La búsqueda por reducir la desigualdad ha evolucionado a lo largo del último siglo. Inicialmente, los economistas creían que la industrialización y el crecimiento económico beneficiarían automáticamente a todas las clases sociales. Cuando esto no ocurrió, diseñaron herramientas basadas en tributación y transferencias sociales. Sin embargo, aunque algunos países han logrado reducir la pobreza, la concentración de riqueza en el extremo superior de la pirámide de ingresos se ha profundizado, con el 1% de la población acaparando una proporción desproporcionada de la riqueza global.
Este fenómeno se intensificó tras la crisis financiera de 2008, cuando los costes de la salida de la crisis no se distribuyeron equitativamente: los trabajadores fueron fuertemente penalizados mientras los propietarios del capital quedaron mejor protegidos. De este contexto surgió una corriente de economistas de "tercera ola", entre ellos Thomas Piketty y Gabriel Zucman, que proponen nuevas herramientas para mitigar la concentración de riqueza. Su medida estrella es el impuesto a los ultrarricos, una demanda que ya plantean movimientos progresistas en todo el mundo.
Estos economistas argumentan que los sistemas tributarios actuales son regresivos: imponen una mayor carga a quienes ingresan menos y dejan holgura a quienes ingresan más. Más allá de elevar el impuesto sobre la renta a las clases adineradas, proponen gravar la riqueza acumulada en forma de capital, algo que muy pocas jurisdicciones regulan adecuadamente por temor a que los ricos abandonen el país.
Adriana Abdenur, copresidenta del Fondo Global para una Nueva Economía (GFNE) y miembro del comité de Desigualdad que preside el Nobel de Economía Joseph Stiglitz en el marco de las discusiones del G-20, señala que la transparencia en los datos sobre quién posee qué es un obstáculo fundamental para implementar impuestos a la riqueza. Abdenur subraya la importancia de distinguir entre renta y riqueza: "Los activos generan más ingresos. Así que, la riqueza se transmite de generación en generación, no es solo una instantánea en el tiempo; por eso, en el informe del comité del G-20 sobre desigualdad nos centramos específicamente en la desigualdad de riqueza, porque es un problema estructural que los ingresos no revelan del todo".
Cuando se le preguntó por un país que haya gestionado exitosamente la reducción de desigualdades, Abdenur mencionó Brasil, país donde fue asesora del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil ha sido considerado una estrella en la economía del desarrollo por su capacidad de compatibilizar crecimiento económico con reducción de la desigualdad, dos movimientos que frecuentemente parecen estar en conflicto.
Entre 2003 y 2015, durante los gobiernos progresistas de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Brasil logró una reducción significativa de la desigualdad medida por el índice de Gini. Según el profesor Pedro Rossi de la Universidad Estatal de Campinas, casi el 60% de esta reducción provino de la mejora de las rentas, impulsada por el aumento del salario mínimo. Otro 20% provino de transferencias sociales, especialmente el programa Bolsa Familia, y el 20% restante del crecimiento económico favorecido por los precios récord de las materias primas en ese período.
Los resultados tangibles de estas mejoras fueron documentados por la profesora Tereza Campello en un trabajo para la Fundación Ford. Entre el 5% más pobre de la población, la cobertura de agua pasó del 49,6% al 76,0% entre 2003 y 2015. En el mismo grupo de renta, el acceso a refrigerador aumentó del 44,1% al 91,2%, y la telefonía móvil se expandió del 0,2% al 79,3%.
Sin embargo, estos avances en la base de la pirámide de ingresos contrastaban con lo que ocurría en la cúspide. La cuota de renta captada por el 10% más rico en Brasil se mantuvo estancada en niveles elevados, entre el 54% y el 56% del ingreso nacional entre 2000 y 2015. Más preocupante aún, el 0,1% más rico llegó a absorber una porción de renta comparable o incluso superior a la captada por el 50% más pobre de la población en varios años del período.
