Ecuador declara nuevamente conflicto armado interno tras asesinato de líder criminal en aeropuerto de Guayaquil

El gobierno de Daniel Noboa volvió a declarar un conflicto armado interno en Ecuador, según informó la Presidencia mediante un video difundido en redes sociales. La medida se produjo horas después de que una balacera en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil dejara al descubierto una de las mayores contradicciones de la política de seguridad del gobierno, según reportó El País.

Carlos Alberto Suástegui, identificado como cabecilla de la peligrosa banda criminal Los Águilas, recibió disparos la noche del 17 de junio en la zona de arribo internacional del aeropuerto, en medio de los pasajeros que abandonaban la terminal, según la fuente. El hecho abrió preguntas sobre la eficacia de una estrategia que insiste en el lenguaje bélico mientras los principales cabecillas del crimen organizado continúan moviéndose con libertad, según el análisis del medio.

El nuevo decreto autoriza al Ejecutivo a conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas para militares, policías y civiles que participen en operaciones relacionadas con el conflicto armado interno, según el documento oficial. La protección también se extiende a militares de países aliados que colaboren en territorio ecuatoriano y exhorta a la Asamblea Nacional a otorgar amnistías, según la misma fuente.

"A partir de esta decisión, militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad", señaló Noboa en el video difundido por la Presidencia.

Esta es la segunda vez que Noboa recurre a esta figura, según El País. La primera fue en enero de 2024, tras la cadena de atentados que incluyó la toma armada de un canal de televisión en Guayaquil. Desde entonces, el presidente ha sostenido que Ecuador libra una guerra interna, según la fuente.

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la prolongación de esa narrativa al considerar que las causas con las que el gobierno la justificaba no sostenían la medida, e incluso llamó la atención del mandatario por insistir en esa causal, según reportó el medio.

La nueva declaratoria llega apenas dos días después de declararse el estado de excepción en diez provincias, según la información disponible. También ocurre en medio de una escalada de violencia que hasta mayo había dejado cerca de 3.500 homicidios, según las cifras reportadas.

La muerte de Suástegui resume las dificultades del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales, según el análisis de El País. Aunque era considerado un objetivo prioritario, no tenía órdenes de captura vigentes. Entraba y salía del país utilizando sus documentos de identidad. Nadie lo detuvo, según la fuente.

Las autoridades conocían su historial, según el reporte. Había sido sentenciado por asociación ilícita. También enfrentó un proceso por delincuencia organizada. Fue procesado por asesinato y posteriormente absuelto. Aun así, no existía ninguna medida judicial que limitara su movilidad, según la información disponible.

El caso de Suástegui revela la distancia entre la narrativa oficial y la capacidad del Estado para perseguir a quienes considera una amenaza estratégica, según el análisis del medio. Los organismos de inteligencia no impidieron que se moviera libremente. Tampoco existe evidencia pública de una estrategia sostenida para afectar su estructura económica, según la fuente.

El Triunfo, una ciudad situada a una hora de Guayaquil, se convirtió en uno de los principales enclaves de Los Águilas, una facción surgida de Los Choneros, la organización criminal que durante años dominó buena parte del negocio del narcotráfico, extorsiones y sicariatos en Ecuador, según El País. Tras el asesinato de su líder, alias JR, en Colombia, Suástegui pasó a formar parte de la estructura que disputó el control del grupo, junto a alias Candela, según la misma fuente.

Ubicado en el centro de la costa ecuatoriana, el cantón está rodeado de extensas zonas rurales donde las autoridades han detectado pistas clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas, según el reporte. Allí era conocida la existencia de propiedades vinculadas a Suástegui y a su entorno, incluida una hacienda con caballos de paso y ponis, según la información disponible.

El Bloque de Seguridad había intervenido previamente en el predio, aunque no logró capturarlo porque no se encontraba en el lugar, según una fuente policial consultada por El País. Pese a ello, los bienes continuaban operando sin afectaciones visibles ni controles de otros organismos como la Unidad de Lavado de Activos o el Servicio de Rentas Internas, según la fuente.

La contradicción atraviesa toda la estrategia de seguridad del gobierno, según el análisis del medio. Mientras el Ejecutivo anuncia mejoras en inteligencia, cooperación militar internacional y una guerra sin tregua contra el crimen organizado, uno de los hombres que consideraba un objetivo prioritario terminó asesinado por sus rivales antes de ser detenido por el Estado, según la fuente.

La escena final ocurrió en El Triunfo, según el reporte. Una caravana de carros, motos y caballos recorrió las calles con música ranchera y fuegos artificiales para despedir a Suástegui. Los militares observaron el cortejo desde los márgenes. La procesión avanzó sin obstáculos, según la información disponible.

Mientras el gobierno declara una guerra, el control territorial sigue disputándose lejos de los decretos y permanece bajo la gobernanza del crimen organizado, según el análisis de El País. El Triunfo es la demostración de aquellas ciudades de Ecuador donde todo se mueve a través de la orden de los narcos, según la fuente.

La nueva declaratoria de conflicto armado interno plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado ecuatoriano para traducir el lenguaje bélico en resultados concretos contra las estructuras del crimen organizado. La autorización para el despliegue de fuerzas militares extranjeras representa un cambio significativo en la estrategia de seguridad del país, aunque su efectividad dependerá de la capacidad del gobierno para coordinar operaciones de inteligencia y judiciales que hasta ahora no han logrado neutralizar a los principales objetivos antes de que sean eliminados por sus propios rivales.