El caso de Uludag se considera particularmente significativo porque es uno de los pocos periodistas que quedan en Turquía especializados en cubrir el sistema judicial y procedimientos judiciales, según Deutsche Welle.

La directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, calificó las acusaciones contra Uludag como infundadas tras su arresto. Massing describió la detención como "un intento deliberado de intimidación" y afirmó que el caso demuestra "hasta qué punto el gobierno está reprimiendo masivamente la libertad de prensa", según declaraciones recogidas por la cadena. Massing enfatizó que Uludag tiene una excelente red de contactos y acceso a fuentes clave, lo que desde la perspectiva del gobierno podría convertirlo en una voz incómoda y potencialmente peligrosa.

Erol Onderoglu, representante en Turquía de Reporteros Sin Fronteras (RSF), dijo que Uludag está siendo "arbitrariamente atacado por un poder judicial subordinado a quienes están en el poder". Onderoglu describió a Uludag como "un periodista serio conocido por sus investigaciones sobre asuntos de interés público" que pudo haber enfurecido a quienes están en el poder con sus investigaciones.

El propio Uludag considera su arresto un intento deliberado de impedirle continuar su trabajo. Previamente había informado sobre contradicciones en acusaciones e inconsistencias en testimonios de testigos clave, temas que afirma haber cubierto de manera imparcial. "No me he desviado de mi trabajo periodístico. Creo que la mayoría de los miembros del poder judicial están preocupados por los procedimientos cada vez más politizados", dijo Uludag, según Deutsche Welle. "Continuaré persiguiendo la verdad. No admito ninguno de los cargos".

El periodista describió su tiempo en custodia como una experiencia paradójica. Si bien la oportunidad de observar de cerca la vida diaria en prisión y el estado mental de los reclusos es personalmente difícil, dijo, es al mismo tiempo periodísticamente significativa para su trabajo como reportero judicial.

Uludag no es el único periodista en Turquía que ha sido detenido o enfrenta presión política. Desde su arresto en febrero, ha habido varios juicios contra profesionales de los medios, resultando en más condenas contra periodistas de las que típicamente se dictan en un año completo, según Deutsche Welle.

El estado de la libertad de prensa en el país es grave: en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2026 de RSF, Turquía cayó cuatro lugares y ahora ocupa el puesto 163 de 180 países. La censura, las sanciones legales y el miedo a la persecución penal son cada vez más parte de la vida cotidiana de los periodistas en el país. Según RSF, las garantías fundamentales de la libertad de prensa se están erosionando en todo el mundo, pero este proceso es particularmente evidente en Turquía.

El Sindicato de Periodistas Turcos (TGS) ha denunciado el amplio espectro de presión y represión contra profesionales de los medios. Esto incluye investigaciones preliminares, demandas penales y civiles, así como ataques físicos y verbales contra periodistas y medios de comunicación.

El TGS ha advertido que la intervención estatal contra los medios de comunicación está aumentando, añadiendo que estos no son casos aislados sino un problema estructural. Los principios del estado de derecho están siendo cada vez más socavados, y las garantías constitucionales están perdiendo su significado. El trabajo periodístico, en particular, está siendo repetidamente atacado por medidas legales penales y administrativas.

Según el TGS, Turquía se encuentra entre los países donde cargos como "desinformación", "insultar al presidente" y "difamación de instituciones estatales" se utilizan rutinariamente para suprimir la cobertura crítica. Los datos muestran claramente que estos no son casos aislados.

El artículo 217/A del código penal turco, que entró en vigor en 2022 y a menudo se conoce públicamente como la "ley de censura", desempeña un papel central en este contexto. Criminaliza la "difusión pública de información engañosa" y es visto por los críticos como una herramienta que ha tenido un efecto paralizante en el trabajo periodístico.

Entre los casos más prominentes en los últimos meses, además de Uludag, se encuentran las investigaciones contra Ismail Ari, reportero del periódico de oposición de izquierda Birgun. Los procedimientos se iniciaron contra ambos sobre la base de acusaciones similares.

Aunque los periodistas a menudo son absueltos al final, los arrestos, la amenaza de encarcelamiento, los honorarios legales y los procedimientos judiciales que se prolongan durante meses tienen un efecto disuasorio duradero. Numerosos profesionales de los medios han sido o están siendo procesados actualmente bajo esta disposición. Los críticos argumentan que esto demuestra que los procedimientos legales en sí mismos se han convertido en una herramienta de castigo.

Según el TGS, 15 periodistas y trabajadores de medios estaban bajo custodia al 27 de abril. Entre ellos se encuentra también la reportera de la Agencia de Noticias Etkin, Pinar Gayip, quien fue arrestada bajo cargos de "membresía en una organización terrorista armada" y "propaganda para la organización". Específicamente, el caso supuestamente involucra presuntos vínculos con el Partido Comunista Marxista-Leninista, que está prohibido en Turquía. Su investigación, entrevistas y los funerales que cubrió fueron utilizados como base para los cargos.

Mientras Uludag espera su primera audiencia, su principal preocupación es que actualmente no puede informar sobre posibles violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario, es decir, sobre personas cuyos casos podría haber cubierto como periodista en circunstancias diferentes, según Deutsche Welle.