Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado mientras comía, de espaldas a la calle, sin posibilidad de ver o escuchar a sus agresores. A los 60 años, con una larga trayectoria profesional caracterizada por sus críticas feroces a los gobiernos de Morena en Oaxaca, se convirtió en el séptimo periodista asesinado en México en 2026. Escribía la columna "El zumbido del Moscardón", que también compartía en TikTok, donde en noviembre de 2025 advirtió públicamente que si algo le sucedía a él o a su familia, hacía responsable al gobernador de Oaxaca Salomón Jara, a su secretario de Gobierno Jesús Romero, y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero.

En su último video, Leyva Aguilar anunció que su columna del día contendría información sobre "la permisibilidad del gobernador Salomón Jara para institucionalizar el crimen" a través de su hermano Noé Jara y la ASAEO (Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca), por presuntas extorsiones. En contenidos anteriores había acusado al gobernador de tener "al narco metido hasta las narices" en su administración, lo que explicaba el aumento de la violencia en el Estado. También criticó la organización del Festival Folclórico Tradicional de la Guelaguetza, su poca afluencia y los posibles nexos entre la Secretaría de Turismo y el crimen organizado.

El gobernador Jara respondió el viernes diciendo que está dispuesto a declarar si la Fiscalía de Oaxaca lo cita, pero aseguró que "no existe ningún elemento para sostener una afirmación de esa naturaleza que pueda inculpar" y que "la Fiscalía debe determinar responsabilidades". Las autoridades locales difundieron videos de los momentos previos al ataque que muestran al menos tres hombres y una motocicleta implicados en el asesinato. En uno de los videos, antes de disparar, uno de los atacantes hace una llamada por celular.

Reporteros Sin Fronteras documentó que el 14 de julio de 2025, Leyva acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para presentar una denuncia tras recibir amenazas de muerte. Posteriormente presentó una denuncia ante la FGR contra el gobernador y los dos funcionarios que había denunciado en su video.

Josué Martínez Contreras, de 39 años, fue asesinado el 16 de julio frente a su madre y su hijo de 13 años, quien hizo la llamada a emergencias. Varios hombres en motocicleta le dispararon cerca de su casa en Puebla. Era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, abogado y académico que reportaba sobre seguridad, servicios públicos y administración local. Lo llamaban "El Jaguar" y era seguidor del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado a tiros el 1 de noviembre de 2025. Manzo fue líder del Movimiento del Sombrero, que comenzó como símbolo de resistencia contra la violencia en México y luego evolucionó hacia un movimiento político.

Un video de noviembre pasado mostró el hostigamiento que Contreras sufría de las autoridades después de denunciar tomas clandestinas de agua potable en su municipio y la falta de transparencia en el dinero público del servicio de agua. Según relata en la grabación, el presidente municipal y personal de la Conagua llegaron a su casa acusándolo de no haber pagado varios recibos de agua. Contreras mostró a cámara los recibos pagados, pero aun así fue obligado a pagar una "multa" de 6.000 pesos (aproximadamente 350 dólares). "El meollo de todo este asunto es que no los dejamos hacer un negocio jugoso para llevarse el agua. Lo que quieren es quitarme, hacerme a un lado", dijo en el video, que terminó con la frase: "Recuerden que más vale morir con la fuerza del pueblo que morir de rodillas. Vamos a luchar por nuestro pueblo y por nuestro municipio".

Hace solo unos días, Javier Montalvo, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, fue detenido por intentar sobornar a policías que investigaban el homicidio de Contreras.

Manuel Alejandro Mora Serna, conocido como "Alex Serna", tenía 39 años y producía contenido periodístico para YouTube y redes sociales sobre medio ambiente, especialmente sobre gestión del agua, daños ambientales y casos de corrupción en Zihuatanejo, Guerrero. Visitaba lugares recónditos para documentar con su cámara estructuras que impedían el flujo del agua, nombrando con nombre y apellido a los presuntos responsables, sin importar si se trataba de empresarios, políticos de cualquier partido o presuntos miembros del crimen organizado.

En marzo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Serna publicó una captura de pantalla de una amenaza de muerte que había recibido presuntamente de un familiar de la alcaldesa priista de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, a quien acusaba regularmente de corrupción. El CPJ confirmó, citando en anonimato a un funcionario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que Serna no había sido incorporado a un programa de protección.

Serna publicó por última vez en sus redes el 20 de junio. Antes había denunciado con documentos que una empresa deshidratadora de mango operaba desde 2017 sin permisos ambientales en La Saladita, una playa a 40 kilómetros de Zihuatanejo. Su familia reportó su desaparición y la Comisión de Búsqueda difundió su ficha. El 3 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero confirmó el hallazgo de su cuerpo. Algunos medios locales reportaron que presentaba huellas de tortura.

Veracruz, el Estado más peligroso para la prensa en años recientes, registró cuatro de los siete asesinatos de 2026. El 8 de enero, Carlos Leonardo Ramírez Castro, de 26 años, fue asesinado a tiros en Poza Rica. Era director del medio digital Código Norte Veracruz y cubría nota roja, denuncias ciudadanas y eventos sociales. Había denunciado amenazas anteriormente y desde 2024 tenía medidas de protección de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), que concluyeron meses antes de su asesinato después de que abandonara temporalmente Veracruz. En 2024, según Artículo 19, fue víctima de intimidaciones por parte de policías municipales. Había regresado a la ciudad en los últimos meses de 2025.

