Los jueces de la CPI fueron inusualmente críticos con los fiscales en una decisión escrita hecha pública la semana pasada, según reportó la agencia AP. Banda enfrentaba tres cargos por crímenes de guerra relacionados con su presunta participación en el ataque de 2007 contra un campamento de cascos azules en el norte de Darfur.

En su comunicado, la CPI indicó que los jueces "determinaron que la fiscalía no había demostrado que las pruebas que sustentan los cargos confirmados se hubieran deteriorado hasta tal punto que el caso ya no pudiera avanzar a juicio". Sin embargo, los magistrados resolvieron que "seguir adelante con el juicio en este caso en particular, con un fiscal que se niega a presentar el caso pese a las obligaciones probatorias y legales de hacerlo, contravendrá la obligación última de la Sala de garantizar un juicio justo y eficiente".

Los fiscales reconocieron en su solicitud de retiro que enfrentaron contratiempos significativos. Dos testigos clave ya no son considerados creíbles, y un nuevo testigo se presentó con un testimonio que podría ayudar a exonerar a Banda. Como resultado, escribieron los fiscales: "la fiscalía ahora ya no considera que existan perspectivas razonables de condenar al señor Banda por ninguno de los cargos en su contra". Un analista independiente que estudió las pruebas coincidió con esta evaluación.

El impacto en las víctimas es significativo. Los fiscales reconocieron que su solicitud afectará a 103 víctimas del caso "que han esperado durante más de 15 años justicia por los crímenes cometidos durante el ataque" contra los cascos azules.

La decisión ocurre en un contexto de presión política sobre la CPI. El gobierno de Trump realiza un esfuerzo concertado para "desmantelar" la corte mundial, según reportes. Además, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, enfrenta una votación el viernes entre los 125 Estados miembros de la CPI sobre si destituirlo por acusaciones —que él niega— de conducta sexual indebida con una asistente.

El conflicto de Darfur, que estalló hace dos décadas, se convirtió en sinónimo de genocidio y crímenes de guerra. Las milicias árabes Janjaweed cometieron atrocidades contra poblaciones que se identifican como centroafricanas u originarias del este de África. Hasta 300.000 personas murieron y 2,7 millones fueron expulsadas de sus hogares durante el conflicto inicial.

El año pasado, la CPI condenó a un líder Janjaweed y lo sentenció a 20 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur hace más de dos décadas. El entonces presidente Omar al-Bashir ha sido acusado por la CPI de delitos que incluyen genocidio, pero no ha sido entregado para que enfrente a la justicia en La Haya, pese a haber sido derrocado del poder y detenido.

Los fiscales de la CPI creen que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad continúan en Darfur, donde la guerra civil se ha prolongado por más de dos años. La fiscal adjunta del tribunal, Nazhat Shameem Khan, declaró el año pasado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la crisis humanitaria en Darfur "ha alcanzado un estado intolerable", con el agravamiento de la hambruna y el ataque continuo contra hospitales, convoyes humanitarios y otra infraestructura civil.

La retirada de cargos contra Banda representa un fracaso procesal que expone debilidades en la investigación y presentación de pruebas de la fiscalía de la CPI. Aunque los jueces no encontraron que las pruebas se hubieran deteriorado de manera irreversible, la incapacidad de los fiscales para mantener la credibilidad de testigos clave y la aparición de evidencia exoneratoria hicieron insostenible continuar con el proceso. Esta decisión subraya los desafíos que enfrenta la corte mundial para procesar crímenes de guerra en conflictos prolongados donde los testigos pueden cambiar sus testimonios o desaparecer con el tiempo.