El proceso penal sobre el fallido contrato para el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército colombiano ha entrado en una nueva fase crítica. Por primera vez desde que comenzó el proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación ha sostenido ante un juez que la adjudicación del millonario negocio no fue el resultado de irregularidades administrativas, sino de un "acuerdo criminal" entre empresarios y altos funcionarios del Ministerio de Defensa para dirigir la contratación en favor de Vertol Systems Company, según reportó El País.

La imputación representa un salto cualitativo en uno de los mayores escándalos de contratación del sector defensa en Colombia en los últimos años. Según la Fiscalía, la decisión de entregar un contrato valorado en 32,4 millones de dólares (aproximadamente 104.000 millones de pesos) respondió a una estrategia diseñada para favorecer a Vertol Systems Company, pese a que la empresa no cumplía los requisitos técnicos, financieros y de experiencia que se exigían. De hecho, incumplió en más del 90% sus obligaciones, según el propio Ministerio de Defensa, lo que ha dejado a decenas de naves en tierra.

Durante las audiencias de imputación contra James Lester Montgomerie, presidente de Vertol Systems Company; Carlos Martín Uribe, propietario de MI Series Personnel & Parts; y Herbert Buitrago, exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, el fiscal José Ignacio Arias afirmó que los dos empresarios coordinaron actuaciones con funcionarios como Buitrago para asegurar que Vertol ganara el contrato. Por ello, la Fiscalía les atribuye siete delitos, incluidos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El eje central de la investigación apunta al entonces viceministro de Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez, quien era jefe directo de Buitrago. De acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario no solo habría ordenado que el contrato se tramitara mediante la modalidad de selección directa reservada, lo que permitía mayor discrecionalidad, sino que asumió funciones que no le correspondían para conducir personalmente la etapa precontractual. El fiscal aseguró que Suárez instrumentalizó a distintas dependencias del Ministerio para garantizar que el proceso se orientara hacia Vertol.

La hipótesis judicial coincide con revelaciones hechas en febrero por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Esta demostró que, en la época en que comenzaron los contactos entre empresarios y funcionarios —septiembre de 2024, según la Fiscalía—, el Ministerio descartó una alternativa que habría permitido contratar directamente con el Gobierno de Estados Unidos el mantenimiento de los helicópteros. En ese momento, el ministro de Defensa era Iván Velásquez.

Documentos reservados mostraban que una misión militar estadounidense había avanzado en la estructuración de un acuerdo de Estado a Estado para reparar la flota, una fórmula que evitaba la intermediación de empresas privadas. Sin embargo, ese proceso se detuvo después de que funcionarios colombianos comunicaron verbalmente que el Ministerio había decidido negociar con particulares. La coincidencia temporal entre esa decisión y el inicio de los contactos descritos por la Fiscalía fortalece la hipótesis del direccionamiento del contrato.

La Fiscalía sostiene además que Suárez intervino para flexibilizar las exigencias del proceso contractual. Según el relato presentado ante el juez, el entonces viceministro insistía en que sus subalternos no fueran "tan legalistas" y buscaran fórmulas para sacar adelante la contratación con Vertol. También habría gestionado personalmente, mediante una llamada al entonces director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, la agilización de trámites técnicos relacionados con MI Series Personnel & Parts, empresa que aportaría la mano de obra para la puesta a punto de las aeronaves. Para los investigadores, esa actuación buscaba facilitar que el contratista cumpliera requisitos que inicialmente no reunía.

Otra de las decisiones cuestionadas fue la modificación de la forma de pago. La Fiscalía asegura que el exviceministro promovió la entrega de un anticipo equivalente al 50% del valor del contrato, es decir, 16,2 millones de dólares, no contemplado en el contrato que se firmó y a pesar de que Vertol no estaba cumpliendo sus obligaciones. Estos recursos se recuperaron posteriormente, gracias a la ejecución de una póliza de la aseguradora Berkley International.

La acusación describe la participación de otros funcionarios del Ministerio de Defensa. Entre ellos figuran Hugo Alejandro Mora, director de Contratación, y el coronel Julián Rincón, gerente del proyecto. Según la Fiscalía, ellos y Buitrago habrían ejecutado instrucciones impartidas por Suárez para facilitar los trámites e incluso le habrían insistido a Vertol para que presentara una oferta, aunque no hubiera participado en la fase inicial de exploración del mercado.

La Fiscalía afirma que la empresa fue admitida en el proceso pese a no acreditar plenamente su capacidad financiera ni su experiencia. Entre las irregularidades mencionadas aparecen la aceptación de certificaciones de experiencia firmadas por su propio presidente, la ausencia de estados financieros confiables y la modificación de requisitos durante el desarrollo del proceso contractual.

El caso ha adquirido una dimensión institucional mayor porque afecta un programa estratégico para el Ejército colombiano. Los helicópteros Mi-17 cumplen funciones críticas de transporte de tropas, abastecimiento de zonas apartadas y apoyo en operaciones militares y humanitarias. Las dificultades para contratar su mantenimiento tienen fuera de servicio más de la mitad de la flota, casi dos años después de la firma del fallido contrato, lo que representa un impacto significativo en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

La judicialización de los responsables continúa en su fase decisiva. La próxima audiencia, programada para el lunes 27 de julio, se centrará en la imputación de Suárez. Después de varios aplazamientos, el proceso en su contra entra en una etapa determinante que podría esclarecer el alcance completo de la red de corrupción en el Ministerio de Defensa.