Erick Terán quiso explorar si la carrera militar era su vocación. Su madre, Erika Torbellín, apoyó su decisión a pesar de sus reservas iniciales. El adolescente estudió casi siete meses en la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc de Ciudad de México sin incidentes aparentes hasta el 18 de abril de 2025, cuando confesó a su madre que otros niños lo habían golpeado por defender a una amiga. Cuando ella le preguntó si deseaba continuar en la institución, él respondió afirmativamente. Murió cinco días después en un campamento organizado por la escuela en Morelos, sin que la institución contara con los permisos necesarios para realizar la actividad.
Fue en el funeral cuando Torbellín se enteró, a través de testimonios de compañeros de su hijo, que los responsables de las "atrocidades" contra los niños eran los propios instructores. Según relatos de alumnos, a Erick lo arrastraron por el piso y golpearon repetidamente en el abdomen y las costillas. Lo obligaron a luchar con otros niños y, si perdía, lo castigaban con mayor severidad. Los estudiantes describieron castigos que incluían pisoteos, obligar a los menores a lamer el piso con la lengua, limpiar pisos con cepillos de dientes y lavar baños durante horas de clase. El director del plantel y una tutora fueron detenidos, pero no han recibido sentencia. Torbellín asegura que hay más personas involucradas que continúan en libertad.
La Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc intentó atribuir la muerte de Erick a problemas de salud, alegando que el adolescente se drogaba, padecía asma, deshidratación, enfermedades cardíacas y otros padecimientos. Esta estrategia de encubrimiento se repetiría en los otros dos casos.
Tres años antes, en el Estado de México, la familia Pinto enfrentó una tragedia similar. El 27 de noviembre, alguien desde el interior de una academia militarizada envió un mensaje a la tía de Zamir Pinto informándole que el joven de 16 años había muerto por un ataque de epilepsia. Sin embargo, la autopsia reveló que la causa real fue traumatismo abdominal profundo: Zamir fue pateado repetidamente en el estómago. El instructor Jonathan Jesús, de 29 años, fue detenido por el caso.
El caso más reciente es el de Dafne Zapata, de 13 años, quien falleció en el campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz. La necropsia indicó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Su madre, Alejandra Quintos, asegura que Dafne murió "torturada, de una manera espantosa", mientras que los directivos de la escuela sostienen que la niña se desvaneció y murió en las regaderas. El caso se investiga como feminicidio. Una joven de 18 años que se desempeñaba como instructora auxiliar al cuidado de las niñas fue detenida, pero la madre exige la detención de otras cuatro personas involucradas en los hechos.
Erika Torbellín encontró similitudes perturbadoras entre la muerte de su hijo y la de Dafne Zapata. "Fueron torturados hasta fallecer. Los maltratos y golpes son parecidos, el exceso de ejercicio. Es como si ya tuvieran un patrón, una forma de actuar. Me hace pensar si hay algún tipo de relación entre ellos", explicó. Ambas familias reportaron que las instituciones intentaron encubrir las causas reales de muerte mediante falsas atribuciones a problemas de salud. Torbellín también señaló que parte del personal de la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc ahora trabaja en otros centros con el mismo modelo educativo, lo que sugiere una posible red de instituciones que comparten prácticas abusivas.
Las academias militarizadas operan bajo un "código de silencio" donde los alumnos temen reportar lo que les ocurre porque son amenazados. A la muerte de cada menor le siguieron decenas de denuncias de compañeros en cada una de las academias. Los testimonios describen violencia extrema entre compañeros y desde instructores, palizas como rituales de iniciación, ejercicio forzoso, acoso sexual, castigos extremos y encierros. Las autoridades han encontrado que muchos trabajadores carecen de la formación obligatoria para educar a menores de edad o los títulos militares que dicen poseer cuando promocionan sus cursos.
El problema fundamental radica en la ausencia de regulación específica. Los centros de formación castrense continúan operando sin una categoría legal clara ni normas específicas que regulen sus métodos de enseñanza y disciplina. Esta laguna legal permite que instituciones con prácticas abusivas funcionen sin supervisión efectiva, sin inspecciones regulares y sin mecanismos de rendición de cuentas.
Erika Torbellín describió su proceso de duelo como "horrible". "Tuve que tomarme un tiempo para recuperarme mentalmente. Primero estás en el proceso legal, pero ya cuando llegas a tu casa y empiezas a notar el silencio, es algo muy duro", compartió. Además del trauma emocional, la familia enfrentó gastos significativos derivados de los procedimientos legales. La escuela se comprometió a proporcionar una reparación económica por los daños, pero hasta el momento no ha cumplido. "Yo no quiero nada con tal de que cumplieran, pero pareciera que ya no les importan los niños", afirmó.
Torbellín exige justicia y regulación. "Exijo justicia. Ya son tres niños. Al mío lo tomaron como un caso aislado y claramente no lo es", declaró. Pide que las autoridades vigilen estas instituciones mediante regulación efectiva, inspecciones periódicas y cuestionamientos sobre cómo son tratados los estudiantes. "Por lo menos las regulen, que las vayan a visitar, que vayan con preguntas de cómo han sido tratados. Cosas así que pueden ayudar mucho a que no vuelva a pasar una tragedia", expresó.
La madre de Erick no desea que otras familias experimenten lo que ella ha vivido. Su llamado es claro: las academias militarizadas de México requieren regulación inmediata, supervisión constante y mecanismos de protección para menores que actualmente no existen. Sin estas medidas, el patrón de violencia que cobró la vida de Zamir Pinto, Erick Terán y Dafne Zapata continuará repitiéndose en instituciones que operan en la impunidad.