Hasta el viernes por la noche había más de 70 cortes de carreteras en Bolivia, según las fuentes. La situación más grave se registra en La Paz, la capital administrativa, que lleva tres semanas sitiada y donde escasean los alimentos, las medicinas y el combustible.

La decisión de la Fiscalía de dejar sin efecto las órdenes de aprehensión contra Argollo y Salazar representa un paso importante hacia el diálogo, pero no garantiza su éxito. Argollo dejó la decisión de negociar en manos de las bases de la COB: "Si las bases manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer y si las bases determinan que tenemos que continuar con la lucha, tenemos que continuar, porque las decisiones vienen de manera orgánica", dijo el líder sindical, según las fuentes. Poco después, convocó a un encuentro de emergencia para el sábado en El Alto, la segunda ciudad más poblada del país y la que tiene mayor presencia indígena.

El conflicto ha polarizado a la población boliviana. Los sectores populares exigen la renuncia de Paz, mientras que las élites y los sectores productivos piden el desalojo inmediato de los manifestantes de las rutas bloqueadas para que pueda reanudarse la libre circulación de personas y mercancías.

La magnitud de las protestas ha sorprendido a un Gobierno que muchos ven como inexperto y lento en reaccionar, pero también a analistas políticos que dudaban que la crisis política escalara tanto. "Hemos llegado a un punto en el que se empieza a cuestionar la continuidad del presidente", indica el economista e investigador social Armando Ortuño, según las fuentes.

Ortuño considera que la crisis se ha estancado porque "ninguna de las dos partes tiene condiciones para imponerse". El Gobierno carece de herramientas para alcanzar una solución dialogada y enfrenta dudas sobre la posibilidad de poner fin al conflicto decretando el Estado de excepción y dando intervención al Ejército. Los manifestantes, por su parte, no tienen ni un liderazgo político claro ni un programa político sólido. "Aunque el Gobierno insiste en que el expresidente Evo Morales está detrás de las protestas, él no es el líder", subraya Ortuño.

La politóloga Susana Bejarano atribuye las protestas contra Paz a un cúmulo de errores políticos que comenzaron el día de su asunción, cuando evitó cualquier simbología indígena, y con el nombramiento de un Gabinete sin líderes sociales ni políticos con diálogo fluido con ellos, sino integrado por representantes empresariales y antiguos políticos de la etapa neoliberal de Bolivia. "Generó una desconfianza inicial, la sensación de sentirse engañados, excluidos de la mesa", dice Bejarano, según las fuentes.

El quiebre casi inmediato con su vicepresidente, Edmand Lara, aumentó el recelo de quienes habían entregado su voto a Paz precisamente por ir secundado de este popular expolicía que denunciaba casos de corrupción en vídeos virales. Lo mismo ocurrió con aquellos que después de años de votar al MAS, el partido hegemónico en Bolivia durante 20 años, creyeron que el proyecto se había agotado y apostaron por el cambio moderado que Paz les ofrecía sin imaginar que invalidaría todo el legado recibido y lo describiría como "una cloaca de dimensiones extraordinarias".

Estas decisiones crearon un gran malestar que comenzó a salir a la luz cuando aparecieron problemas como la distribución de gasolina de mala calidad que arruinó miles de motores de automóviles, o cuando una jugada legal impidió que hubiera segunda vuelta para elegir al gobernador de La Paz y terminó imponiéndose el candidato oficialista, Luis Revilla, con el 20% de los votos. "Eso crispó los ánimos de quienes querían votar en segunda vuelta para dar una cachetada electoral a Paz y no pudieron. Se volcaron a las calles", cuenta Bejarano.

La chispa inicial de las protestas fue la exigencia de aumentos salariales con los que compensar una inflación del 20% anual, según las fuentes. Ante la falta de respuestas del Gobierno, comenzaron a sumarse cada vez más sectores y la crisis escaló hasta la situación actual.

Paz, un mandatario de centroderecha que inició su mandato hace poco más de seis meses, enfrenta la mayor crisis política de su gestión. Las próximas horas serán claves para saber si logra abrir una vía de diálogo con los manifestantes, un grupo heterogéneo que en su mayoría apostó por él en las urnas y ahora se siente traicionado. Este fin de semana comenzará a verse si hay una salida negociada en el horizonte o si el conflicto continuará paralizando al país andino.