La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, único órgano constitucionalmente facultado para investigar al presidente de la República, abrió este martes 26 de mayo una investigación penal contra Gustavo Petro por presunta participación en política, según confirmó la congresista Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de esa comisión, en una carta oficial.

La investigación se produce a cuatro días de la primera vuelta presidencial del domingo 31 de mayo, en la que el candidato del oficialista Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda, aparece como favorito en todas las encuestas con una intención de voto cercana al 40%, según reporta El País.

Las denuncias contra Petro se centran en una serie de mensajes publicados en la red social X durante el fin de semana. El sábado 24 de mayo, tras el cierre de campaña de Cepeda en Bogotá, el presidente escribió: "En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia", según consigna Infobae.

Al día siguiente, Petro publicó otro mensaje aludiendo al evento de Cepeda en Barranquilla: "Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras", en una referencia indirecta al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien ocupa el segundo lugar en las encuestas, según las mismas fuentes.

El martes 26 de mayo, Petro escribió: "La amenaza para Colombia es que familias mafiosas se tomen el poder", en lo que se interpreta como otra alusión a la contienda electoral, según El País.

La ley colombiana prohíbe a los miembros del Ejecutivo participar en campañas políticas. El artículo 127 de la Constitución de 1991 establece restricciones para que los servidores públicos intervengan en contiendas electorales, con el objetivo de evitar el uso indebido del aparato estatal y garantizar la igualdad entre competidores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió al presidente argumentando que no está pidiendo el voto por nadie ni obligando a votar en un sentido determinado. "¿Qué es participación en política? Cuando le digo a un empleado que lo voy a botar si no vota, o que le voy a subir el sueldo para que vote, o si salgo públicamente y digo que, por favor, voten por una persona", explicó Benedetti el lunes, según El País. El ministro también afirmó que Petro "no está participando en política; está haciendo análisis político", según Cambio Colombia.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, elegido con el apoyo de Petro, pidió información sobre cualquier intervención en política del mandatario y abrió una investigación preliminar contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien había dicho en un evento oficial en el departamento del Tolima: "Hasta el perro y el gato deben salir a votar", según El País.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también postulada a su cargo por el presidente, hizo un llamado similar el lunes: "Observamos una conducta de parte del alto Gobierno que puede constituir una influencia a favor de cierta candidatura o en contra de otras. Hemos documentado hechos que llaman la atención", declaró ante los medios, según la misma fuente.

El Ministerio de Salud respondió a las acusaciones de la Procuraduría mediante una carta en la que sostiene que las declaraciones de Jaramillo no invitaban a votar por ningún candidato, sino que hacían énfasis en la importancia de ejercer el derecho al voto, según El País.

La controversia se extiende también al candidato Cepeda, quien el lunes 25 de mayo reunió a más de 3.000 personas en un evento en Sincelejo, pese a que la ley prohíbe realizar actos públicos en la semana previa a los comicios, según El País. Cepeda argumentó que su evento era a puerta cerrada, independientemente de su tamaño. "¿Qué culpa que sean multitudes las que quieran participar del cuidado del voto?", explicó su aliado, el exsenador Gustavo Bolívar, según la misma fuente.

El martes 26 de mayo, Cepeda realizó otro evento en Montería, ciudad natal de De la Espriella, convocando a cientos de personas. El candidato oficialista defendió que se trataba de un "acto privado" y no de un acto público de campaña, según El País. En su discurso, dedicado a la juventud, prometió crédito barato para vivienda y financiación de la educación superior.

La Misión de Observación Electoral solicitó al Consejo Nacional Electoral un pronunciamiento sobre el caso, y el organismo respondió que su Sala Plena evaluará el asunto, según El País.

El Consejo Nacional Electoral, encargado de regular y revisar el desarrollo de los comicios, enfrenta cuestionamientos sobre su legitimidad debido al origen partidista de sus nueve magistrados, elegidos en representación de las bancadas del Congreso. La semana pasada, su sala plena terminó a gritos durante una discusión entre la magistrada Fabiola Márquez, del partido de Cepeda y Petro, y el excongresista Álvaro Hernán Prada, del opositor Centro Democrático, según la misma fuente.

La candidata de la derecha tradicional, Paloma Valencia, senadora por doce años del Centro Democrático, ha cuestionado desde hace semanas la intervención del presidente en la campaña electoral. "Este Gobierno participa en política y nadie hace nada", sostuvo Valencia, según Cambio Colombia. Su propuesta de construir mayorías amplias la ubica en un espacio distinto al del antagonismo puro, pero las encuestas la muestran por debajo de De la Espriella en la lucha por el segundo puesto, según El País.

De la Espriella, penalista y candidato ultraderechista, llega a esta recta final superando a Valencia en las encuestas como el segundo favorito. "El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos", dijo su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo, según El País. El candidato ultra ha construido un discurso que divide el mundo entre "los nunca" y "los siempre": los que nunca han estado en el poder y los que siempre han estado.

