La nueva Ley 1731, publicada en la Gaceta Oficial del Estado horas después de su aprobación, deroga totalmente la ley 1341 sobre Estados de Excepción que rigió desde octubre de 2020, según Deutsche Welle. Esta normativa anterior establecía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales en el control de conflictos.

La ley 1341 fue promovida por el Congreso boliviano hacia el final de la presidencia transitoria de Jeanine Áñez en 2020, entonces controlado por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS), tras las duras represiones de Áñez contra quienes protestaban por el derrocamiento del expresidente Evo Morales, según El País. La norma funcionaba como una especie de candado al Ejecutivo cuando se decretaba un estado de excepción, con limitaciones de tiempo y estableciendo el uso del Ejército solo si la Policía se veía superada.

Específicamente, la ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba que se dispondría de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía "hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden", según Deutsche Welle. También limitaba a 60 días la duración de la medida.

La promulgación de la nueva ley no implica que se dicte automáticamente el estado de excepción, pero el presidente puede disponer ahora, si fuera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que golpean a varias regiones del país, especialmente las andinas de La Paz, Oruro y Potosí, según legisladores citados por Deutsche Welle.

La aprobación de la ley incrementa la presión sobre Paz para que despliegue las fuerzas armadas en calles y carreteras de Bolivia, según El País. El conflicto social ha crecido con el paso de las semanas y todos los intentos del presidente de abrir una vía de diálogo han fracasado. Las protestas y bloqueos de carreteras han mantenido cortados los principales accesos a La Paz, la capital administrativa, durante casi un mes.

En los últimos ocho días hubo tres enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y policías en una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida de un manifestante, según El País. El Gobierno, además, responsabiliza a quienes mantienen bloqueadas las carreteras de la muerte indirecta de cuatro personas por falta de atención médica.

Los diputados que apoyaron la anulación justificaron la decisión en "poner orden" en el país, asediado por protestas de varios sectores populares y movimientos sociales que exigen la renuncia de Paz, al no ver una salida a la crisis económica y sentirse "traicionados" por el Gobierno, según El País. El asambleísta Carlos Alarcón, de la bancada Unidad, de derecha y aliada del presidente, fue el precursor de la abolición. "Se ha elegido un Gobierno legítimo y está en ejecución la ruptura del orden constitucional y democrático", aseguró Alarcón, al tiempo de responsabilizar de las movilizaciones a los "apetitos personales del expresidente Evo Morales y su pandilla", según El País.

La ley fue aprobada el fin de semana en el Senado boliviano y posteriormente debatida el martes de manera virtual por los legisladores de la Cámara de Diputados, según Deutsche Welle. El documento fue sancionado con una mayoría de dos tercios tras un debate de casi cinco horas, según El País.

Las protestas que enfrenta el gobierno de Paz involucran a varios sectores populares y movimientos sociales que exigen su renuncia debido a la crisis económica que atraviesa el país. Los manifestantes mantienen bloqueadas carreteras en varias regiones, particularmente en las zonas andinas, afectando el acceso a la capital administrativa y generando tensiones que han escalado hasta enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.