Pedro Rossi atribuye esta regresividad principalmente al sistema tributario, que mantuvo tipos impositivos bajos desde los años noventa. Investigadores como Ignacio Flores y Marc Morgan, del World Inequality Lab (la plataforma de Piketty), concluyeron que las medidas diseñadas para incentivar la inversión privada y mantener la competitividad de las empresas brasileñas neutralizaron los avances redistributivos de los programas sociales. Como resultado, las rentas del capital del 1% más rico crecieron a un ritmo igual o superior al crecimiento del PIB.
Esta tendencia se exacerbó durante el gobierno de Jair Bolsonaro entre 2017 y 2023. En ese período, el 0,1% más rico vio crecer sus ingresos a un ritmo cinco veces superior al de la media nacional: 6,9% frente a 1,4%. Un estudio de Jorge Abrahão de Castro de la Universidad de Brasilia reveló que mientras la tasa impositiva media de la economía brasileña está en el 42,5%, las personas con ingresos superiores al millón de dólares anuales pagan una tasa efectiva de apenas el 20,6%. Castro atribuye esta desproporción a la dependencia excesiva de impuestos indirectos, la reducida progresividad del impuesto a la renta y los beneficios fiscales corporativos.
Para revertir esta situación y responder a las críticas por su tibieza con el capital en sus dos primeros mandatos, Lula da Silva implementó reformas tributarias de calado a su regreso al poder en 2023. Estas incluyen impuestos a fondos offshore, un impuesto mínimo a las rentas más altas, y una reordenación de los tributos para aumentar la progresividad sin caer en la austeridad.
Los resultados de estas políticas han sido contundentes. Según Nathalie Beghin, economista y miembro del Consejo de Administración del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), lo que más ha disminuido durante la administración Lula III ha sido el hambre, que había crecido enormemente bajo Bolsonaro. Entre 2023 y 2024, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el número de hogares en situación de inseguridad alimentaria grave se redujo en un 20%. El hambre afectó a 6,48 millones de personas en 2024, frente a los 8,47 millones en 2023.
Además, más de 8,6 millones de personas salieron de la pobreza en Brasil entre 2023 y 2024, con una caída de la tasa de pobreza del 27,3% al 23,1%, el nivel más bajo desde 2012.
Para Beghin, estos resultados positivos son consecuencia de la combinación de una recuperación de la iniciativa estatal, con el aumento real del salario mínimo y un aumento de los beneficios sociales, junto con la mejora de los indicadores económicos. La experta identifica las claves del éxito brasileño para combatir la desigualdad: reformar los sistemas tributarios para que sean más progresivos; aumentar los gastos públicos para cerrar las brechas sociales y medioambientales y para estimular el mercado de consumo interno, promoviendo así el crecimiento; y promover la participación social mediante consejos nacionales de políticas públicas donde el gobierno y la sociedad civil dialogan sobre problemas sectoriales.
Sin embargo, Beghin concuerda con otros colegas en que sigue siendo necesario un impuesto a los superricos para nivelar la situación en el extremo alto de la distribución de ingresos. Gabriel Zucman, en el marco de las discusiones del G-20, promueve un impuesto mínimo global del 2% sobre el patrimonio neto de los aproximadamente 3.000 multimillonarios que calcula que hay en el mundo. El propio Lula da Silva respalda esta propuesta.
La experiencia brasileña también cuestiona las recomendaciones habituales de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que típicamente aconsejan a sus miembros gravar especialmente el consumo mediante el IVA en lugar de extender impuestos sobre la renta progresivos. Esta recomendación se basa en que en países con economías muy informales, gravar el consumo es más sencillo y fiable, y por lo tanto más eficaz. Sin embargo, no considera suficientemente la equidad: una familia pobre gasta toda su renta en consumo, por lo que pagaría más impuestos que un hogar que logra acumular ahorro.
Subir los impuestos a los superricos ayudaría a financiar el Estado del bienestar, pero también a evitar la captura de las democracias por parte de oligarquías, como la de los magnates tecnológicos. La desigualdad extrema actúa como caldo de cultivo para los populismos y debilita la confianza en instituciones que no son capaces de corregir las desviaciones poco democráticas de los privilegios concentrados.