El martes, Petro también señaló a De la Espriella de quedarse con el 90% de la indemnización de la familia de Rosa Elvira Cely, una mujer asesinada en Bogotá en 2012 y cuyo nombre lleva la ley que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia. "No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely, quede en manos de su abogado. Muy ruin", escribió el presidente, según El País.

Sin embargo, Adriana Cely, hermana de la víctima, aclaró a El País que eso no es cierto y que ni siquiera han recibido una compensación; la demanda sigue en curso. Cely se reafirmó en que su madre y ella se sintieron maltratadas por De la Espriella, y en que "miente al decir que gracias a él se hizo la ley de feminicidio".

La prohibición de participación en política por parte de funcionarios públicos tiene raíces profundas en la historia constitucional colombiana. Durante el siglo XIX y buena parte del XX era común que militares, jueces y funcionarios del gobierno utilizaran su poder para inclinar las elecciones en favor de determinados candidatos, según Cambio Colombia.

La Constitución de 1886, reformada en 1945, ya establecía que los funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público no podían participar activamente en partidos políticos ni intervenir en controversias electorales, salvo mediante el voto. El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 reforzó esa lógica al prohibir a empleados y funcionarios públicos de carrera participar en actividades partidistas, según la misma fuente.

Petro no es el primer presidente colombiano acusado de intervenir en una campaña presidencial. Cuando era presidente, Iván Duque hablaba constantemente de los "autócratas regidos por las tres P: populismo, polarización y posverdad", en una referencia apenas velada a Petro. Cada vez que lo acusaban de intervenir en favor de candidatos como Federico Gutiérrez, Duque respondía que simplemente estaba haciendo "análisis político", según Cambio Colombia.

Más directo fue el entonces presidente Álvaro Uribe en 2010, cuando respaldó abiertamente la candidatura de su exministro de Defensa Juan Manuel Santos contra Antanas Mockus. Diez días antes de la primera vuelta, después de que Mockus reconociera públicamente que padecía párkinson, Uribe pronunció una frase que desató polémica: "Esto necesita continuidad, esto no es flor de un día, esto no es un esfuercito de caballo discapacitado", según la misma fuente.

Aunque la Comisión de Investigación y Acusación es el juez natural del presidente, se trata de una instancia con recursos limitados y profundamente atravesada por las dinámicas políticas del poder de turno, según Cambio Colombia. Históricamente, los presidentes han ejercido una fuerte influencia sobre esa célula legislativa, al extremo que se le conoce irónicamente como "la Comisión de Absoluciones", debido a la escasa efectividad de sus investigaciones contra altos dignatarios del Estado.

En este caso particular, tanto el periodo del presidente como el de los actuales congresistas está próximo a terminar el 7 de agosto de 2026, por lo que es poco probable que el proceso tenga consecuencias de fondo, según la misma fuente.

Allí cursan cerca de una docena de denuncias contra Petro, la mayoría relacionadas con presunta participación indebida en política. También avanzan investigaciones sobre la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, en las que se sostiene que habrían sido ocultados más de 5.300 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta, según Cambio Colombia.

Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han señalado que el presidente, en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, puede defender sus tesis políticas, criticar a la oposición y promover su visión del país. Sin embargo, la línea es delgada: lo que no puede hacer es llamar abiertamente a votar por un candidato específico ni utilizar recursos oficiales para actividades proselitistas, según la misma fuente.

El procurador Eljach anunció que el Comité de Seguimiento al Plan Democracia entra en sesión permanente hasta el lunes 1 de junio, día después de la primera vuelta presidencial. "Vamos a estar atentos las 24 horas del día para garantizar la protección de las instituciones y de la democracia", dijo a través de un comunicado, según El País.

El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para que los partidos y movimientos políticos inscriban a los testigos electorales que acompañarán la jornada del domingo. Las inscripciones finalizarán este jueves 28 de mayo a las 5:00 de la tarde. Hasta el momento han sido acreditados más de 223.000 actores electorales, entre testigos de las campañas, auditores y observadores nacionales e internacionales, según la misma fuente.

La Registraduría de Colombia, en cabeza de Hernán Penagos Giraldo, le pidió al presidente Petro "no incurrir en desinformación", en referencia a un mensaje publicado en X sobre supuestas irregularidades en la entrega del material electoral en el municipio de Chinú, en Córdoba. La Registraduría afirmó que el material electoral llegó en perfectas condiciones, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional y cumpliendo todos los protocolos de seguridad, según El País.

Las emociones que mueven esta elección incluyen el apoyo o el rechazo a Petro, pero también el rechazo a lo establecido, a la clase política, al sistema. Un sentimiento que florece cada vez que el sistema confirma sus propias limitaciones, según El País. Estas denuncias, aunque no haya resolución a la vista, tienden a alimentar la bandera antipolítica que ondea el ultra. Cuando el presidente empuja una candidatura, cuando el árbitro electoral termina sus reuniones a los gritos, cuando el candidato oficialista convoca multitudes durante una veda, el relato de que las reglas del juego están capturadas cobra fuerza.