La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta firmó un auto de siete páginas en el que ordena la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio, fecha de la segunda vuelta electoral, según informó El País. La decisión se enmarca en una investigación por mensajes publicados por el mandatario entre el 6 y el 9 de junio en su cuenta de X, en los que habría participado en política electoral.

La medida, sin precedentes en la historia reciente de Colombia, ha generado un rechazo generalizado desde diversos sectores políticos y jurídicos, que coinciden en señalar su inconstitucionalidad. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que "solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente", según declaraciones recogidas por El País. Benedetti añadió que una eventual suspensión no puede depender de la "voluntad de una sola representante".

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó el procedimiento constitucional: "De hecho, no es la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que expide el auto, es la representante investigadora, cuyo proyecto debe ser aprobado o rechazado por la Comisión, y de ser aprobado, la plenaria de Cámara remite el caso al Senado, que es quien puede suspender", según sus declaraciones.

La senadora del partido Verde Angélica Lozano citó el artículo 194 de la Constitución colombiana: "Solo el Senado puede suspender o destituir al presidente de la República", según publicó en sus redes sociales. Lozano detalló que el proceso requeriría votación en la comisión, paso a la plenaria de la Cámara, revisión por una comisión de instrucción de cinco senadores abogados y finalmente votación en la plenaria del Senado.

El representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Acusaciones, negó que se haya suspendido al presidente: "Quiero informar a Colombia que el presidente no ha sido suspendido, no se ha tomado ninguna decisión contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. Ni ha sido llamado a indagatoria, como dijeron anteriormente, y mucho menos se ha suspendido", según declaró en un video. "Hoy no hemos sesionado. No es cierto. Es una información falsa. Es un auto que ni siquiera se ha radicado ni se ha discutido", añadió.

**Acusaciones de "autoatentado legislativo"**

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella calificó la decisión como un "autoatentado legislativo" y un "golpe de Estado", según declaraciones difundidas en sus redes sociales. "Colombianos, lo he dicho desde hace años: Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Diez días después de las elecciones no ha reconocido el resultado. Sabe que en las urnas no tienen cómo ganar", afirmó De la Espriella.

El candidato aseguró que la decisión es producto de un acuerdo entre Arizabaleta, su exesposo Roy Barreras y el presidente: "Petro armó junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa este mecanismo fraudulento e ilegal para burlar la carta magna", según sus declaraciones. "Esto no es improvisación, es un golpe de Estado tejido paso a paso ante la pasividad de los órganos de control y de los medios de comunicación tradicionales", añadió.

Rodrigo Lara, excandidato a la alcaldía de Bogotá y ahora asesor de la campaña de De la Espriella, respaldó esta interpretación: "Al ver que pierde en primera y segunda vuelta, y que el Senado no le iba a dar permiso para hacer campaña por Iván Cepeda, Petro armó con la representante Arizabaleta un prevaricato monumental: la Cámara lo suspendió ilegalmente, saltándose la Constitución, para victimizarse, salir a campaña y usar toda la maquinaria del Estado a su favor", según escribió en su cuenta de X.

El expresidente Iván Duque también cuestionó la decisión: "Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones?", según publicó en X. "Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno. Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca", añadió el expresidente de derecha.

**Roy Barreras rechaza la decisión de su exesposa**

Roy Barreras, exsenador y expresidente del Congreso durante el periodo de Petro, rechazó la orden de su exesposa: "Ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno", según manifestó en sus redes sociales. "Él sabe que estoy divorciado hace 5 años de esa representante y que esta decisión absurda e inconstitucional debe ser rechazada", respondió a comentarios del excongresista Gustavo Bolívar. "Esta actuación es una amenaza contra las instituciones", añadió Barreras.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y aliado estratégico del candidato Iván Cepeda, también desestimó la orden: "La Constitución es clara en los procedimientos para investigar y juzgar al presidente de la República. La Cámara de Representantes investiga y acusa y el Senado juzga, absuelve o condena. Ni la Comisión de Acusaciones ni la plenaria de la Cámara pueden suspender al jefe de estado. Mucho menos un representante investigador", según escribió en sus redes sociales. "Solo el Senado lo puede hacer tras aceptar la acusación de la Cámara", insistió.

Cristo llamó a no distraerse del proceso electoral: "Estamos a menos de dos semanas de la elección del próximo presidente, no podemos seguir distrayéndonos en la discusión de decisiones jurídicas que no van a ninguna parte", según declaraciones recogidas por El País. "A los colombianos les interesa contrastar a los candidatos, sus trayectorias, su talante democrático, su respeto a los valores de la Constitución de 1991, la defensa de las libertades y derechos", valoró. "Preocupa que se haga ahora una tormenta en un vaso de agua. Eso no es viable, no existe en ninguna parte de la Constitución, no se puede hacer…no le gastemos más tiempo a eso", añadió.

