El asesinato del policía Gerson Rosales el 13 de mayo en Batán, región caribeña de Costa Rica, apenas cinco días después de que Laura Fernández asumiera la Presidencia, evidenció la magnitud de la crisis de seguridad que enfrenta el país, según reportó el ministro de Seguridad, Gerald Campos, quien declaró que los criminales "cruzaron una línea que no debieron cruzar". Unos jóvenes en motocicleta dispararon a la cabeza del oficial por encargo, posiblemente con un mensaje incluido para otros policías, según las fuentes.

El incidente ocurrió en la región del Caribe, que encabeza las tasas de homicidios por causa de las luchas entre bandas narcotraficantes, según la información disponible. Meses atrás, en la misma región, asesinaron a un jefe regional de la policía judicial encargado de investigaciones contra bandas locales, y también a un oficial de la Fuerza Pública en su día de descanso, sin que se conociera si fue por una venganza o si estaba implicado.

En el quinto día de su mandato, Fernández fue a dar el pésame a los familiares del policía asesinado en Batán y lloró con ellos, pero también reafirmó su intención de reformar el Poder Judicial para combatir al crimen, aunque hasta ahora solo ha provocado fricciones por sus mensajes hostiles y una pugna abierta por los presupuestos, según la fuente.

La peor crisis de seguridad en la historia del país

El 2023 fue el año de menores volúmenes de cocaína incautados con 21 toneladas y el de mayor tasa de homicidios: 17,2 por cada 100.000 habitantes, lo que duplicaba la cifra de una década atrás, según los datos oficiales. En 2024 y 2025 se redujeron levemente los asesinatos y en 2026 también se nota, hasta ahora, una reducción adicional del 12%.

En alianza con Estados Unidos, patrocinador de distintas estrategias como el patrullaje marítimo y el monitoreo de mercancías en puertos, Costa Rica logró en 2025 decomisar 46 toneladas de cocaína y repuntar las cifras bajas de los dos años anteriores, según la información disponible.

A pesar de estos esfuerzos, en promedio dos personas son abatidas cada día y tres de cada cuatro casos son ejecuciones de sicarios contratados para matar a enemigos, según la Policía Judicial. En el último quinquenio aumentó la cantidad de víctimas colaterales y las escenas son cada vez más diurnas, públicas y explícitas.

Los movimientos de Fernández parten de la evidente insuficiencia del Poder Ejecutivo para combatir a la multimillonaria industria del narcotráfico, tras los cuatro años más sangrientos de la historia del país, según la fuente.

El debate entre el "método Bukele" y el modelo social

La mandataria ha convocado a las autoridades del Poder Judicial, a los diputados de oposición y a la fracción oficialista —que desde mayo se estrenó como fuerza mayoritaria— para impulsar efectistas medidas de "mano dura", según la información disponible. Estas, sin embargo, no parecen contemplar entre sus objetivos nuevas estrategias de prevención social ni de combate al lavado de dinero, el verdadero combustible de las actividades criminales que se traducen en escenas de sangre como la del oficial Rosales.

Fernández ha manifestado su disposición a pedir a la Asamblea Legislativa, en el futuro, el levantamiento de garantías constitucionales en ciertos territorios donde se aceleren las cifras de violencia, según la fuente. El problema es que no ha dejado claro cuáles son los parámetros para ello y, a los grupos opositores, el anuncio les huele al "método Bukele", que suspende libertades a la población inocente.

El Ejecutivo, además, construye una nueva cárcel que se inauguraría este año, diseñada bajo los planes del Cecot de Bukele, y presiona por reformas que dejen atrás las leyes garantistas predominantes en este país sin ejército, que hasta hace poco se permitía priorizar la inversión social, un elemento que reiteran los expertos y las autoridades judiciales, según la fuente.

Grupos opositores temen que la verdadera pretensión del oficialismo sea controlar los tres poderes del Estado, como había manifestado el expresidente Rodrigo Chaves en mayo, días antes de intercambiar sillas y convertirse en el poderoso ministro de su heredera en la Presidencia, según la información disponible.

El lavado de dinero: el combustible invisible

El Gobierno reporta que hay 260 estructuras criminales activas, pero el movimiento de dinero sucio es incuantificable y parece colarse más y más en la economía costarricense, según las autoridades. Ahora hay miles de jóvenes vulnerables tentados por el dinero rápido o la adrenalina de las balas de las bandas criminales, lideradas por "los duros", que se pelean los mercados locales y las rutas por donde pasa la droga procedente de Sudamérica.

El Gobierno no ha investigado aún el efecto de las ganancias del narcotráfico en los hogares, mientras la pobreza se redujo del 23% al 15% en el último cuatrienio, según los datos oficiales. Las autoridades judiciales desarticulan con frecuencia redes de legitimación de capitales con actividades en el agro, la ganadería, el dinámico sector inmobiliario, negocios de autos de lujo, gimnasios y hasta en iglesias evangélicas.

