Rumania enfrenta su peor crisis política en años después de que el gobierno del primer ministro liberal Ilie Bolojan colapsara hace tres semanas tras una moción de censura lanzada por su propio campo, según Deutsche Welle. Los partidos moderados no han logrado acordar un sucesor pese a los esfuerzos de mediación del presidente Nicusor Dan, mientras la extrema derecha alcanza máximos históricos en las encuestas.

La coalición de cuatro partidos que gobernó Rumania desde el verano de 2025 hasta hace pocas semanas era vista como la última oportunidad del país para evitar que la extrema derecha llegara al poder, según el medio alemán. La estrategia de mantener a los extremistas bajo control mediante gobernanza sólida y reformas parece haber fracasado.

La Alianza para la Unificación de Rumania (AUR), partido de extrema derecha pro-ruso, anti-ucraniano y anti-Unión Europea, podría obtener el 32% de los votos según encuestas recientes, según Deutsche Welle. Esto la coloca muy por delante del segundo partido más popular, el Partido Socialdemócrata (PSD), con un 24% proyectado.

La politóloga Raluca Alexandrescu afirma que Rumania está experimentando una "normalización del extremismo de derecha", según Deutsche Welle. Esta normalización se evidenció cuando el PSD, que supuestamente apoya a la Unión Europea y tiene la mayoría de escaños en el parlamento, colaboró con la AUR para derribar al gobierno de Bolojan en mayo mediante una moción de censura.

Fue la primera vez que partidos moderados y extremistas de derecha unieron fuerzas para derrocar un gobierno rumano, según la fuente. Aunque ha habido casos previos de colaboración en el parlamento, este momento marcó el derrumbe del cortafuegos contra la extrema derecha.

A mediados de mayo, el PSD se unió a los tres partidos de extrema derecha de Rumania para apoyar un proyecto legislativo en el comité de derechos humanos del parlamento que revertiría la prohibición de propaganda antisemita, fascista y racista, según Deutsche Welle. La medida provocó protestas públicas, llevando al PSD a retractarse, con su líder Sorin Grindeanu alegando que fue un simple "desliz".

La semana pasada, el PSD y la AUR votaron juntos nuevamente en el Senado rumano a favor de una ley sobre organizaciones no gubernamentales basada en el modelo Putin-Orban, según la fuente. Como resultado, las ONG deben ahora publicar los nombres de donantes que contribuyan más del equivalente a 1.000 euros anuales. Cientos de ONG han protestado contra el proyecto legislativo sin éxito, pese a que las ONG activas en Rumania ya están sujetas a estrictas normas de transparencia.

A finales de mayo, el PSD votó junto con la extrema derecha en apoyo de la ley "No-vendemos-nuestra-tierra", destinada a prevenir la venta de participaciones minoritarias en empresas estatales, según Deutsche Welle. El nombre de la ley recuerda un eslogan nacionalista de los años 90.

El proyecto fue lanzado inicialmente por el gobierno de Bolojan para aumentar la eficiencia y transparencia de empresas estatales sospechosas de corrupción, mientras generaba ingresos para las arcas estatales rumanas con problemas de liquidez, según la fuente.

Es simbólico que el PSD respaldara esta ley, ya que el eslogan se remonta a la era poscomunista, cuando fue usado por la organización predecesora del partido para la represión violenta contra manifestantes anticomunistas, activistas de derechos civiles y partidos de oposición, según Deutsche Welle. El PSD gobernó el país tras la caída del dictador comunista Nicolae Ceausescu en 1989, primero como Frente de Salvación Nacional y luego como PSD. El partido nunca se disculpó por esto.

Muchos antiguos cuadros de Ceausescu, oficiales de la policía secreta securitate y directores de empresas comunistas se unieron al PSD después del colapso del régimen, asegurando que las mismas élites permanecieran en el poder después de 1989-90, según la fuente. El partido se ha convertido en el epítome de la corrupción rumana. Aunque se autodenomina socialdemócrata, su ideología tiene orientación nacionalista-populista de derecha. Por ello, no sorprende que ya gobernara con partidos ultranacionalistas y extremistas en los años 90.

