Colombia autoriza extradición a Chile de cofundador del Tren de Aragua y reactiva entrega de líder del Clan del Golfo a EE.UU.

El presidente colombiano Gustavo Petro firmó este miércoles dos resoluciones que autorizan la extradición de dos de los criminales más buscados de América Latina, según informó el mandatario desde Italia. Las decisiones se producen a poco más de un mes de que Petro deje el Gobierno y durante un viaje previo a su reunión con el papa León XIV.

Larry Changa será juzgado en Chile

Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los tres cofundadores del Tren de Aragua, será extraditado a Chile para ser juzgado por la justicia de ese país, según la resolución 245 de 2026 del Gobierno colombiano. Changa, de 49 años y nacido en Maracay, en el estado venezolano de Aragua, es solicitado por los delitos de asociación ilícita y por dos secuestros consumados, según la Corte de Apelaciones de La Serena, ciudad costera del norte chileno.

La decisión presidencial es el paso final de un proceso que se había dilatado debido a que dos tribunales chilenos distintos solicitaban juzgarlo, según informó el diario El País. Changa ha llegado a ser considerado una especie de "Pablo Escobar local" en Chile, debido al impacto que ha tenido el grupo criminal en ese país, según la misma fuente.

Changa fue detenido hace exactamente dos años, el 1 de julio de 2024, por las autoridades colombianas en Circasia, un municipio ubicado en el departamento cafetero del Quindío, según información de inteligencia. De acuerdo con las autoridades, había llegado a Colombia en 2022, evadiendo a las autoridades internacionales: era buscado en 196 países y contaba con dos notificaciones rojas de la Interpol. Al momento del allanamiento, intentó escapar y hubo una persecución; finalmente, la Policía logró detenerlo. Luego fue trasladado y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde ha permanecido desde entonces, según El País.

La resolución colombiana pone como condición "que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación", una formalidad que refleja las limitaciones que tiene la extradición en las leyes colombianas, según el documento oficial. Asimismo, el Gobierno asegura que se enviará una copia a la embajada de Venezuela en Bogotá, debido a que ese país también lo había solicitado.

Triple nacionalidad y identidades falsas

La resolución también menciona la triple nacionalidad del extraditado, según el documento oficial. Changa tenía papeles tanto colombianos como chilenos. En Colombia utilizaba el nombre Víctor Miguel Moreno Álvarez, una identidad falsa de la que se sirvió para cruzar las fronteras y evadir a las autoridades tras haberse fugado previamente de una cárcel de su país natal, según El País.

En Colombia, Changa tiene un expediente abierto en la Fiscalía por narcotráfico, que ha derivado en la incautación de varios bienes, según la misma fuente. El jefe criminal buscó negociar con el Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su política de paz total, pero su iniciativa no prosperó.

El Tren de Aragua: una megabanda transnacional

Changa es uno de los tres fundadores del Tren de Aragua, una banda criminal nacida a finales de la década del 2000 en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el centro-norte de Venezuela, según El País. Los otros fundadores de la megabanda son Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero, y Johan José Romero, conocido como Johan Petrica.

La organización tiene presencia confirmada en 11 países, desde Chile y Colombia hasta España, Italia y Portugal, y es investigada por Europol por delitos de trata de personas y lavado de activos en territorio europeo, según la misma fuente. Changa ha sido señalado tanto por Venezuela como por Chile por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, secuestro, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

El grupo criminal tejió una organización transnacional articulada, mientras que las autoridades de los países en los que hacía presencia no lograban trabajar de forma conjunta, según El País. De hecho, el Tren de Aragua llevó a que se enfrentaran ambos Gobiernos, luego de que el entonces canciller venezolano Yván Gil declarara que la banda criminal era "una ficción mediática internacional", algo que Chile calificó como "un insulto a los pueblos de Latinoamérica", según la misma fuente.

Chiquito Malo y el fracaso de la paz con el Clan del Golfo

En una decisión paralela, Petro anunció este miércoles que firmó un decreto que reactiva la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, actual líder del Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia. "Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo", argumentó el mandatario, con lo que muestra el fracaso en las negociaciones, según su publicación hecha desde Italia.

La renovada orden de extradición contra Chiquito Malo deja a la deriva el proceso de paz con el Clan, que recientemente había dado pasos agigantados, según El País. Por un lado, el Ejecutivo había confirmado el ingreso gradual de hasta 400 integrantes a Zonas de Ubicación Temporal ubicadas en Córdoba y Chocó. Por otro, el comisionado de paz, Otty Patiño, había pedido hace un mes a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura de 29 miembros, incluido Ávila, por mostrar la "buena fe" en el proceso de desmovilización, según la misma fuente.