El grupo delincuencial que perpetró su asesinato publicó el video del ataque. "El hecho de que los sicarios grabaran y posteriormente difundieran el crimen refleja el nivel de impunidad con el que operan en la región", reportaron medios locales.

El caso de Ramírez Castro no terminó con su asesinato. El día de su funeral, 10 de enero, dos jóvenes de 23 años desaparecieron: Wendy Arantza Portilla Ramos, pareja del periodista, y su amiga Karime Monserrat Murrieta Reséndiz. Ambas siguen en paradero desconocido. Sus fichas de búsqueda inundan las redes de familiares y amigos ante el silencio de las autoridades, mientras dos órdenes de aprehensión han sido giradas en las investigaciones por el homicidio del periodista.

Cinco meses después, en la misma ciudad, asesinaron a tiros a Luis Ángel López Valdez, reportero de 29 años, colaborador del medio Vanguardia de Veracruz. López Valdez era ingeniero y parte de la organización Cruz Ámbar, dedicada a atención de urgencias médicas prehospitalarias, rescate y protección civil. Contaba con protección de la CEAPP tras haber recibido amenazas anteriormente.

Durante su funeral, dos compañeras lo describieron como un joven trabajador y alegre, ingeniero de profesión dedicado al periodismo, especialmente a la nota policial. "Era un hombre al que le gustaba su trabajo, le apasionaba. Él pidió medidas de protección que no fueron cumplidas. Es triste y lamentable que, como medio de comunicación, como reporteros, estamos dando la noticia de un compañero que ha caído, ejerciendo su trabajo", dijeron entre lágrimas.

Vanguardia de Veracruz aseguró, citando al secretario de Gobierno estatal Ricardo Ahued Bardahuil, que una de las líneas en la investigación del asesinato de López Valdez es una denuncia que el reportero había interpuesto por hostigamiento contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El caso que más ha estremecido al Estado y al país por su brutalidad y visibilidad es el de Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste. El 2 de junio, varios hombres encapuchados forzaron y rompieron la puerta de su casa en Nanchital, en el sur del Estado, para llevársela. Los restos de la mujer fueron encontrados el 3 de julio. Las autoridades confirmaron la detención de ocho personas relacionadas con su desaparición y asesinato, entre ellas cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, municipio vecino.

Esta semana, la fiscalía pidió al Congreso de Veracruz que retire el fuero al presidente municipal de Ixhuatlán, a quien acusa de haber ordenado el secuestro y crimen de la periodista. Según la investigación, el presidente municipal tenía una fotografía que lo comprometía como político: aparecía portando un arma larga.

Juan David Gámez era director del portal "Táctica SS", donde compartía cobertura sobre temas policiales, narcotráfico y corrupción en el ámbito local. Solía hacer denuncias sobre las condiciones de seguridad en la zona y en su sitio web no aparecía información personal ni imágenes de su rostro. Publicaba reportes sobre robos, operativos, secuestros, hallazgos de cuerpos y ataques armados. Su última publicación en redes fue un día antes de ser asesinado a tiros en el municipio de García, Nuevo León. Entre sus últimos posteos está el del 16 de marzo, dos días antes de morir, en el que escribió: "¿Por qué en Nuevo León no podemos hacer periodismo de investigación sin recibir amenazas?"

Mariana Suárez, coordinadora de protección de Artículo 19 en México y Centroamérica, explicó el patrón detrás de estos crímenes: "No hablamos solo del número de periodistas asesinados, sino de un contexto en el que persisten las amenazas, los ataques físicos, las desapariciones, las campañas de estigmatización y todo esto amparado por una impunidad que sigue enviando el mensaje de que agredir a la prensa no tiene consecuencias". Suárez precisó: "No es una suma de casos; todo esto se convierte en un patrón".

Todos los periodistas asesinados recibieron amenazas previas por distintos medios. Algunos habían recibido medidas de protección por denuncias anteriores, sin que eso significara algo para mantenerlos con vida. La mayoría se dedicaba a destapar casos de corrupción política y problemas de inseguridad.

Artículo 19, tras más de 20 años de monitorear el contexto para ejercer el periodismo en México, ha documentado que la mayoría de los periodistas agredidos cubren corrupción y política, representando el 55% de las agresiones. Les siguen quienes cubren seguridad y justicia (nota roja), con un 24%, después quienes hacen coberturas de derechos humanos, con el 12%, y finalmente quienes atienden temas del sector privado y tierra y territorio.

Cuando se pregunta por qué matan a los periodistas en México, Suárez responde: "Es una pregunta dolorosa, es una pregunta que indigna y que duele mucho. Es una pregunta que en Artículo 19 nos hacemos constantemente. Y tal vez escucharán a otros colegas decir esto mismo que voy a contestar: En México se mata a periodistas porque se puede. ¿A quién me refiero con esto? A la impunidad".

La impunidad no es solo la ausencia de justicia. También es un factor que favorece la repetición de las agresiones. Mientras quienes atacan o asesinan periodistas no enfrentan consecuencias, el riesgo para quienes ejercen el periodismo permanece intacto. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido de manera breve y repetitiva a los asesinatos, asegurando que ha instruido a su gabinete para que atienda el asunto, pero los siete casos conservan algo en común: la impunidad casi total.