La Comisión Europea busca convertir la contratación pública en una herramienta estratégica para impulsar a las empresas de la Unión Europea y reforzar su posición competitiva global. El reglamento que está preparando el Ejecutivo comunitario abre las puertas para que los concursos de compras de las administraciones de la UE incluyan cláusulas de preferencia europea, especialmente en sectores considerados "críticos" como la energía, la salud, el agua, el transporte o sectores industriales de doble uso —civil o militar—, como la construcción naval y el material ferroviario, según el borrador al que ha tenido acceso El País.

El texto plantea, como norma general, dar la opción a "los compradores públicos" de introducir requisitos que puedan dar ventaja a las compañías europeas o, directamente, vetar la participación de empresas con nacionalidad de países terceros que no tienen normas recíprocas con la Unión. El borrador deja claro que no se puede perjudicar a las empresas con las que hay acuerdos de reciprocidad en este campo. Con Estados Unidos sí existen acuerdos parciales en este ámbito, mientras que la relación con China se ha endurecido progresivamente en todos los aspectos de las relaciones económicas y comerciales.

La medida vuelve a poner en el foco la relación entre la UE y China. Bruselas abrió hace un par de años una investigación sobre las compras de material sanitario en la que entendía que se discriminaba "injustamente a las empresas europeas". Esa investigación concluyó que en el 87% de las licitaciones públicas había barreras explícitas e implícitas, según la fuente.

A la hora de definir qué es la preferencia europea, el reglamento plantea dos formas. Por un lado, a través de la propia nacionalidad de las empresas. Por otro, exigiendo que los bienes, servicios y obras ofrecidos sean originarios de la Unión, ya sea en su totalidad, en cierta medida o en lo que respecta a componentes, productos, servicios u obras específicos.

Pese a la apuesta de la Comisión por el "made in Europe", el reglamento contempla excepciones. Una de ellas es que los servicios o productos demandados por la Administración no puedan encontrar ofertas europeas. También el precio puede ser motivo de excepción si el coste es desproporcionado.

El uso de la contratación pública como herramienta con fines políticos no es una novedad, pero en tiempos en los que la geopolítica es determinante, se ha convertido en una palanca para impulsar sectores clave para la seguridad económica. El propio borrador señala que "los compradores públicos de la UE destinan cada año alrededor del 15% del PIB a la contratación pública, lo que supone unos 2,6 billones de euros", lo que "convierte la contratación pública en un instrumento para respaldar los objetivos políticos más amplios de la Unión, entre ellos el refuerzo de una economía social de mercado altamente competitiva, resiliente y sostenible", según El País.

Para maximizar el impacto de esta herramienta, la Comisión plantea ahora dar una nueva vuelta de tuerca a través de este reglamento, ahondando en una vía ya planteada en la ley de aceleración industrial, aunque en ese caso era solo para los productos del sector manufacturero. Ahora llega a plantear la obligatoriedad de dar preferencia europea en sectores o casos críticos, una competencia que se guarda para ella misma, de acuerdo a la redacción actual del texto. No obstante, esta opción es más bien la excepción a la regla, puesto que el planteamiento genérico es el de dar la opción al comprador de incluir la preferencia europea en los criterios del concurso.

Los planes de Bruselas contemplan que el Colegio de Comisarios apruebe este proyecto el próximo 9 de septiembre. Si finalmente se cumple, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se presentará en la inauguración oficial del curso político en Estrasburgo con los deberes hechos en este campo, puesto que fue el año pasado, en ese mismo acto, cuando anunció su intención de "dar preferencia a productos europeos en la contratación pública en determinados sectores estratégicos", según la fuente.

La medida refleja la creciente preocupación de la Unión Europea por su seguridad económica en un contexto de competencia global intensificada. La contratación pública, que representa una cifra colosal de 2,6 billones de euros anuales, se convierte así en un instrumento de política económica y geopolítica para garantizar la viabilidad de sectores clave como los trenes de alta velocidad, donde la competencia de grandes corporaciones de otros países está restando mercados en el mundo.