Mediante robots, eventos publicitarios y discursos oficiales, el gobierno chino está montando un esfuerzo propagandístico para promover y defender la controvertida legislación, según reportó The New York Times.

La ley concede poderes extensos a Pekín para perseguir a grupos y personas en el extranjero que sean vistos como una amenaza a la unidad nacional o como incitadores de división étnica, según la fuente. Esto ha generado preocupaciones de que las autoridades chinas acusarían a activistas que viven en el extranjero de crímenes y buscarían su extradición o repatriación a China.

Desde que la ley entró en vigor el miércoles, activistas tibetanos y uigures han realizado manifestaciones en su contra en Washington y Bruselas, según The New York Times. El jueves, un activista tibetano se prendió fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y murió. Grupos de derechos humanos, gobiernos occidentales y legisladores estadounidenses han emitido declaraciones criticando la medida.

China ha respondido agresivamente a las críticas. Hu Weilie, viceministro de Justicia de China, culpó a las "interpretaciones distorsionadas" de los medios occidentales sobre la legislación, según la fuente. Hu afirmó que la ley es "legítima, legal, necesaria" y está en línea con las normas internacionales.

El viernes, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, acusó a Estados Unidos y la Unión Europea de "calumniar maliciosamente" las políticas de su país, según reportó The New York Times.

La retórica subraya cuán intolerante se ha vuelto el Partido Comunista Chino bajo el presidente Xi Jinping ante cualquier crítica sobre su tratamiento de las minorías étnicas, según la fuente. Bajo Xi, el partido ha impuesto fuertes represiones contra estos grupos, particularmente dirigidas a los tibetanos para erosionar la influencia del Dalai Lama en el Tíbet, y a los uigures, una minoría musulmana en Xinjiang.

La nueva legislación amplía el alcance extraterritorial de las autoridades chinas, permitiéndoles actuar contra individuos y organizaciones fuera de sus fronteras que consideren una amenaza a la cohesión étnica del país. Los críticos argumentan que esto representa una extensión sin precedentes del poder estatal chino más allá de sus fronteras y podría poner en riesgo a activistas, académicos y miembros de la diáspora que abogan por los derechos de las minorías.

El caso del activista tibetano que se inmoló frente a la ONU ilustra la desesperación y el nivel de oposición que la ley ha generado entre las comunidades afectadas. La autoinmolación es una forma de protesta históricamente utilizada por activistas tibetanos para llamar la atención sobre la represión china en el Tíbet.

Las implicaciones de esta ley son significativas para las comunidades tibetana y uigur en el exilio, así como para los países que albergan a estos grupos. La legislación podría llevar a China a solicitar formalmente la extradición de activistas, creando tensiones diplomáticas con naciones que tradicionalmente han ofrecido refugio a disidentes chinos.

La respuesta internacional ha sido de condena generalizada, aunque China ha mostrado poca disposición a modificar su postura. La defensa agresiva de la ley por parte de funcionarios chinos de alto nivel indica que Pekín considera esta legislación como un componente central de su estrategia de control sobre las minorías étnicas, tanto dentro como fuera de sus fronteras.

La situación refleja el endurecimiento continuo de las políticas del gobierno chino hacia las minorías bajo el liderazgo de Xi Jinping, quien ha consolidado el poder del partido sobre todos los aspectos de la sociedad china, incluyendo la gestión de la diversidad étnica y religiosa del país.