La organización humanitaria Samaritan's Purse informó durante el fin de semana que sus siete empleados estadounidenses procedentes de Congo estaban siendo puestos en cuarentena en "tiendas militares grandes" en Kenia, aunque no especificó la ubicación exacta. Medios locales han reportado que las tiendas militares en la Base Aérea de Laikipia albergarían la instalación respaldada por Estados Unidos. La base aérea se encuentra aproximadamente 185 kilómetros al norte de Nairobi, la capital de Kenia, cerca de la ciudad de Nanyuki.

El brote de ébola en Congo, que estalló hace dos meses, ha generado una crisis sanitaria significativa. Según la información disponible, se han confirmado 2.344 casos en el país, con al menos 930 muertes registradas hasta el momento en que se reportó esta noticia el 21 de julio de 2026.

Franklin Graham, presidente y director ejecutivo de Samaritan's Purse, describió las condiciones de cuarentena en una declaración: "Están siendo alojados en tiendas militares grandes en un compuesto cercado de grava, durmiendo en catres militares, y su comida está siendo proporcionada por el ejército estadounidense". Graham no respondió a preguntas sobre por qué la cuarentena estaba operativa en Kenia a pesar de la orden judicial.

La organización Samaritan's Purse ha estado trabajando en primera línea de la respuesta al ébola en Congo, donde opera dos centros de tratamiento en Bunia y Nyankunde. Los siete empleados estadounidenses que están siendo puestos en cuarentena habían estado trabajando en estas instalaciones.

Los residentes de Nanyuki han realizado una serie de protestas contra la instalación recientemente, y dos personas han muerto cuando las protestas se tornaron violentas. Esta oposición local refleja las preocupaciones de la comunidad sobre la presencia de una instalación de cuarentena para una enfermedad altamente contagiosa.

Un tribunal keniato emitió una orden hace un mes que prohibía la operacionalización de la instalación, y el Ministro de Salud Aden Duale posteriormente ordenó la suspensión de su construcción. El caso se basó en una petición presentada por la Sociedad de Abogados de Kenia y el grupo de defensa constitucional Katiba Institute, que habían argumentado en contra del establecimiento de una cuarentena para estadounidenses procedentes de Congo, alegando que el frágil sistema de salud de Kenia podría ser abrumado en caso de un brote de ébola.

Nora Mbagathi, directora del Katiba Institute, expresó su preocupación a The Associated Press sobre los últimos reportes de estadounidenses ya siendo puestos en cuarentena en Kenia: "Si algún funcionario del gobierno keniano está involucrado... han traicionado completamente la confianza pública y deben ser personalmente responsables". La Sociedad de Abogados de Kenia declaró el lunes que una violación "deliberada" de una orden judicial constituiría "impunidad y estado de derecho quebrantado".

Kenia, ubicada cientos de millas al este de Congo con Uganda entre ambos países, no tiene casos confirmados de ébola pero es un aliado clave de Estados Unidos en África. El gobierno estadounidense ha comprometido 13,5 millones de dólares hacia los esfuerzos de preparación para el ébola de Kenia.

El presidente keniano William Ruto ha defendido la instalación de cuarentena respaldada por Estados Unidos, describiéndola como parte de una asociación con Estados Unidos. Ruto indicó que también hay planes para establecer 24 centros adicionales de preparación para el ébola en todo el país, con financiamiento estadounidense.

El Ministerio de Salud de Kenia y el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondieron a solicitudes de comentarios sobre si estadounidenses estaban siendo puestos en cuarentena en Kenia. La Base Aérea de Laikipia tampoco pudo ser contactada para comentarios.

La situación plantea tensiones entre los compromisos de seguridad sanitaria internacional y las preocupaciones locales sobre la capacidad del sistema de salud keniano. El hecho de que la instalación esté operando a pesar de una prohibición judicial explícita genera cuestionamientos sobre la aplicación del estado de derecho y la transparencia en la toma de decisiones sobre asuntos de salud pública de importancia regional.