La Comisión Europea presentó este viernes un informe sobre la competitividad del sector bancario en el que carga contra los gobiernos nacionales por obstaculizar fusiones entre entidades financieras. Según el documento, estas "intervenciones injustificadas a nivel nacional" impiden que la banca europea se consolide y compita en igualdad de condiciones con los grandes bancos estadounidenses.

"Simplificar las normas y hacerlas más proporcionales importa, pero no será suficiente. Los bancos europeos necesitan las condiciones adecuadas para crecer, consolidarse y competir globalmente", afirmó la comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, según el informe de El País.

La fragmentación excesiva del mercado bancario europeo representa uno de los principales obstáculos para la competitividad de las entidades financieras de la UE. Para reducirla, la Comisión propone medidas que permitan a los grupos bancarios transfronterizos gestionar de forma más eficaz sus filiales, incluyendo la armonización de leyes de quiebra, protección del consumidor y normativas contra el blanqueo de capitales, aprovechando la creación reciente de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés).

La consolidación del sector a través de fusiones transfronterizas es considerada clave por Bruselas. La Comisión está ultimando nuevos criterios sobre operaciones corporativas bajo la dirección de la vicepresidenta Teresa Ribera, que "darán guías claras a los Estados sobre cuándo ellos pueden intervenir". Sin embargo, el Ejecutivo comunitario advierte que estas directrices no serán suficientes si los gobiernos nacionales mantienen la actitud observada recientemente.

Italia vetó la compra de BPM por Unicredit pese a que la magnitud de la operación hacía recaer todo su examen en las autoridades comunitarias, según la fuente. España también ha generado "graves discrepancias" por el papel del Ejecutivo en el fallido intento de compra de Sabadell por parte del BBVA. Estos casos ejemplifican la resistencia de algunos gobiernos a permitir consolidaciones bancarias transfronterizas.

Para evitar que continúen estos obstáculos, la Comisión anuncia que recurrirá a todas las herramientas que los tratados ponen a su disposición, incluyendo procedimientos de infracción como los iniciados contra España e Italia. No obstante, la Comisión reconoce que en estos casos recurrió a estos procedimientos tarde, cuando los gobiernos ya habían obstaculizado operaciones que no salieron adelante.

La próxima prueba de fuego llegará si Unicredit continúa avanzando en la toma de Commerzbank, puesto que las autoridades alemanas se oponen a que el primer banco italiano se haga con el segundo germano, según el informe.

Otro obstáculo importante para las fusiones bancarias proviene de las exigencias de capital y liquidez que cada país reclama a las filiales en su territorio. "Esta característica impide que dichos grupos gestionen una mayor parte de estos recursos de forma centralizada a nivel del grupo, lo que limita su eficiencia", reconoce la Comisión. El Ejecutivo comunitario señala que "se ha estimado que la eliminación de las restricciones sobre la liquidez mantenida en las filiales transfronterizas de los grupos bancarios de la UE liberaría unos 230.000 millones de euros en activos líquidos de alta calidad", según datos del Banco Central Europeo citados en el informe.

La Comisión también anuncia que en unos meses presentará un nuevo proyecto de seguro de depósitos común que sustituya al propuesto en 2015 y que sigue varado en el Consejo de la UE. Las posturas irreconciliables de Italia y Alemania han hecho inviable que la propuesta original vea la luz. La nueva propuesta llegará a comienzos del próximo año con el objetivo de "garantizar que la quiebra de un grupo transfronterizo no genere distorsiones en los distintos Estados miembros ni responsabilidades para los sistemas de garantía de depósitos y los presupuestos nacionales". Se trata de evitar que los mercados perciban las entidades de un país como más seguras que las de otro debido a diferencias en la capacidad fiscal de los gobiernos para responder ante quiebras.

En el ámbito de las cargas administrativas y la burocracia, la Comisión plantea mayor coordinación entre diferentes autoridades y supervisores bancarios. Las entidades financieras se quejan frecuentemente de que se superponen las competencias de la Junta Única de Resolución, el Mecanismo Único de Supervisión, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, lo que genera más provisiones y demandas de capital que no se traducen en préstamos o créditos, reduciendo el volumen de negocio. Según datos de la EBA citados en el informe, el coste para el sector de las obligaciones de reportar información supone 11.200 millones de euros.