Sin embargo, las acciones policiales no llegan a detectar ni el 1% del movimiento de lavado de dinero, calculó en 2025 Warner Molina, fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, según la fuente.

Un punto clave del narcotráfico mundial

El enemigo parece enorme para un país que solo dedica a la seguridad un monto cercano al 2% de su PIB y que es uno de los cinco principales puntos de origen de los cargamentos de cocaína recibidos en el puerto de Amberes, en Bélgica, como publicó en mayo el medio especializado InSight Crime, según la información disponible.

El territorio costarricense es "un punto clave de transbordo de cocaína a nivel mundial" y "se ha convertido en un punto de paso cada vez más importante para las organizaciones criminales que trafican cocaína a Estados Unidos", señaló en enero un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En el fondo subyacen factores como la ubicación geográfica del país, su extenso territorio marítimo y las limitadas capacidades de sus fuerzas de seguridad, según el reporte. El informe detalló que "el puerto marítimo de Moín [en el Caribe] se ha convertido en un centro regional clave para el transbordo de cocaína", a pesar de que en 2023 el Gobierno instaló un sistema de monitoreo con cooperación estadounidense.

Corrupción en las instituciones

"Se nos metió el cáncer del narcotráfico en el Poder Judicial", dijo Fernández, sin dejar de recordar al exmagistrado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, extraditado en marzo a Estados Unidos, según la fuente. Sin embargo, nadie se atreve a poner las manos en el fuego por la posibilidad de filtración del crimen en los cuerpos policiales del Ejecutivo.

Un grupo de policías de Tránsito fue detenido por supuestas colaboraciones con narcotraficantes en 2025, año en que el Gobierno procesó a 91 funcionarios suyos por eventuales vínculos con el narco, reconoció la mandataria sin profundizar, según la información disponible. También ha habido diputados investigados.

La voz de los expertos y la población

"Estamos transitando el peor momento de la historia en términos de violencia", dice Tania Molina, consultora y criminóloga, quien se apresura a rescatar aún la capacidad del Estado para mejorar la seguridad. "Si hay coordinación y cooperación es posible frenar esa ola de violencia, pero hay que dejar de lado la narrativa autoritaria. No podemos resignarnos a pensar que el Estado social no sirve y que se necesita el encarcelamiento masivo de gente que puede ser inocente; eso abre el portillo a un Estado policial, aun sin ejército", añadió Molina.

Se refiere al dilema existencial de Costa Rica: entre actuar "a la tica", con idiosincrasia propia, o emular a El Salvador aun sabiendo que son diferentes las condiciones del país y el problema de origen, según la fuente. Enfrente está también Estados Unidos, impulsando acciones más fuertes con la Coalición Anticarteles de las Américas lanzada en marzo.

En las calles, la mayor preocupación es la inseguridad. Las familias han empezado a cambiar hábitos y las empresas gastan más en seguridad, aunque no esté cuantificado, según la información disponible. "Convencí a mi hija, de 23 años, de que no vuelva a bares en la noche", dijo Cristina, una profesora que no deja de añorar sus tiempos de joven.

Otro profesor de instituto, identificado como J. A., contó que pidió el traslado a otra región del país porque recibió amenazas de un grupo narcotraficante de un municipio caribeño después de reportar a un estudiante por llevar un arma en la mochila, según la fuente.

"Esto nunca lo imaginé", decía asustada una mujer en medio de una decena de personas que grababan con sus celulares las acciones policiales tras un tiroteo en el que murió un joven y quedó herida la pasajera de un autobús que pasaba por ese sitio, al mediodía, en una importante y concurrida avenida al oeste del casco capitalino, según testigos. "Siempre viajo en esta ruta, esa pude haber sido yo. Duele ver en qué nos hemos convertido", dijo la mujer.

El futuro incierto de un país sin ejército

Costa Rica enfrenta un dilema fundamental sobre su identidad como nación. Durante décadas, el país centroamericano se distinguió por ser el más seguro de la región, invirtiendo en educación y salud en lugar de fuerzas armadas tras abolir su ejército. Ahora, con la presión de Estados Unidos a través de la Coalición Anticarteles de las Américas y el ejemplo de El Salvador, el país debe decidir si mantiene su modelo social garantista o adopta medidas represivas de mano dura.

La Policía Judicial se atribuye el éxito de varios golpes a redes criminales y el Ejecutivo defiende su desempeño, pero el monstruo sigue ahí, según la fuente. La pregunta que enfrenta Costa Rica es si puede recuperar su seguridad sin sacrificar las libertades civiles que han definido su identidad nacional, o si la magnitud de la amenaza del narcotráfico requiere medidas extraordinarias que transformen permanentemente el carácter del país.