Otros partidos democráticos han contribuido a legitimar la extrema derecha rumana en años recientes, según Deutsche Welle. Entre ellos la Unión Salvar Rumania (USR) liberal, que se unió a la AUR para lanzar una moción de censura contra el gobierno en septiembre de 2021, aunque esa votación nunca se realizó. Aun así, este fue un paso importante hacia la normalización de los extremistas.

Los tres partidos de extrema derecha de Rumania —la AUR, el partido SOS Rumania y el Partido de los Jóvenes (POT)— controlan actualmente alrededor del 35% de los escaños en ambas cámaras del parlamento rumano, según la fuente.

Una elección anticipada no está en los intereses de los partidos democráticos de Rumania, según Deutsche Welle. Sin embargo, observadores temen que la crisis en curso y las maniobras políticas del PSD fortalezcan a la extrema derecha antes de las elecciones parlamentarias de finales de 2028.

"La cooperación del PSD con la AUR es un gran error estratégico que podría transformar la crisis gubernamental en una crisis sistémica", advierte el politólogo Cristian Pirvulescu, según la fuente.

La situación es particularmente preocupante porque Rumania es el sexto país más grande de la Unión Europea y el estado miembro más importante de la OTAN en el sureste de Europa, según Deutsche Welle. Alberga algunas de las bases de la OTAN más grandes e importantes de la región. Rumania tiene la frontera más larga de la Unión Europea con Ucrania de todos los estados miembros y ha respaldado consistentemente a la nación en su lucha contra los invasores rusos.

Un cambio masivo podría producirse si la AUR pro-rusa, anti-ucraniana y anti-Unión Europea llega al poder, o incluso si solo desempeña un papel de apoyo en un gobierno minoritario rumano, según la fuente.

Mientras tanto, en Bolivia, protestas masivas cumplen un mes en las calles de La Paz y otras ciudades exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aliado de Trump que se ha alineado con líderes de derecha de América Latina, según Democracy Now. Grupos laborales e indígenas y otros manifestantes piden al gobierno de Paz que revierta las medidas de austeridad en medio del aumento de los costos de alimentos, combustible y medicinas.

"Queremos que el gobierno resuelva este problema, que lo arregle de una vez por todas, y que lo haga de corazón. Los bebés se están muriendo de hambre. No podemos permitirnos comprar comida. Nosotros los ancianos ya no tenemos dinero para comprar comida, y tengo a mis nietas, que son huérfanas. Estoy pidiendo una solución", dijo la manifestante Angela Aguirre, según Democracy Now.

A principios de esta semana, el Congreso de Bolivia aprobó el posible despliegue de fuerzas armadas para suprimir las movilizaciones, una medida que también ayudaría al presidente Paz a declarar un estado de emergencia en Bolivia, según la fuente.

Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información en Cochabamba, Bolivia, explicó a Democracy Now que se trata de "personas alimentando a sus familias y una exclusión política, una exclusión racial".

"Bolivia es un país donde, durante 19 años, los pueblos indígenas y los movimientos sociales disfrutaron de igualdad de derechos e inclusión política", explicó Ledebur, según Democracy Now. "Hay una gran brecha entre lo que Paz prometió y lo que ha hecho en la práctica, que es seleccionar un gabinete blanco de clase media-alta con solo dos mujeres, rechazar cualquier diálogo genuino, rechazar la interacción con los movimientos sociales bolivianos, o incluso tener empatía por las personas y lo que están pasando día a día".

Desde que Paz asumió el cargo en noviembre de 2025, el país ha sido sometido a medidas de austeridad que han llevado a un aumento en las tasas de pobreza para gran parte de la población rural y de clase trabajadora de Bolivia, según Democracy Now.

Los movimientos sociales en Bolivia siempre han estado muy bien organizados, incluidas las comunidades indígenas, según Ledebur. "Estamos hablando de un país que fue colonizado, pero esa colonización nunca pudo romper esos fuertes lazos sociales, lazos culturales o un movimiento sindical que eventualmente ayudó al primer presidente indígena a llegar al poder", dijo a Democracy Now.

