Los participantes se concentraron desde las 16.00 horas frente al Ayuntamiento, desoyendo las advertencias de las fuerzas de seguridad. Incluso antes de que comenzara la marcha, varios asistentes fueron multados. Mientras los agentes imponían las sanciones, los manifestantes respondieron cantando y coreando consignas como "Nuestros derechos no se roban", "Derechos iguales, no pasajes subterráneos" y "Una ciudad con tantos edificios coloridos y nos asusta un arcoíris", según informó el diario local Bihoreanul.

Algunos asistentes exhibieron un cartel que comparaba al alcalde de Oradea, el liberal Florin Birta, con el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro húngaro Viktor Orbán, conocido impulsor de políticas contrarias a los derechos del colectivo LGTBIQ+. Entre los participantes se encontraba la defensora del pueblo de Rumanía, Renate Weber, quien recordó que el derecho de reunión pacífica está protegido por la Constitución y reprochó al alcalde su interpretación de la legislación.

Los organizadores acusan al Ayuntamiento de actuar por motivos homófobos, mientras que el Consistorio justifica la prohibición alegando las quejas de miles de vecinos contrarios al evento. "Cada año las autoridades locales encuentran nuevas excusas legales o técnicas para impedir el Orgullo de Oradea", denunció a El País Iulian Dițiu, cofundador y presidente de Ark Oradea, la organización responsable de la convocatoria.

Según explicó Dițiu, el Ayuntamiento argumentó en 2024 que ninguno de los parques de la ciudad estaba disponible en el horario solicitado. En 2025, los organizadores presentaron 12 recorridos alternativos y todos fueron rechazados. Este año elevaron la cifra a más de un centenar de rutas, pero recibieron el pasado miércoles la respuesta definitiva: ninguna era viable por coincidir con otros eventos o con obras de infraestructura pública. "Da la impresión de que el mensaje que intentan transmitirnos es que no somos bienvenidos aquí", afirmó Dițiu. A su juicio, el Ayuntamiento se ha escudado durante años en argumentos técnicos, aunque esta vez, por primera vez desde que comenzó a prohibir la marcha en 2023, añadió como justificación la defensa de las "buenas costumbres".

La edición del año pasado reunió entre 500 y 600 personas pese a no contar con autorización. Nueve participantes fueron sancionados entonces con multas que sumaron unos 4.000 euros. Este año, según Dițiu, la cuantía de las sanciones ha ascendido a los 1.000 euros por persona.

Pese a la prohibición, los asistentes recorrieron las calles escoltados por un amplio dispositivo policial desplegado a ambos lados de la marcha. El presidente de la organización ACCEPT aseguró a El País que la movilización demostró que "el amor siempre es más fuerte que el odio institucionalizado y la homofobia". Al mismo tiempo, cuestionó cómo las autoridades pretenden ir de la mano de la Unión Europea cuando se refiere a la absorción de fondos comunitarios, pero se dejan de lado los derechos de igualdad y valores que promueve.

La controversia ha despertado una creciente atención internacional. Más de 152 organizaciones de 30 países firmaron una declaración conjunta en la que reclamaban la autorización de la marcha y exigían que pudiera celebrarse "con total seguridad" y conforme a la legislación europea. "Después de cuatro años consecutivos en los que la marcha del Orgullo no ha podido celebrarse, ya no puede hablarse de simples dificultades administrativas o logísticas", señala el comunicado. "Cuando una autoridad impide de forma sistemática que una comunidad se reúna pacíficamente, se pone en cuestión un principio fundamental que afecta a toda la ciudadanía", prosigue el texto.

La embajadora de Países Bajos en Rumanía, Willemijn van Haaften, trasladó personalmente su apoyo a los asistentes y aseguró sentirse "honrada" de participar en el acto. La diplomática destacó que una ciudad hermosa lo es gracias a todos sus ciudadanos, que enriquecen el mosaico social y cultural de la comunidad. También expresaron su solidaridad con los organizadores los alcaldes de Budapest y París, Gergely Karácsony y Emmanuel Grégoire.

La situación ha llevado a establecer paralelismos entre Oradea y Budapest, donde el Gobierno de Orbán ha tratado de restringir las celebraciones del Orgullo mediante diversas iniciativas legislativas. El caso de Oradea refleja una tensión creciente en la Unión Europea entre los derechos fundamentales de reunión y expresión, y las políticas locales que los restringen. La persistencia de las prohibiciones durante cuatro años consecutivos, junto con el aumento de las multas impuestas a los participantes, evidencia una escalada en la represión de estas manifestaciones en una ciudad que forma parte de un bloque que se define por sus valores democráticos y de igualdad.