

"El presidente Biden cooperó plenamente con el fiscal especial Hur, y acordó proporcionar cintas de audio de conversaciones con su biógrafo para un libro sobre su hijo fallecido con la condición de que no se harían públicas", dijo el portavoz de Biden, TJ Ducklo, a Time. "El propio Departamento de Justicia ha dicho que estas cintas no sirven a ningún interés público. Lo que está sucediendo ahora no se trata de transparencia. Se trata de política", según Time.

En su demanda, los abogados de Biden describieron las conversaciones como privadas y sensibles, según BBC. Argumentaron que los materiales estaban protegidos por la Ley de Privacidad, y que el Departamento de Justicia estaba violando la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece las pautas legales para cómo opera el gobierno, según BBC.

También acusaron al Departamento de Justicia de usar una justificación falsa "para divulgar registros que reflejan las conversaciones privadas del presidente Biden por el bien de la exposición, entre otros propósitos impropios", según BBC.

"Cada estadounidense, incluido un vicepresidente en ejercicio o anterior, tiene derecho a la privacidad en las conversaciones personales que tiene dentro de su propio hogar", argumenta Jeffress en la demanda, según Time.

El material incluye grabaciones y transcripciones de conversaciones con Zwonitzer que comenzaron en 2016 antes de las memorias de 2017 del expresidente tituladas "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose" (Prométeme, papá: Un año de esperanza, dificultades y propósito), según Time.

Como parte de la redacción de sus memorias de 2017, Biden habló con el coautor Mark Zwonitzer sobre eventos relacionados con la muerte de su hijo mayor Beau en 2015, según BBC. Según la demanda, las conversaciones implicaron que Biden relatara "el año políticamente consecuente y personalmente doloroso de su vida que comenzó en el Día de Acción de Gracias de 2014", según Time.

"Ese año, el presidente Biden navegó una serie de desafíos de política exterior y nacional como vicepresidente y consideró una candidatura a la presidencia en 2016", detalla la presentación, según Time. Al mismo tiempo, el hijo mayor de Biden, Beau, estaba luchando contra el cáncer cerebral y finalmente falleció en mayo de 2015 a los 46 años, según Time.

"Las dimensiones públicas y privadas de la vida del presidente Biden siempre han estado entrelazadas, pero quizás nunca más que durante ese año difícil. El presidente Biden y Zwonitzer grabaron sus conversaciones para usarlas en la escritura de Promise Me, Dad, y ambos entendieron que estaban hablando en privado", establece la demanda, según Time.

Hur dijo en su informe, citando grabaciones con Zwonitzer, que durante las entrevistas Biden se refirió a notas que había tomado mientras servía como vicepresidente, algunas de las cuales parecían contener información clasificada, según BBC.

En su informe, Hur encontró que Biden "retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era un ciudadano privado", incluidos "documentos clasificados sobre política militar y exterior en Afganistán", pero dijo que no justificaba cargos criminales, según The Guardian.

Biden dio la bienvenida al informe de 345 páginas, pero rechazó la afirmación de Hur de que tenía una memoria "significativamente limitada" porque luchaba por recordar eventos y hechos clave, según The Guardian. "Mi memoria está bien", dijo a un periodista en febrero de 2024, señalando que su entrevista con Hur fue inmediatamente después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 contra Israel, según The Guardian. "Estaba en medio de manejar una crisis internacional", según The Guardian.

Biden ha luchado por separado contra la divulgación del audio de su entrevista con Hur, una porción del cual se filtró el año pasado, según The Guardian. La Cámara de Representantes controlada por republicanos votó en 2024 para declarar a Merrick Garland, el fiscal general de Biden, en desacato al Congreso por negarse a entregar ese audio después de que la Casa Blanca ejerciera privilegio ejecutivo, protegiéndolo del Congreso, según The Guardian.

Si bien Biden fue enfático en que trató la información clasificada con seriedad, la transcripción muestra que a veces estaba confuso sobre fechas y detalles y dijo que no estaba familiarizado con el rastro documental de algunos de los documentos sensibles que manejó, según The Guardian.

El 12 de mayo, Biden pidió a un juez federal que bloqueara la divulgación de los materiales, según Time. En la presentación judicial, el abogado del expresidente acusó al Departamento de Justicia de "abandonar su deber de proteger archivos de aplicación de la ley", argumentando que "la ley no ha cambiado, pero no obstante, el departamento ha revertido el rumbo", según Time.

El 21 de mayo, el tribunal "concedió la intervención en algunos pero no todos los reclamos cruzados propuestos por el presidente Biden" y le impidió perseguir reclamos sobre la solicitud del comité de los audios y transcripciones, según registros judiciales citados por Time.

Los republicanos han argumentado que Biden estaba recibiendo un pase de su propio Departamento de Justicia y que Donald Trump, quien también estaba bajo investigación por tomar indebidamente documentos clasificados y almacenarlos en Mar-a-Lago, su residencia en Florida, había sido injustamente victimizado por los fiscales, según The Guardian.

Trump fue investigado por otro fiscal especial, Jack Smith, y acusado en un caso que finalmente fue desestimado por Aileen Cannon, una jueza de Florida que él nombró, según The Guardian. En febrero, Cannon bloqueó al Departamento de Justicia de publicar el informe de Smith sobre la investigación, según The Guardian.

Los demócratas enfatizaron la cooperación de Biden en la investigación en su contra, y contrastaron eso con el caso de Smith contra Trump, quien fue acusado de negarse a devolver documentos clasificados solicitados por los Archivos Nacionales, según The Guardian.

Trump, mientras tanto, emitió un fuerte rechazo a la demanda de Biden el martes por la noche, refiriéndose al expresidente demócrata como "un político corrupto", según Time.

Después de regresar a la Casa Blanca el año pasado, Trump ordenó una investigación sobre Biden y sus asistentes, acusando a estos últimos de ocultar el "grave declive cognitivo" de Biden y abusar del poder de las firmas presidenciales "mediante el uso de un autopen", según Time. Trump lo describió como uno de los escándalos "más peligrosos" en la historia de Estados Unidos, según Time.

Biden se refirió a las afirmaciones como "ridículas y falsas", insistiendo: "Déjenme ser claro: yo tomé las decisiones durante mi presidencia. Yo tomé las decisiones sobre los indultos, órdenes ejecutivas, legislación y proclamaciones", según Time. El expresidente dijo que la investigación era "nada más que una distracción de Donald Trump y los republicanos del Congreso", según Time.

La demanda de Biden acusa al Departamento de Justicia de una "invasión injustificada de la privacidad del presidente Biden", según The Guardian. Busca detener al departamento, que una vez luchó por mantener las transcripciones y grabaciones en secreto, de entregarlas al Comité Judicial de la Cámara de Representantes controlado por republicanos y a Heritage Foundation, según The Guardian.

"Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos obtiene esa información privada a través de una investigación criminal, el Departamento tiene una responsabilidad particular de protegerla de la divulgación", escribieron sus abogados sobre las conversaciones de 2016 y 2017 con Mark Zwonitzer, el autor que trabajó con Biden en dos memorias, según The Guardian.

El equipo legal de Biden sostiene que las grabaciones y transcripciones deben permanecer "exentas de divulgación" bajo las exenciones de la Ley de Libertad de Información y deben ser prohibidas permanentemente de ser divulgadas, según Time.