**Contexto de la investigación**

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió un nuevo proceso contra Petro por presunta participación en política, según informó El País. El organismo tiene en cuenta varios mensajes publicados recientemente por el mandatario en redes sociales, en los que ha comentado la campaña presidencial y el proceso electoral. La investigación también considera algunas publicaciones que hizo Petro en 2023.

La decisión de Arizabaleta se produce en medio de una polarizada campaña electoral, a solo 11 días de la segunda vuelta entre el senador de izquierda Iván Cepeda y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según El País, Petro ha mantenido una presencia constante en la campaña, a pesar de que el candidato Cepeda intenta marcar distancia en los asuntos más sensibles para su aspiración.

**Tensión en la recta final de la campaña**

El candidato Iván Cepeda ha elevado el tono contra su contrincante en los últimos días. En un mensaje publicado en X, calificó a De la Espriella como un "estafador de estafadores", según informó El País. "Quien se dice pertenecer a los 'nunca' y ser outsider ha sido el abogado de los de siempre: los políticos mafiosos, los jefes paramilitares, los capos del narcotráfico, los mayores estafadores. Es el defensor de los que 'nunca' han cumplido las leyes ni mucho menos la Constitución", escribió.

Cepeda también retó a De la Espriella a debatir directamente: "No se esconda detrás de su fórmula vicepresidencial", le dijo, haciendo referencia a la condición que puso el candidato ultraderechista para asistir a debates. "En todas las democracias del mundo, y así ha ocurrido históricamente en Colombia, los debates presidenciales son entre quienes aspiran a ejercer la Presidencia de la República. El debate es entre usted y yo. El liderazgo se ejerce dando la cara", según sus declaraciones.

Por su parte, De la Espriella enfrenta sus propios desafíos legales. Un magistrado del Tribunal de Bogotá, Rafael Albeiro Chavarro de la sala Laboral, ordenó al candidato ultra retirar toda la publicidad con símbolos patrios, dejar de utilizar el eslogan "firmes con la patria" e incluso el nombre de su movimiento, "defensores de la patria", según informó El País. La decisión se produjo en la admisión de una acción de tutela interpuesta por el abogado Dylan Lizarazo, simpatizante de Cepeda.

De la Espriella rechazó la decisión judicial y anunció que "ejercerá de inmediato las acciones jurídicas correspondientes para defender sus derechos y solicitar la revisión de una medida que afecta elementos centrales de su identidad política en la recta final de la campaña presidencial", según un comunicado. En un discurso en Cartagena, el candidato invitó a sus seguidores a desafiar la orden: "Desde hoy, necesito la ayuda de todos ustedes: cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo 'Firmes por la patria', es un grito de libertad", según declaraciones recogidas por El País.

**Búsqueda de apoyos y propuestas de consenso**

En un movimiento sorpresivo, el movimiento político del excandidato presidencial Santiago Botero anunció su intención de apoyar a Iván Cepeda, según informó El País. La noticia sorprende porque las propuestas políticas de Botero iban más en sintonía con las de De la Espriella, en cuanto ambos defendían la "mano dura" y el libre mercado. Botero llegó a plantear que se diera "balín a los bandidos" y habló de pena de muerte para corruptos y violadores.

Carlos Fernando Cuevas, quien fuera fórmula vicepresidencial de Botero, aseguró que jamás han contemplado dar el apoyo a De la Espriella, sobre quien Botero ha sugerido que representa una fachada para los intereses de élites empresariales y políticas, según El País. Plantean apoyar a Cepeda si logran consensos en tres puntos: reforma a la justicia, apoyo a la paz pero con voluntad real y fomento al emprendimiento popular. La fórmula Botero-Cuevas obtuvo el cuarto lugar en la primera vuelta del 31 de mayo, con 206.140 votos, que corresponden a un 0,87% de la votación total.

Paralelamente, treinta exministros e intelectuales de centro propusieron unos acuerdos mínimos para alejar al país de la polarización extrema, según informó El País. El grupo, entre los que se encuentran Moisés Wasserman, Cecilia López y José Antonio Ocampo, redactó un manifiesto de 15 puntos contra el agravamiento de la violencia en Colombia.

**Implicaciones constitucionales y futuro político**

El episodio de la suspensión presidencial ordenada por una congresista individual plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento institucional colombiano en un momento de máxima tensión política. La unanimidad con la que juristas, políticos de gobierno y oposición han rechazado la medida sugiere que no tendrá efectos prácticos, pero el daño a la credibilidad institucional ya está hecho.

La controversia se suma a un clima electoral marcado por acusaciones cruzadas de fraude, manipulación y violación de normas electorales. Con la segunda vuelta programada para el 21 de junio, Colombia enfrenta una de las elecciones más polarizadas de su historia reciente, con un presidente que mantiene una presencia activa en la campaña y candidatos que representan visiones diametralmente opuestas sobre el futuro del país.

La decisión de Arizabaleta, independientemente de su validez legal, ha logrado colocar nuevamente a Petro en el centro del debate público a pocos días de una elección en la que no es candidato, pero cuyo resultado determinará en gran medida el legado de su gobierno y la continuidad o ruptura con sus políticas.