Bolivia, que entre 2012 y 2014 ostentaba las mayores reservas internacionales en relación con su PIB en Sudamérica, enfrenta ahora un panorama económico sombrío. Según pronósticos del Banco Mundial, solo Venezuela tendrá un crecimiento económico más lento que Bolivia en los próximos años, marcando un dramático contraste con la bonanza experimentada durante la época dorada de exportación gasífera.

La crisis actual tiene raíces profundas en la gestión de los recursos naturales del país. Las reservas de gas natural boliviano han caído estrepitosamente, pasando de 16,8 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2009 a apenas 4,5 TCF en diciembre de 2023, según datos oficiales. Esta disminución ha impactado severamente los ingresos nacionales: en 2014, Bolivia recibió 6.011 millones de dólares por exportación de gas natural, mientras que en 2024 esta cifra se redujo a solo 2.050 millones, según reporta El País.

Los candidatos presidenciales Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, y Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), coinciden en la necesidad de sustituir las divisas provenientes del gas por otras fuentes, principalmente del sector agrícola y ganadero. Ambos proponen modificar la ley de hidrocarburos para atraer inversión extranjera, en lo que el investigador Mirko Orgaz, autor del libro "Nacionalización, historia y poder del petróleo", describe como "una vuelta al esquema liberal de la década de 1990" que podría echar "todo el proceso de nacionalización por tierra".

La historia reciente de Bolivia está marcada por conflictos relacionados con la gestión de sus recursos naturales. Orgaz recuerda en su libro "La guerra del gas" cómo se generó un profundo malestar social por la forma en que se manejaba la producción y comercialización del carburante. Fue precisamente Tuto Quiroga, quien gobernó Bolivia entre 2001 y 2002, el arquitecto del plan para exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, una propuesta que, según Orgaz, "atentaba contra la memoria histórica del pueblo boliviano con Chile" y ofrecía condiciones económicas desfavorables: "De los 3,40 dólares por barril que pagaban los estadounidenses, apenas llegaba uno a Bolivia".

El descontento social estalló durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), cuando se redujeron las tributaciones de las empresas explotadoras extranjeras del 50% al 18%. Los enfrentamientos dejaron aproximadamente 60 muertos, pero resultaron en la promulgación de la Ley 3058 de 2005, que renegoció con las empresas privadas el excedente de la producción de gas para consumo interno, expandió el uso domiciliario y propuso la industrialización hidrocarburífera.

Sin embargo, según Orgaz, el proyecto nacionalizador se desvirtuó durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS): "Se cedió el control operativo de los campos a las empresas transnacionales, lo que al final redundó en que las empresas exploten intensamente y no desarrollen nuevos pozos. Entre 2006 y 2019 se invirtió 70% en explotación y 30% en exploración. Ahí se explica esta crisis energética".

Las perspectivas económicas son preocupantes. El Banco Mundial prevé un decrecimiento del PIB hasta 2027, un escenario completamente opuesto al de años anteriores, cuando en 2021 la economía creció más del 6%. Adicionalmente, el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que Bolivia será la cuarta economía con mayor inflación en Latinoamérica, solo superada por Venezuela, Argentina y Haití.

La escasez de divisas ha obligado al gobierno a utilizar sus reservas internacionales para abastecer el mercado interno, a razón de 60 millones de dólares semanales, una situación insostenible a largo plazo.

Tuto Quiroga considera que la solución inmediata para obtener divisas está en el sector agropecuario: "Este es el sector que puede ayudarnos a recuperar. Todo el resto tenemos que cambiarlo. Es el único que está listo para empezar a generar exportaciones desde el primer día". Por ello, propone eliminar los límites a la exportación de productos agrícolas.

Sin embargo, el economista Ricardo Fernández advierte que antes de simplificar las normas de exportación, es necesario mejorar la infraestructura interna: "Caminos transitables todo el año, energía estable y pasos fronterizos ágiles. Sin eso, el productor gasta de más, pierde tiempo y calidad".

Orgaz coincide en que el sector agrícola no ofrece una solución rápida, señalando que "la soja, producto estrella del agro, apenas produce 1.300 millones de dólares al año". En su lugar, sugiere enfocarse en la producción minera, destacando que Bolivia exportó en 2023 cerca de 6.000 millones de dólares en minerales como oro, plata, zinc y estaño. "Lo que nos mantiene con vida en el debate público son los 2.500 millones de dólares que explotan los extractivistas mineros del oro y no aportan nada al Estado. La minería no hay que desarrollarla, ya está ahí", afirma.

Fernández propone una solución a corto plazo que incluye al sector minero, sugiriendo un período especial en el que tanto mineros como ganaderos entreguen dólares a cambio de combustible: "Solo un Impuesto al Valor del Suelo podría obligarlos a cambiar dólares por bolivianos, u obligarlos, por pocas semanas, a recibir combustible a cambio de dólares; ya no se bancarizan ni informan de sus ingresos". Sin embargo, ninguno de los candidatos ha mencionado estas alternativas, aunque sí hablan de una nueva ley de minería orientada a reducir impuestos y otorgar concesiones a privados.

El plan de "salvataje" de Quiroga consiste en inyectar 12.000 millones de dólares a través de organismos internacionales, una estrategia que Fernández cuestiona: "Pedir dinero de afuera no arregla el problema si ese dinero financia el mismo plan que recorta en seco. Es probable que en uno o dos años ya se haya usado la deuda". Por su parte, Paz propone utilizar 3.500 millones de dólares que, según afirma, ya están aprobados en la Asamblea, además de recortar el gasto público.

Según un análisis de la Fundación Jubileo citado por La Patria, la producción de hidrocarburos líquidos cayó un 62% y la de gas natural un 54% entre 2014 y 2025, debido al agotamiento de los campos maduros y la falta de inversión en exploración. Actualmente, Bolivia importa el 58% de la gasolina y el 90% del diésel que consume, y para 2028 incluso tendrá que comprar gas natural. La fundación estima que el país necesita al menos tres nuevos megacampos para revertir la crisis y cubrir tanto la demanda interna como la exportación.

La Fundación MILENIO reporta que el sector minero también está en declive: "Para 2023 las exportaciones minero-metalúrgicas se redujeron de 6.689 millones de dólares en 2022 a 5.896 millones, con una caída del 12%. Las ventas de la minería privada bajaron 9%, las de la minería estatal 15% y las del sector cooperativo 32%".

Expertos coinciden en que Bolivia necesita implementar un nuevo modelo de desarrollo basado en la diversificación, la desconcentración y una mayor participación del sector privado. Entre las alternativas más prometedoras se encuentran la agroindustria, que podría generar hasta 8.500 millones de dólares anuales con las políticas adecuadas; la ganadería, que actualmente utiliza menos de 5 millones de hectáreas de un total de 32 millones aptas para la producción; el turismo, que podría crecer de los actuales 800 millones a 5.000 millones de dólares anuales; la explotación de tierras raras, ya que Bolivia posee los 17 elementos esenciales para la transición energética y la tecnología militar; y el desarrollo del hidrógeno verde como parte de un plan integral de transición energética.

El futuro económico de Bolivia dependerá en gran medida de la capacidad del próximo gobierno para diversificar la economía y reducir la dependencia de los recursos naturales tradicionales. Como señala La Patria: "Bolivia tiene recursos naturales, una ubicación estratégica y una sociedad resiliente. El nuevo ciclo que empezamos puede inaugurar una economía más diversificada, instituciones más sólidas y una mayor formalidad. O puede derivar en una larga etapa de frustración y decadencia".