Khan, abogado británico de 56 años, fue formalmente removido de sus funciones en la Corte Penal Internacional en junio después de que el comité ejecutivo del órgano de supervisión de la corte determinara que había cometido "graves incumplimientos de deber y grave mala conducta" al participar en una "relación sexual que se intensificó con el tiempo" e intentar impedir que la mujer presentara sus denuncias, según documentos revisados por la Agencia de Prensa Asociada. Khan ha negado categóricamente estas acusaciones.
La Asamblea de Estados Partes, órgano de supervisión de la corte integrado por 125 naciones, celebra una sesión especial en Nueva York que culminará en una votación secreta donde una mayoría deberá respaldar una resolución para destituirlo. Khan no estará presente en la reunión a puerta cerrada, ya que le fue prohibida la entrada a Estados Unidos tras ser sancionado por la administración Trump debido a la investigación de la corte sobre funcionarios israelíes por la conducta militar en el conflicto de Gaza.
Los abogados de Khan han protestado por su ausencia en la reunión. "No conocemos ninguna corte o tribunal en ningún sistema legal apropiado y justo que impida que una persona enfrentando la más grave sanción profesional sea escuchada", escribieron Tayab Ali y Sareta Ashraph en una carta a la Asamblea de Estados Partes revisada por la Agencia de Prensa Asociada.
Khan enfrenta la votación ya suspendido de la práctica legal en su país de origen, Reino Unido, tras ser suspendido por la Junta de Normas de Abogados Británica pendiente su propia investigación sobre las acusaciones en su contra.
El resultado de la votación es incierto. El Estado anfitrión de la corte, Países Bajos, votará por su destitución, según escribió el ministro de Relaciones Exteriores holandés Tom Berendsen en una carta al parlamento. Países Bajos es el único país que ha anunciado públicamente su posición.
Las acusaciones se han entrelazado con la investigación de la corte sobre la guerra en Gaza. "Se han incorporado consideraciones políticas en esto, especialmente porque es la primera vez que un fiscal ha perseguido órdenes de arresto contra un aliado occidental", dijo a la Agencia de Prensa Asociada Iva Vukusic, investigadora de la Universidad de Utrecht que ha estado siguiendo el proceso.
La corte emitió órdenes de arresto en 2024 contra el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión provocó considerable rechazo, incluyendo múltiples rondas de sanciones contra Khan y otros funcionarios de la corte por parte de la administración Trump.
En abril, un grupo de funcionarios dentro de la oficina del fiscal enviaron una carta al órgano de supervisión expresando serias preocupaciones sobre el posible regreso de Khan, escribiendo que su "liderazgo ha sido materialmente disminuido".
La semana pasada, un grupo de organizaciones palestinas emitió una carta pública expresando preocupaciones sobre la investigación, incluyendo acusaciones de "interferencia política injustificada" y "socavamiento del proceso disciplinario" por parte del comité ejecutivo.
La saga se ha prolongado durante más de dos años y ha tenido profundas implicaciones para el tribunal global, que ya enfrenta una presión enorme. A principios de este mes, Estados Unidos, que ha criticado durante mucho tiempo la corte, anunció una campaña dirigida a desmantelar la institución.
Si Khan es destituido, su reemplazo deberá ser elegido posteriormente. Su oficina actualmente está siendo dirigida por sus dos fiscales adjuntos.
Lucy Gaynor, historiadora de tribunales penales internacionales de la Universidad de Ámsterdam, dijo a la Agencia de Prensa Asociada que "ha habido fragmentación sobre cómo la corte ha manejado esto".
Independientemente del resultado, "la corte se alejará magullada, golpeada, herida y menos capaz de enfrentar las mayores amenazas", según Vukusic.