El proyecto del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, una de las regiones más desfavorecidas históricamente en El Salvador, ha generado un amplio debate social, económico y ambiental desde su aprobación en 2024. Promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele tras su reelección, la obra busca convertirse en pilar de su plan de desarrollo enfocado en la criptomoneda y en transformar la zona en un enclave económico.

La construcción, que incluye una pista de tres kilómetros, ha requerido el desplazamiento de 225 hogares de comunidades como Flor de Mangle y El Condadillo. Los habitantes desalojados han denunciado lo que califican como "negociaciones predatorias" por parte del gobierno, argumentando que las ofertas de compensación son insuficientes para reubicarse adecuadamente en nuevas tierras o viviendas. Elmer Martínez, uno de los residentes afectados, expresó su decepción frente a las condiciones para ceder sus propiedades.

El componente ambiental ha acentuado las controversias. El 60% de los manglares del país ha desaparecido en las últimas cinco décadas, y La Unión alberga uno de los últimos bosques de manglares de agua salada, esenciales para la protección contra huracanes, la absorción de dióxido de carbono y el sustento de la biodiversidad. Sin embargo, la construcción en esta región ha generado un gran riesgo, ya que la naturaleza inestable del suelo puede comprometer la seguridad y durabilidad del aeropuerto, especialmente en un país como El Salvador, con alta actividad sísmica. Olga Tejada, bióloga especializada en el área, remarcó que construir infraestructura de esta envergadura en manglares podría ser extremadamente peligroso.

Bukele ha defendido la iniciativa señalando sus posibles beneficios económicos, entre ellos la generación de 50,000 empleos directos e indirectos y un aporte del 1.5% al PIB anual. Sin embargo, las críticas apuntan a una posible concentración de los beneficios en sectores privilegiados, además del incremento exorbitante del valor de la tierra en la región, que se ha elevado hasta un 3,200% desde el año 2000, excluyendo la capacidad de los locales para participar en esta nueva economía.

Por otro lado, pescadores y campesinos de la zona enfrentan obstáculos adicionales. Dimas Bautista, un habitante que depende del acceso a los manglares para su actividad diaria, relató cómo las rutas se han vuelto más largas y peligrosas debido a la restricción impuesta por la construcción. Adan Sosa, otro residente afectado, destacó que las compensaciones propuestas por el gobierno están muy lejos de ser suficientes para cubrir las pérdidas.

Además, la administración salvadoreña ha sido cuestionada por impulsar un enfoque de desregulación ambiental, incluyendo la derogación de la prohibición de minería y la aprobación de numerosos proyectos de construcción sin la debida consideración de los efectos a largo plazo. En este contexto, Bukele ha declarado que el aeropuerto también funcionará como medio para atraer a inversionistas y entusiastas de las criptomonedas hacia una ambiciosa "Bitcoin City", centrada en la economía digital con beneficios fiscales.

La falta de transparencia en las decisiones, junto con los daños ambientales y el desarraigo social, dejan en evidencia una prolongada discusión sobre el balance entre desarrollo económico y sostenibilidad en El Salvador, mientras la comunidad internacional observa las implicaciones del proyecto.

Los manglares pueden absorber hasta cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas terrestres, convirtiéndolos en herramientas cruciales en la lucha contra el cambio climático. En El Salvador, muchos de estos ecosistemas están desapareciendo rápidamente.