Hay una gran brecha entre lo que Paz prometió y lo que ha hecho en la práctica, según Ledebur: seleccionar un gabinete blanco de clase media-alta con solo dos mujeres, rechazar cualquier diálogo genuino, rechazar la interacción con los movimientos sociales bolivianos, o incluso tener empatía por las personas. "No es suficiente ponerse un poncho para tu campaña y luego olvidarte de tu electorado", dijo, según Democracy Now.

Paz ha afirmado que el expresidente Evo Morales está detrás de las protestas, alegaciones que Ledebur calificó como "enfurecedoras", según Democracy Now. "Evo Morales ha tenido una larga carrera como líder de movimientos sociales y como expresidente. Definitivamente se opone a las acciones de Rodrigo Paz. Pero los sectores en protesta no están directamente afiliados con Morales", explicó.

Ledebur señaló que la clase política de derecha en Bolivia, que nunca ha desarrollado estrategias de gobernanza, encuentra conveniente culpar a Morales, según Democracy Now. "Quieren atacarlo. Hablan frecuentemente de su arresto. Y encaja muy bien con una alineación muy cercana y fuerte con la administración Trump, porque, como sabemos, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos y consecutivas administraciones de derecha estadounidenses han atacado y convertido en chivo expiatorio a Morales. Esto no se trata de él. Y enfurece aún más a los manifestantes, porque es una forma de no abordar demandas significativas", dijo.

El gobierno boliviano alega que se trata de un intento de golpe de estado. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró recientemente en redes sociales: "Que no haya error: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y narcotraficantes derroque a líderes elegidos democráticamente", según Democracy Now.

Ledebur calificó esta narrativa como "explosiva" y "tóxica", muy útil para la administración Paz, pero en lugar de cualquier intento significativo de diálogo, según Democracy Now. "No creo que hayamos encontrado ningún vínculo —Estados Unidos ha buscado durante décadas vínculos de Evo Morales con el narcotráfico. Ciertamente, estos manifestantes no tienen vínculos con el narcotráfico. Es absurdo que la gente sugiera que el negocio de las drogas en Bolivia, o en cualquier parte del mundo, tenga la necesidad de dirigir cualquier protesta", dijo.

"Esta estigmatización, este enfoque en Morales es tóxico, y está realmente agravando el conflicto", afirmó Ledebur, según Democracy Now. "Creo que la visión por parte de la administración Paz y de Estados Unidos y de la extrema derecha y la Operación Escudo del Sur, esa alianza internacional muy corrosiva a través de Trump, era que esto de alguna manera iba a asustar a los manifestantes para que se retiraran. Y lo que ha hecho es enfurecerlos".

Ledebur explicó que se trata de un grupo de personas que protesta porque no tienen nada que comer mañana o el año siguiente, y la gente en La Paz se queja de que no tiene nada que comer, según Democracy Now. "Y todos necesitan poder tener una fuente sostenible de vida. Y eso no se está abordando aquí, como no se está abordando en tantos otros lugares", dijo.

Sobre el interés de Estados Unidos en Bolivia, Ledebur explicó a Democracy Now que Estados Unidos, en muchos niveles diferentes, estaba muy descontento con la expulsión del embajador estadounidense, la expulsión de la DEA en 2008 y el fin de toda la financiación estadounidense en 2013. "Y su afirmación era que Bolivia se convertiría en un narcoestado, que las cosas se desmoronarían. Y lo que vimos es que en realidad las cosas en Bolivia mejoraron. Es la amenaza de un buen ejemplo", dijo.

"Es muy claro, y puedes —cuando hablas con diplomáticos estadounidenses, destacan que hay un fuerte deseo de venganza por parte de la DEA, por parte de la administración Trump, que criminaliza las protestas en Estados Unidos y en otros lugares, y hay un enfoque obsesivo en castigar a la izquierda en lugar de comprometerse con ellos o gobernar responsablemente", concluyó Ledebur, según Democracy Now.

Ambas crisis —la rumana y la boliviana— ilustran cómo la inestabilidad política y las alianzas entre partidos tradicionales y fuerzas extremistas pueden erosionar rápidamente las instituciones democráticas, con implicaciones que trascienden las fronteras nacionales en un contexto geopolítico cada vez más polarizado.