Estados Unidos justificó los nuevos aranceles argumentando que los 60 países afectados, entre ellos la Unión Europea y China, no estaban actuando de forma suficiente para impedir la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Los gravámenes entraron en vigor teóricamente la noche del jueves, cuando expiró el arancel universal del 10% aprobado por Trump en enero de 2026.

La Comisión Europea ha declarado que constata positivamente que este resultado es coherente con los compromisos arancelarios asumidos por Estados Unidos en el marco de la Declaración Conjunta UE-EEUU firmada en julio de 2025. Un portavoz comunitario afirmó que la decisión aporta un "impulso positivo" para seguir explorando nuevas exenciones arancelarias y profundizar la cooperación entre ambos bloques.

La UE se encuentra entre el reducido número de socios comerciales de Estados Unidos para los que estos nuevos aranceles no se suman a los aranceles aduaneros preexistentes de "nación más favorecida", según explicaron fuentes comunitarias. La medida también reintroduce exenciones arancelarias adicionales para la Unión Europea, como las aplicadas al corcho y los diamantes, que se suman a las ya existentes para aeronaves y sus componentes, medicamentos genéricos y principios activos.

El acuerdo comercial entre Washington y Bruselas, firmado hace un año en el resort de golf Turnberry en Escocia, estableció que Estados Unidos aplicaría un arancel del 15% a la mayoría de los productos europeos, mientras que la UE eliminaba los impuestos a gran parte de los productos industriales procedentes del país norteamericano.

Sin embargo, la cautela institucional de Bruselas convive con una lectura mucho más crítica dentro de la propia Comisión. Kaja Kallas, alta representante para Política Exterior de la UE, cuestionó viernes la justificación de Washington para imponer nuevos aranceles a los productos europeos y remarcó que las acusaciones de deficiencias en los controles de trabajo forzoso del bloque son infundadas. "No se puede decir eso para la Unión Europea", dijo Kallas a Reuters en Manila, donde participaba en las reuniones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). "Si compara nuestras leyes laborales con las de los Estados Unidos, quiero decir... Pagamos vacaciones, tenemos muy buenas condiciones laborales para nuestros empleados. No está realmente fundamentado", agregó.

Kallas también resumió el sentir de muchos ante el caos de los anuncios sucesivos de Trump: "¿Quién puede hacer un seguimiento de los aranceles que se están haciendo?", lanzó.

La Comisión Europea ha remarcado que espera que Washington continúe respetando los términos del acuerdo alcanzado en julio de 2025. "Esto es esencial para seguir proporcionando a nuestros respectivos mercados la estabilidad y previsibilidad que tanto necesitan", subrayó un portavoz comunitario.

El Ejecutivo comunitario no entra en el fondo del asunto: que Trump está reconstruyendo su deseado muro arancelario —anulado el anterior por la justicia estadounidense— con una maraña caótica de regulaciones. Lo hace, además, apoyándose en un argumento, el del trabajo forzoso, que la UE cree que no se le debería aplicar, porque precisamente el bloque comunitario tiene leyes garantistas de protección de los trabajadores.

Las relaciones entre la UE y Estados Unidos han sido extremadamente tensas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. El último contencioso ha surgido por la multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea a Google por vulnerar la ley de mercados digitales (DMA), entre otras cosas por favorecerse a sí mismo en el buscador. La sanción al gigante tecnológico estadounidense ha disgustado profundamente a Washington, que ha amenazado de nuevo a Bruselas con represalias.

Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, acusó a la Comisión de mantener "un enfoque cada vez más agresivo" contra las tecnológicas estadounidenses. También afirmó que las medidas de la DMA contra Android y el buscador de Google suponen, en la práctica, "una transferencia forzosa de tecnología y un robo de propiedad intelectual", además de imponer "sanciones financieras desproporcionadas". Greer advirtió en un comunicado que estas actuaciones generan "un riesgo real para la continuidad de la estabilidad comercial transatlántica" y subrayó que un diálogo genuino solo puede darse "durante una tregua".

Este no es el primer episodio de este pulso. Desde que Ursula von der Leyen y Trump sellaran su acuerdo en Turnberry en julio de 2025, la UE ha vivido bajo una suerte de amenaza permanente que se ha ido renovando con cada temporada. Primero fue la advertencia de un arancel del 50% si no había acuerdo antes del 9 de julio de 2025. Después, ya con el pacto firmado, llegaron las dudas sobre su ratificación, que el Parlamento Europeo llegó a congelar en enero de 2026 tras un nuevo golpe de efecto de Washington.

En mayo, Trump volvió a la carga fijando un ultimátum —el 4 de julio, coincidiendo con la fiesta nacional estadounidense— y amenazando con disparar los aranceles al automóvil europeo hasta el 25% si Bruselas no cumplía "su parte" del trato. En junio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió una investigación bajo la sección 301 contra Alemania, mientras Trump amenazaba con imponer aranceles del 100% a cualquier país que aplicara una tasa digital que afectara a empresas estadounidenses.

La volatilidad de las políticas comerciales de la Administración Trump ha generado un entorno de incertidumbre para las empresas europeas y estadounidenses. La sucesión de amenazas, ultimátums y cambios de dirección ha dificultado la planificación comercial a largo plazo y ha puesto en cuestión la viabilidad del acuerdo de julio de 2025 como marco estable para las relaciones comerciales transatlánticas. La Comisión Europea mantiene una postura de cautela, buscando evitar una escalada de represalias mientras intenta proteger los intereses de sus empresas y trabajadores.