

A partir del 1 de enero de 2026, cinco estados estadounidenses implementarán restricciones en el programa de asistencia alimentaria Snap, prohibiendo la compra de bebidas azucaradas y dulces con fondos gubernamentales para combatir problemas de salud pública.
Cinco estados de Estados Unidos iniciarán el próximo 1 de enero una nueva política que limita la compra de productos considerados poco saludables mediante el programa de asistencia nutricional Snap. West Virginia, Utah, Indiana, Iowa y Nebraska serán los primeros en implementar estas restricciones que afectarán a familias de bajos ingresos.
La medida, impulsada por el Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y la Secretaria de Agricultura Brooke Rollins, busca prevenir que los fondos públicos se destinen a productos que contribuyen a epidemias de enfermedades crónicas como la diabetes. Históricamente, los beneficiarios de Snap podían comprar casi cualquier producto en tiendas, con algunas excepciones como tabaco y alcohol.
Cada estado aplicará restricciones específicas. West Virginia y Utah prohibirán refrescos; Nebraska vedará refrescos y bebidas energéticas; Indiana no permitirá refrescos ni dulces. Iowa implementará las reglas más estrictas, bloqueando la compra de refrescos, dulces y alimentos envasados sujetos al impuesto estatal de ventas, como nueces con chocolate y palomitas dulces.
Las restricciones se extenderán gradualmente durante 2026. Florida y Texas iniciarán sus prohibiciones en abril, Carolina del Sur en agosto y Missouri en octubre. Actualmente, casi 42 millones de personas, aproximadamente el 12% de la población estadounidense, reciben beneficios de Snap.
Los opositores a estas restricciones argumentan que el programa de asistencia alimentaria no está preparado para cambios tan significativos y que generarán confusión tanto para comerciantes como para beneficiarios. Crystal FitzSimons, presidenta del Centro de Investigación y Acción Alimentaria, advirtió que estas medidas podrían crear más daño y caos para los participantes del programa.
Esta iniciativa forma parte de una tendencia más amplia, con 18 estados solicitando autorizaciones para restringir aún más los alimentos y bebidas que pueden adquirirse con ayudas alimentarias, reflejando un creciente interés en utilizar políticas públicas para promover hábitos alimenticios más saludables.