Un informe confidencial de la Oficina de la Asamblea de Estados Partes, un órgano ejecutivo de 21 miembros, obtenido por The New York Times, concluyó tras una investigación exhaustiva que Khan cometió acoso sexual al mantener actividad sexual con un miembro junior de su personal.

El informe también determinó que Khan intentó posteriormente disuadir a su acusadora de continuar con sus alegaciones de mala conducta en su contra. Según el documento, Khan nunca negó claramente la relación sexual con su subordinada, a pesar de que le fueron dadas 30 oportunidades para hacerlo. En cambio, Khan le dijo al equipo investigador de las Naciones Unidas que "el asunto principal" para él era la posibilidad de que su acusadora hubiera hecho grabaciones que lo implicaran.

Las negaciones posteriores de Khan, una vez que el registro de pruebas mostró que no había grabaciones, fueron calificadas por el informe como "carentes de credibilidad". Tras alcanzar estas conclusiones a principios de este mes, la Oficina suspendió a Khan mientras los estados miembros de la corte consideran medidas disciplinarias en su contra.

Dominic Garner, abogado de Khan, declaró en un comunicado que las conclusiones eran "ilegales, procedimentalmente injustas e insostenidas por pruebas", y que Khan había negado "cada alegación específica de interacción sexual de cualquier tipo" ante el investigador de las Naciones Unidas. Un portavoz de la Corte Penal Internacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

Destituir a Khan sería un movimiento sin precedentes para la corte. Sin embargo, analistas y expertos señalaron que mantenerlo en el cargo sería potencialmente profundamente dañino para su funcionamiento y reputación. Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de la organización sin fines de lucro Human Rights Watch, afirmó: "Es difícil ver cómo Khan puede continuar en el trabajo, que exige una adhesión completa a la verdad, cuando al menos dos tercios de los estados miembros de la Oficina encontraron que su credibilidad es absolutamente carente".

La crisis de la Corte Penal Internacional se produce en un momento de vulnerabilidad institucional. La corte ya enfrenta presiones políticas significativas, incluidas las sanciones impuestas por la administración Trump en respuesta a las investigaciones de la institución sobre ciudadanos israelíes y estadounidenses. Estas sanciones han generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la independencia y la imparcialidad de la corte.

El caso de Khan ha puesto de relieve cuestiones más amplias sobre la gobernanza, la rendición de cuentas y la cultura institucional dentro de la Corte Penal Internacional. La investigación reveló no solo alegaciones de conducta sexual inapropiada, sino también un patrón de comportamiento que incluye el abuso de autoridad y los intentos de intimidar a la persona que presentó las acusaciones.

La decisión que tomen los estados miembros en la próxima reunión tendrá implicaciones significativas para la credibilidad y la legitimidad de la corte. Una destitución establecería un precedente importante sobre la responsabilidad de los funcionarios de alto nivel, mientras que mantener a Khan en el cargo podría socavar la confianza en la institución y su capacidad para investigar y enjuiciar crímenes internacionales de manera imparcial.