

El Gobierno colombiano ha oficializado el 30 de diciembre de 2025 el inicio del proceso para vender su participación del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel), lo que permitirá a Telefónica completar su salida del país y a Millicom consolidar su control sobre el nuevo gigante Tigo-Movistar.
El pasado 30 de diciembre de 2025, el Gobierno de Colombia, a través del Decreto 1481, formalizó el programa para vender su participación del 32,5% en Colombia Telecomunicaciones S.A. (Coltel), la empresa que opera bajo la marca Movistar. Esta decisión elimina el último gran obstáculo para que Telefónica, el gigante español de telecomunicaciones, complete su salida del país. El Ministerio de Hacienda ha establecido un precio inicial de 772,38 pesos por acción, lo que se traduce en una recaudación estimada de 856.000 millones de pesos (aproximadamente 181 millones de euros). Estos recursos se destinarán a financiar programas de inversión social y otras prioridades del Estado, en el marco de una política de optimización de activos y democratización de la propiedad accionarial. El comprador de la participación estatal será Millicom, un conglomerado luxemburgués que busca consolidar el 100% de la propiedad de la entidad resultante. Millicom ya ha acordado la compra del 67,5% de las acciones de Telefónica España por 400 millones de dólares (342,3 millones de euros) y ha asegurado la adquisición de la participación de Empresas Públicas de Medellín (EPM) por otros 525 millones de dólares (449,2 millones de euros). En total, la inversión de Millicom para unificar ambas compañías superará los 1.137 millones de dólares (972,9 millones de euros), convirtiéndose en la mayor operación corporativa del sector en la última década. Sin embargo, para que esta fusión sea efectiva, Telefónica y Millicom deben cumplir con una serie de requisitos regulatorios impuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que incluyen la devolución de parte del espectro radioeléctrico para evitar una ventaja competitiva desleal. Además, se han establecido condiciones para proteger a los usuarios y a los competidores más pequeños, prohibiendo modificaciones unilaterales en los contratos con los Operadores Móviles Virtuales (OMV). El proceso de venta se llevará a cabo en dos etapas: la primera, de carácter preferencial, ofrecerá las acciones a trabajadores y extrabajadores de la empresa, y solo tras agotarse esta fase se abrirá al público en general. A pesar de las garantías del Gobierno sobre la continuidad del servicio, la operación ha generado resistencias, especialmente por parte del operador WOM, que ha solicitado condiciones más estrictas para evitar la creación de un duopolio que controle más del 90% del mercado móvil en Colombia. Hasta que se completen todos los trámites legales, Movistar y Tigo continuarán operando de manera independiente, garantizando a los usuarios el derecho a mantener sus condiciones contractuales actuales. Esta venta no solo busca sanear las cuentas del país, sino también fomentar un mercado con actores de mayor escala capaces de competir en el despliegue de tecnologías como el 5G, esenciales para el desarrollo social.