Desde entonces, el enfoque contra el grupo criminal ha cambiado, según El País. Esta semana, las autoridades capturaron a alias Zarco, cabecilla del Clan en el departamento de Córdoba, una de las zonas de retaguardia del grupo, y han desarticulado una estructura del suroeste de Antioquia.

La banda narcotraficante, por su parte, ha movido fichas con el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que llegará al poder el próximo 7 de agosto, según El País. En una carta firmada por Chiquito Malo y difundida el lunes, el grupo le pide al nuevo presidente mantener vivos los diálogos de paz. "Como lo hemos manifestado anteriormente, reiteramos nuestra disposición a recibir al comisionado de paz y a los funcionarios que el nuevo gobierno designe, y a continuar con ellos el camino de la conversación que contribuya a nuestro acogimiento a la justicia", se lee en un texto en el que el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia defiende el cuestionado carácter político de su existencia, según la misma fuente.

La misiva fue hecha pública días después de que De la Espriella les diera un ultimátum a todas las estructuras criminales de someterse a la justicia en los primeros 30 días de su Gobierno, antes de atacarlos con fuerza, según El País. "En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", amenazó el ultra, según la misma fuente.

Audios comprometedores y negociaciones secretas

El Gobierno de izquierdas quedó la semana pasada en una difícil situación, tras la publicación hecha por Noticias Caracol de varios audios de conversaciones que mantuvo en 2022 el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, con cabecillas del Clan del Golfo, según El País. En los audios, el representante del Ejecutivo decía que estaban dispuestos a cesar los bombardeos, levantar órdenes de captura y garantizar la no extradición de sus jefes, incluso sin hacerlo público, con tal de que se sentaran a negociar, según la misma fuente.

La negociación formal con el Clan del Golfo inició en septiembre de 2025 en Doha, Qatar, según El País. En un primer ciclo, las partes acordaron una etapa inicial de construcción de confianza y un plan piloto de sustitución de cultivos. En diciembre, amplió esos compromisos y estableció tres zonas de ubicación temporal para el tránsito gradual de combatientes a la vida civil. En febrero, el Clan suspendió temporalmente su participación en la mesa tras el anuncio del Gobierno de priorizar la captura de Chiquito Malo, en el marco de un acuerdo con Estados Unidos para entregarlo en extradición, según la misma fuente.

Defensa de los diálogos sociojurídicos

Pese a su decisión sobre Chiquito Malo, Petro ha vuelto a reivindicar sus modelos de "diálogos sociojurídicos", que implican una integración económica lícita en los territorios en conflicto y pactos sociales con la población civil, según su publicación. "Este concepto funcionó parcialmente en el sur del país. La Fiscalía no nos ayudó, influenciada, hay que decirlo, por una línea construida desde el pasado por los EE UU que cree en la erradicación forzosa, hasta ahora fracasada según los datos", recalcó el mandatario desde Italia, según El País.

Implicaciones y contexto

Con la reactivación de la entrega internacional del líder del Clan, Petro le da una estocada mortal a unas negociaciones turbulentas, sin resultados concretos y a las que De la Espriella ha prometido ponerles fin, según El País. Las dos decisiones de extradición representan un cambio de estrategia del Gobierno colombiano en sus últimos días en el poder, abandonando la política de paz total que había caracterizado la administración de Petro.

La extradición de Changa a Chile marca un hito en la cooperación judicial internacional contra el Tren de Aragua, una organización que ha expandido sus operaciones criminales por todo el continente y Europa. La decisión también responde a la presión de Chile, donde el impacto del grupo criminal ha generado una crisis de seguridad pública.

Por su parte, la reactivación de la extradición de Chiquito Malo a Estados Unidos cierra definitivamente la puerta a las negociaciones con el Clan del Golfo, la organización narcotraficante más poderosa de Colombia. El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado claro que no continuará con la política de diálogos de paz con grupos criminales, optando por una estrategia de confrontación militar y judicial.

Las decisiones de Petro se producen en un momento de transición política en Colombia, a poco más de un mes de que el ultraderechista De la Espriella asuma el poder el 7 de agosto. El nuevo mandatario ha prometido una línea dura contra las organizaciones criminales, rechazando las "ofertas generosas" del gobierno saliente y estableciendo un plazo de 30 días para que las estructuras criminales se sometan a la justicia antes de enfrentar una ofensiva militar.