La Comisión Europea dio su visto bueno a la propuesta española de crear un mecanismo de capacidad del sistema eléctrico nacional por el que se abonarán al sector ayudas estatales por valor de 9.000 millones de euros en diez años, según informó el Ejecutivo europeo. El objetivo es garantizar que España tenga capacidad suficiente para producir, almacenar o consumir electricidad de manera flexible y que la producción satisfaga la demanda prevista.

La medida se ajusta a las mejores prácticas en materia de mecanismos de capacidad establecidas en el Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, según afirmó la Comisión Europea en un comunicado. Bruselas calificó la propuesta española como necesaria, adecuada y proporcionada, y debe autorizar este tipo de ayudas públicas para garantizar que no distorsionen la competencia en la Unión Europea.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó en diciembre de 2024, antes del apagón de abril de 2025, una propuesta de regulación para un mercado de capacidad en el sistema eléctrico. El objetivo, según señaló en su momento, es constituir un mercado de capacidad que garantice la seguridad de suministro, articulando un instrumento que fomente la inversión en potencia firme y salvaguardando la neutralidad tecnológica.

Según la propuesta española enviada a Bruselas, en virtud de este mecanismo que abarca el conjunto del mercado, el gestor de la red de transporte remunerará toda la capacidad necesaria para cumplir el estándar de fiabilidad. Esto significa las horas máximas aceptables de carga perdida al año que la red debe cumplir para garantizar una seguridad adecuada del suministro.

España garantizó a Bruselas que el mecanismo de capacidad estará abierto a todos los proyectos, existentes o nuevos, que ofrezcan estar disponibles durante períodos de escasez. La ayuda será concedida a los proyectos seleccionados mediante un procedimiento de licitación transparente y no discriminatorio, con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva, según las fuentes.

La Comisión Europea apreció además que el Gobierno español haya garantizado que se esforzará por permitir la participación de todos los demás Estados miembros interconectados lo antes posible, según señaló en su comunicado.

Según la valoración del Ejecutivo europeo, responsable de comprobar que este tipo de planes esté conforme con las normas europeas sobre ayudas estatales y no daña la competencia, la propuesta española lanzada a finales de 2024 es necesaria y adecuada para lograr el objetivo perseguido. Además, es proporcionada, ya que el nivel de ayuda se ajusta a las necesidades de financiación efectivas, según explicó la Comisión en su respuesta positiva.

El texto incide varias veces en la transparencia del proceso de licitación, que cuenta con salvaguardias para garantizar una competencia efectiva. Por todo ello, la medida tendrá efectos limitados en la competencia y el comercio entre los Estados miembros, según concluyó Bruselas.

Ahora más que nunca, necesitamos un suministro de electricidad seguro en toda Europa. Los mecanismos de capacidad pueden contribuir a salvaguardar esta seguridad, siempre que estén diseñados de manera que se eviten distorsiones de la competencia en los mercados de la energía, dijo el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en un comunicado.

Los mecanismos de capacidad tienen el objetivo de garantizar la seguridad del suministro eléctrico, según recordó Bruselas. No obstante, advirtió que deben estar bien diseñados para garantizar que no provoquen una subida de los precios de la electricidad para los consumidores, que no ofrezcan ventajas indebidas a determinados operadores energéticos ni tampoco obstaculicen los flujos de electricidad a través de las fronteras de la Unión Europea.

El mecanismo de capacidad propuesto por Madrid contribuirá a asegurar que España disponga de suficiente electricidad en situaciones de escasez, según confió Dombrovskis sobre el plan español, que podrá entrar en vigor de inmediato y prevé una duración de diez años, con un presupuesto estimado en 900 millones de euros por ejercicio hasta 2036.

Con el nuevo mercado se conseguirán dos objetivos: asegurar la cobertura de la demanda y ofrecer señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono, agregó por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que agradeció a Bruselas el intenso trabajo para validar la propuesta española.

Los pagos por capacidad son un mecanismo que las grandes compañías eléctricas venían reclamando desde hace años, cuando los anteriores pagos por dar respaldo al sistema han ido desapareciendo. Con las nuevas subastas que se deberán poner en marcha, compañías como Naturgy, Iberdrola o Endesa podrán aspirar a recibir esos 9.000 millones de euros en la próxima década, un pago que deberán asumir los consumidores en la factura de la luz, según las fuentes.

Concretamente, los pagos por capacidad serán un coste regulado que tendrá que incluirse en la partida de cargos que pagan los ciudadanos en el recibo eléctrico mensual.

Las grandes eléctricas vienen lamentando de forma recurrente que sus activos aportan un servicio de respaldo para cuando no hay otras fuentes de generación y que ese servicio no está remunerado. Por ello, creen que les está provocando pérdidas en algunas de sus centrales, sobre todo en los ciclos combinados de gas. En ese contexto, Naturgy solicitó al Tribunal Supremo de España que le diera el plácet para cerrar varias plantas, un extremo que el alto tribunal otorgó. Sin embargo, las empresas se ven en la circunstancia de que no pueden clausurar dichas centrales por entender que son necesarias para el sistema eléctrico nacional.

A estos pagos podrán presentarse tanto las mencionadas centrales térmicas de ciclo combinado de gas, que generan electricidad a partir del hidrocarburo, como las centrales de bombeo hidráulica a la demanda. Es decir, los grandes consumidores de electricidad podrán desconectarse del sistema a cambio de un pago y de esa manera aportar a la estabilidad del sistema eléctrico con esa menor demanda de luz durante el periodo requerido, según las fuentes.

Todo este respaldo sirve para que nunca falten fuentes de producción y la estabilidad del sistema permita que no se produzcan apagones. De hecho, Red Eléctrica, la encargada de operar el sistema, mantiene una operación reforzada de respaldo para evitar nuevos incidentes como el desastre del 28 de abril de 2025, del que aún no hay responsables, según las fuentes.

El plan español representa una respuesta directa al colapso eléctrico de abril de 2025, que evidenció las vulnerabilidades del sistema eléctrico nacional. La aprobación europea permite a España implementar inmediatamente un mecanismo que redistribuye el coste de mantener la infraestructura eléctrica de respaldo desde las compañías hacia los consumidores finales.

La medida implica que los ciudadanos españoles pagarán aproximadamente 900 millones de euros adicionales cada año durante la próxima década para financiar la disponibilidad de centrales eléctricas que pueden no estar operando continuamente pero que deben estar listas para activarse en momentos de alta demanda o escasez de otras fuentes de generación.

La neutralidad tecnológica del mecanismo significa que tanto las centrales de gas natural como los sistemas de almacenamiento de energía y los grandes consumidores industriales que puedan reducir su demanda podrán competir por estos pagos. Esta apertura busca fomentar la inversión en nuevas tecnologías de almacenamiento mientras mantiene operativas las centrales térmicas existentes que las compañías consideraban no rentables.

La aprobación de Bruselas cierra un proceso de negociación en el que España tuvo que demostrar que el mecanismo no favorecería injustamente a determinadas empresas ni impediría la competencia transfronteriza de electricidad con otros países europeos. El compromiso español de permitir eventualmente la participación de operadores de otros Estados miembros fue clave para obtener el visto bueno europeo.

El mecanismo entrará en vigor de inmediato y se extenderá hasta 2036, estableciendo un flujo de ingresos garantizado para las compañías eléctricas que participen en las licitaciones y un coste adicional permanente en las facturas de los consumidores españoles durante la próxima década.