Bolivia atraviesa una de las crisis políticas y sociales más complejas de los últimos años, con el presidente Rodrigo Paz enfrentando una oleada de protestas que han convertido a La Paz en un campo de batalla y han generado pérdidas económicas estimadas en 600 millones de dólares, según cifras del propio mandatario.

"El país necesita orden y está alcanzando el punto de quiebre", declaró Paz, de 58 años, durante un evento público en La Paz el miércoles, renovando su llamado al diálogo. El presidente, respaldado por Estados Unidos, asumió el cargo hace seis meses en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas.

El martes, el Congreso boliviano levantó las restricciones que impedían a Paz declarar estado de emergencia, allanando el camino para que el mandatario pueda desplegar tropas militares para restaurar el orden. Aunque Paz ha enfatizado hasta ahora la necesidad de diálogo, no ha descartado usar "instrumentos constitucionales" para terminar con el bloqueo de La Paz, una alusión directa a la declaración de estado de emergencia.

"Cualquiera que quiera destruir la nación tendrá que vérselas con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución", afirmó Paz el miércoles, asegurando a la policía y las fuerzas armadas que cuentan con el respaldo público.

Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo con demandas de aumentos salariales para ayudar a los trabajadores a enfrentar la severa crisis económica, suministros estables de combustible y la revocación de una impopular reforma agraria, según reportó Hurriyet Daily News. A pesar de algunas concesiones de Paz, incluyendo modificaciones a la reforma de tierras, las protestas se transformaron en una revuelta generalizada.

Durante las últimas dos semanas, La Paz se ha convertido en un escenario de enfrentamientos repetidos entre la policía antidisturbios y los manifestantes. El miércoles, miles de mujeres indígenas vestidas con sus tradicionales faldas en capas marcharon por La Paz en el Día de la Madre en Bolivia, en apoyo a los trabajadores del transporte en huelga.

"No tenemos miedo de morir. Ya le dijimos que empaque sus maletas y se vaya", declaró a AFP la manifestante Marta Poma Luque, refiriéndose a Paz. La capital política ha sido sitiada por trabajadores de bajos ingresos y miembros de la mayoría indígena que exigen la renuncia del mandatario de centro-derecha.

El gobierno de Paz acusa al expresidente Evo Morales de orquestar los disturbios. Morales se encuentra escondido de cargos por tráfico de una adolescente con quien supuestamente tuvo un hijo, según las fuentes. Sin embargo, Morales declaró a AFP en una entrevista el miércoles que los bolivianos están furiosos porque Paz supervisa "un gobierno totalmente sumiso" a Washington.

"Estoy totalmente convencido de que esta rebelión es contra el modelo neoliberal y el estado neocolonial", afirmó Morales, quien lideró Bolivia de 2006 a 2019 y huyó a México en medio de un levantamiento popular en su contra tras una elección disputada. Regresó del exilio en 2020.

El primer presidente indígena de Bolivia habló en una entrevista virtual desde su bastión político en la región cocalera del Chapare, donde se encuentra refugiado para eludir el arresto por los cargos de abuso sexual de una menor, según Hurriyet Daily News.

En días recientes, residentes de La Paz han organizado pequeñas contramanifestaciones contra los bloqueos que impiden que suministros esenciales lleguen a la ciudad. "La medicina se está encareciendo y algunas se están agotando", declaró Zulm Hinojosa, cuyo hijo de 13 años sufre de asma y problemas cardíacos.

En el hospital público Clínicas de La Paz, uno de los más antiguos y grandes del país, médicos informaron a AFP el martes que solo les quedaban unos pocos días de oxígeno.

Paz ha intentado calmar la furia de los manifestantes anunciando que reducirá su propio salario a la mitad en solidaridad con los pobres, un gesto puramente simbólico dado que sus ingresos mensuales ascienden a alrededor de 24.000 bolivianos (3.500 dólares), según las fuentes. También prometió dar a los grupos indígenas y sindicatos mayor participación en la formulación de políticas y despidió a su impopular ministro de Trabajo, todo sin resultados.

Según el abogado boliviano Mauricio Zárate, citado por Ground News, aunque los bloqueos y protestas han puesto bajo presión al gobierno de Rodrigo Paz, el presidente aún retiene suficiente fuerza política para mantenerse en el poder.

En una entrevista reciente, Paz endureció su discurso contra Morales al afirmar que el exmandatario "tiene los días contados" y lo responsabiliza de las protestas y bloqueos que han paralizado el país durante casi un mes, según reportó Ground News. Al mismo tiempo, rechazó las solicitudes de renuncia y recordó que su mandato está fijado en cinco años por la Constitución, período que afirma que cumplirá.

Las protestas que comenzaron en La Paz a principios de mayo se han extendido con el paso de las semanas a gran parte de Bolivia, poniendo al presidente de centro-derecha contra las cuerdas. Las próximas horas serán clave para determinar si Paz logra abrir un camino de diálogo con los manifestantes o si la situación escalará hacia la declaración de estado de emergencia y el despliegue militar.

La crisis actual representa el mayor desafío político del mandato de Paz, que comenzó hace poco más de seis meses. El país enfrenta una combinación explosiva de crisis económica, escasez de combustible, descontento social generalizado y polarización política, con el expresidente Morales ejerciendo influencia desde su refugio en el Chapare mientras enfrenta cargos penales.

La situación en Bolivia refleja las tensiones profundas entre diferentes visiones del país: el modelo de centro-derecha respaldado por Estados Unidos que representa Paz versus el legado del gobierno de Morales y las demandas de los sectores indígenas y populares que se sienten excluidos de las políticas actuales. Con La Paz sitiada, suministros médicos agotándose y pérdidas económicas que superan los 600 millones de dólares, Bolivia se encuentra en un momento crítico que determinará su rumbo político y social en los próximos meses.