Colombia deberá pagar más de 500 millones de euros a Telefónica tras fallo del arbitraje internacional

El Comité ad hoc del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) desestimó el recurso de suspensión presentado por Colombia, obligando al país al pago inmediato de una indemnización que supera los 500 millones de euros a favor de Telefónica, según informaron fuentes conocedoras del proceso a El País.

El fallo confirma la obligación de devolver los 379,8 millones de dólares (357,6 millones de euros) que Telefónica desembolsó en 2017 tras un laudo nacional adverso, según las fuentes. A esta cifra se añade un interés anual del 5% calculado desde 2018 hasta la fecha efectiva del pago, aproximadamente 153 millones de euros, además de los gastos judiciales derivados de ocho años de arbitraje internacional.

El tribunal determinó que Colombia incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones del grupo español, violando el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Colombia y España en 2005, según las fuentes.

La resolución se precipitó tras un fallo técnico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) de Colombia. El Comité ad hoc del Ciadi, un órgano independiente y temporal distinto al tribunal que emitió el fallo inicial, desestimó la solicitud de suspensión al constatar que el país no presentó una garantía bancaria por el valor total de la condena durante los últimos 30 días del proceso, según las fuentes. Esta garantía era el requisito indispensable para mantener la suspensión provisional del cobro.

Según fuentes cercanas al proceso, Colombia no pudo constituir la garantía porque el presupuesto de 2026 ya estaba comprometido y no había disponibilidad. El país intentó explicar la imposibilidad de emitir la póliza y planteó soluciones alternas, según informó la ANDJE en un comunicado.

El Gobierno colombiano anunció este miércoles que agotará todos los recursos disponibles ante los tribunales internacionales. "La ANDJE ratifica que continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo", señaló el organismo.

La ANDJE recordó que el laudo que condenó a Colombia fue notificado a las partes el 12 de noviembre de 2024, "tras un periodo excesivo de tres años de deliberaciones", y pocos días después solicitó su anulación y la suspensión de su ejecución hasta que se tome una decisión definitiva.

Ahora, al Gobierno de Petro solo le queda esperar que prospere el recurso de nulidad interpuesto contra la decisión del Ciadi, pero las fuentes indican que es muy improbable según la jurisprudencia anterior en este tipo de litigios. El próximo 3 y 4 de junio de 2026 tendrá lugar en París la audiencia del trámite de la solicitud de anulación, donde el Comité ad hoc escuchará a las partes y se harán los alegatos finales, según la ANDJE.

Telefónica completó en febrero pasado la venta de su participación del 67,5% en Colombia Telecomunicaciones (ColTel) a favor de Millicom por 214 millones de dólares (182 millones de euros), según las fuentes. No obstante, el pleito con el Estado colombiano quedó fuera del pacto, por lo que será la empresa que preside Marc Murtra la que reciba el pago. Telefónica declinó hacer comentarios sobre el fallo a preguntas de El País.

Según reconoce Telefónica en su informe financiero anual correspondiente al ejercicio 2025, la cifra total asciende a 571 millones de dólares, unos 485 millones de euros.

El origen del conflicto jurídico se remonta a los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994, según las fuentes. Estos documentos incluían la cláusula 33, que establecía la "reversión de activos", una norma que obligaba a las operadoras a entregar a la nación toda la infraestructura (antenas, redes y estaciones base) al finalizar el contrato.

Aunque leyes de 1998 y 2009 eliminaron esta obligación para incentivar la inversión en nuevas tecnologías, la Contraloría General de la República dictaminó en 2013 que las cláusulas originales debían respetarse por encima de las leyes posteriores, al haberse firmado los contratos con anterioridad, según las fuentes.

En julio de 2017, un tribunal de arbitramento nacional con sede en Bogotá ordenó a las operadoras ColTel (filial de Telefónica) y Claro (propiedad de América Móvil) el pago de millonarias sumas por estos activos, según las fuentes. ColTel, participada entonces en un 67,5% por Telefónica y un 32,5% por el Estado colombiano, fue condenada a pagar 1.652 millones de pesos colombianos, unos 530 millones de dólares de la época. La multinacional española tuvo que realizar una ampliación de capital en su filial para cubrir los aproximadamente 270 millones de euros de la época correspondientes a su participación.

Telefónica inició el arbitraje internacional ante el Ciadi en febrero de 2018, alegando que el Estado colombiano cambió arbitrariamente las reglas de juego y vulneró la seguridad jurídica, según las fuentes. El panel falló inicialmente a favor de la empresa a finales de 2024. El tribunal consideró que, si bien el Estado tiene potestad regulatoria, la aplicación retroactiva de la reversión de activos constituyó una medida desproporcionada que afectó al valor de la inversión extranjera.

La diferencia de resultados entre las operadoras extranjeras en Colombia radica en la fortaleza de los tratados internacionales, según las fuentes. En 2021, el Ciadi falló a favor de Colombia en un caso similar iniciado por Claro, evitando que el Estado devolviera 1.286 millones de dólares (1.209 millones de euros). El tribunal determinó en aquella ocasión que el tratado de libre comercio con México otorgaba menores garantías que el acuerdo bilateral suscrito con España, el cual brindaba una protección más robusta a Telefónica frente a cambios regulatorios imprevistos.

El impacto fiscal de esta decisión se produce en un momento de tensión entre el Ejecutivo colombiano y los sistemas de arbitraje internacional. El presidente Gustavo Petro ha propuesto formalmente la salida de Colombia del Ciadi, calificando a estos tribunales como organismos que "lesionan la soberanía nacional", según las fuentes.

Según estimaciones de la Presidencia, el país enfrenta actualmente riesgos jurídicos por valor de 52 billones de pesos colombianos (11.370 millones de euros) en diversos procesos internacionales. No obstante, expertos legales señalan que una salida unilateral no anularía los procesos en curso ni los compromisos de tratados vigentes, que suelen incluir cláusulas de protección extendida por varios meses tras la notificación de retiro, según las fuentes.

La derrota jurídica de Colombia ante el Ciadi sienta un precedente sobre la interpretación de las cláusulas de reversión en contratos de infraestructura. La decisión subraya que el cumplimiento de la normativa nacional no exime al Estado de sus obligaciones internacionales bajo los tratados de protección de inversiones.

Más allá de Colombia, Telefónica cuenta con otro conflicto en Perú desde hace más de 20 años, según Economía Digital. La teleco batalla contra el país latinoamericano por más de 1.100 millones de euros más intereses de demora por litigios por daños y perjuicios correspondientes a impuestos y provisiones fiscales. En este caso, el laudo no se ha dictado aún, sino que se encuentra en la fase final de la deliberación. Según consta en el Ciadi, en diciembre se presentaron los escritos posteriores a la audiencia y en febrero se han presentado segundos escritos.